La gestión macrista del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) montó una provocación contra la comunidad de documentalistas: a través de su Consejo Asesor designó a dedo dos comités de jurados para la evaluación de proyectos que, hasta ahora, se venían eligiendo a propuesta de las asociaciones de realizadores.

 

La reacción fue contundente. Cientos de documentalistas se concentraron el 19 de julio frente a las puertas del INCAA y marcharon a las de la ENERC, donde se reunía el Consejo Asesor para repudiar la medida y exigir que se reestablezca en la reglamentación que la elección de jurados se realice a propuesta de la comunidad documental.

 

En abril de 2013, la gestión kirchnerista también había intentado ir a fondo por el control político de la conformación de los comités cuando sancionó la Resolución 982. En esa oportunidad, la movilización de los documentalistas logró frenar una ofensiva de censura, pero no logró imponer que se reestablezca en la letra de la resolución la precisión relativa a que la elección de los jurados se hiciera a propuesta de las asociaciones del medio. Sin embargo, desde 2013 hasta el presente, continuó funcionando como lo venía haciendo desde 2007, cuando la lucha de los documentalistas arrancó la creación de la vía de fomento para el documental independiente.

 

El documental es un medio de expresión artístico por el cual se canalizan profusamente denuncias de injusticias que tienen como responsable fundamental al Estado. Que el Estado designe a quiénes deben juzgar esos proyectos constituye un principio de censura.

 

Los comités de evaluación electos por los propios documentalistas fue, desde 2007, una palanca para que se expresara todo el arco ideológico de los realizadores y avanzaran una importante cantidad de producciones que denunciaron los atropellos estatales y a sus responsables.

 

 

 

Falso federalismo

 

La gestión a través del Consejo Asesor impulsa la designación de jurados de “las provincias” contra las asociaciones “porteñas”. Pero al “federalismo” de la gestión PRO lo parió un ajuste sobre el fomento a la producción de series televisivas a las cuales venían aplicando los realizadores de las provincias. Tras ese ajuste, las secretarías de cultura de las provincias han ido a la cooptación de esos productores para introducirlos en los comités como una cuña contra la independencia política de estos, movilizándolos con este falso argumento del federalismo.

 

Las asociaciones nacionales de documentalistas que están movilizadas ya habían presentado un proyecto de ampliación del cupo de representación de documentalistas de las provincias en los comités, y ese reclamo sigue integrando parte de nuestra propuesta.

 

 

 

Resultados y perspectivas

 

La movilización del 19 logró que una delegación representativa participe de la reunión del Consejo Asesor para exponer el rechazo a esta provocación y exigir que se reconozca en la reglamentación la elección democrática de los jurados por los propios realizadores. El consejo, finalmente, aprobó la designación de un comité propuesto por las asociaciones; rechazó la impugnación sobre los dos creados a dedo y expresó su voluntad de “abrir un canal de diálogo”.

 

Para legalizar la designación del Consejo Asesor, la gestión debe publicarla en el Boletín Oficial. Todavía no han dado este paso. De hacerlo, ¿cómo se podría entender a este “canal de diálogo”? Los documentalistas debemos redoblar nuestra movilización hasta lograr establecer este derecho a la creación artística con fomento estatal e independencia política del Estado.

 

Para lograrlo tenemos que ir a una gran asamblea abierta de los realizadores de todas las asociaciones que ponga en pie un plan de lucha que vaya hasta el final en todas las reivindicaciones que fueron presentadas al INCAA con una gran movilización en ocasión de la celebración del día del documentalista, en homenaje a Raymundo Gleyzer.