El Teatro Colón se ha convertido, bajo una deliberada orientación, en una sala de alquiler. A fines de diciembre de 2016, trabajadores del ballet y otros cuerpos artísticos y técnicos se reunieron en un abrazo en la puerta del edificio para denunciar la privatización que está profundizando la gestión de Darío Lopérfido. Allí cantaron: “En el Colón, algo huele mal, viene Pacino… te podés casar… pero al ballet no lo quieren programar”. Para 2017 están previstas solo 22 funciones de ballet en el teatro.

Ahora el director del Ballet Estable del Colón, Maximiliano Guerra, en una entrevista con La Nación del viernes 13 de enero, salió a plantear aspectos de ese vaciamiento: recorte de funciones, rebaja en el presupuesto, destrucción del piso del teatro. Una verdad incuestionable que, dicha por el directivo Guerra, no deja de ser una impostura: cuestionado por los propios bailarines, busca reaccionar para reposicionarse en su puesto en medio de las internas palaciegas.

Algunas de sus frases: “En 2016, nuestro presupuesto estaba más acotado, no podía pagarse”; “Basta de tener pocas funciones en la casa, ese es mi cartel”; “Necesito que los bailarines del Ballet del Colón vuelvan a ser solamente artistas. Que si el piso tiene mal pegada la cinta, sólo baste con que lo digan y el que tenga que ocuparse se encargue. Falta agua, que arreglen el agua. ¿El aire acondicionado? Que lo solucionen”; “se cambió el piso del escenario, que es duro y no es saludable para los bailarines”.

Asimismo, ante el planteo de la periodista (“Si bien la cantidad de funciones es lo medular en el conflicto, porque 22 son poquísimas, el reclamo es más extendido. Va de la ausencia de asistencia idónea en caso de lesión a que vos programes tus propias obras. O que el teatro, que no encuentra cómo programar más el Ballet, se alquile, por ejemplo, a Cacho Castaña”), Maximiliano Guerra definió: “Eso es un desastre”. En rigor, proliferan los alquileres a productoras privadas (como el millonario cachet de Al Pacino), mientras se vacía la actividad de los cuerpos estables.

Pero, pese a su discurso de denuncia (“me pareció muy piola que en las funciones de Giselle en el Parque Centenario salieran con el cartel de ‘basta’”, reivindicó sobre los bailarines, además de reclamar un cuerpo médico), Guerra transparentó definiciones patronales; dijo, por ejemplo, que “la compañía tiene que tener más funciones en su casa, pero hay una imposibilidad muchas veces de que convivan la ópera con el ballet”, planteando una falsa oposición entre esas disciplinas artísticas, ocultando así la orientación de alquiler del espacio para otros fines, lo cual afecta su estructura y su acústica. 

También salió a cruzar a los miembros del ballet del Colón, quienes, en diciembre, cuestionaron que Guerra pusiera sus propias obras, “sufriendo la pérdida de nuestro repertorio y tradición, pese a que nuestro actual director, en reiteradas entrevistas con motivo de su asunción, afirmó que no iba a poner sus obras en la compañía” (Clarín, 19/12/16). Así les respondió él: “El planteo de poner obras del director o no es una decisión artística. Es así en cualquier compañía del mundo. Si les gusta o no, es problema de ellos. Son bailarines, empleados, y tienen que hacer el trabajo que se les dice”.

Guerra añadió en la entrevista: “Cuando un cuerpo estable (coro, orquesta o ballet) empieza un reclamo, es muy difícil penetrar y tener una conversación constructiva”. En este cuadro, respecto a su posible renuncia, sostuvo: “Lo único que le dije a Darío (Lopérfido) fue que si él creía que era mejor que yo no estuviera… Y me contestó que no, que tenía todo su apoyo. Así que para adelante”.

Tal como se señalado en Prensa Obrera (23/12/16), este vaciamiento y privatización es el resultado de orientar al Teatro hacia la “obtención de recursos” y no al desarrollo artístico. Es el contenido de la ley de autarquía del Teatro, votada por el PRO y los K, que lo ha convertido en una sala de alquiler en detrimento de su producción artística. Mientras crecen las arcas del Colón, los trabajadores –más del 50% tiene contratos artísticos de locación y obras– solo recibió un 15% de aumento desde mayo de 2015 (PO, 8/11/16), bajo la anuencia de la burocracia sindical del Sutecba, cogobernadora del Teatro.

Se trata de una política privatista oficial: artistas del Centro Cultural San Martín, por caso, vienen denunciando la drástica reducción en la programación propia, los contratos artísticos ‘basura’, la tercerización de los talleres, el alquiler del espacio para fiestas y eventos, y la coproducción de obras con empresas privadas (Ídem anterior).

Vayamos por la derogación de la privatista ley de autarquía, convocando a audiencias públicas, y reforcemos el pedido de informes sobre la situación del Teatro, presentado desde la banca del Frente de Izquierda por Marcelo Ramal. La salida está en los trabajadores del teatro, no en las imposturas de Maximiliano Guerra, quien busca generar su propia subsistencia, menosprecia con sus dichos a los compañeros y compañeras y no deja de ser una correa de transmisión de la dirección general.

Hay que intervenir con una política independiente del Estado en este escenario, y darle una perspectiva propia para la defensa de las condiciones de trabajo, del Teatro Colón y del acceso a la cultura; por la defensa de la producción artística y de la libertad para crear.

 

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