El día viernes 15 de enero Larreta y Acuña convocaron a los sindicatos docentes de la Ciudad a una reunión cuyo objetivo fue informar el retorno a las actividades escolares presenciales.

Contradictoriamente a las cifras alcanzadas en CABA (similares a las de julio/agosto 2020), y tras las declaraciones en el mismo día de dicha reunión del propio jefe de Gobierno alertando a la población de la CABA de un alza en la circulación social del virus, la reunión se limitó a comunicar la decisión del gobierno en materia educativa.

Larreta y Acuña pretenden volver a la presencialidad sin plan de vacunación para el conjunto de les trabajadores de la educación, sin plan de obras que atiendan la emergencia edilicia y el reacondicionamiento que permita el desarrollo de la labor pedagógica acorde a las necesidades de cada nivel y modalidad, sin mecanismos de ventilación ni dispositivos que la midan. Esta vuelta a clases sería sin sin nombramiento de personal docente que permita el desdoblamiento de los grados, cursos y comisiones que superen la cantidad de 15 estudiantes y que permitan atender las necesidades emergentes tanto de estudiantes como de docentes encuadrados en grupos sociales con enfermedades de riesgo y de quienes requieran de la virtualidad para acceder al derecho a la educación, la quita de las dispensas para docentes que deban cumplir tareas de cuidado, sin auxiliares de limpieza.

También existe el el problema irresuelto del transporte que requiere poner en movimiento todo el andamiaje educativo, entre otras decisiones que son alarmantes no sólo para la docencia y todo el personal que transita las escuelas de CABA sino también para el conjunto de la población: una política decididamente negacionista de la pandemia, sus riesgos y consecuencias en favor de las presiones de las patronales que bregan por aperturas sin miramientos alguno al respecto de la salud de la población.

En tanto esto despertó las alarmas de la comunidad científica por el cuadro de aumento de contagios a sólo un mes de la fecha en la que el GCABA pretende dar inicio al ciclo lectivo 2021.

Con estas circunstancias, el combativo sindicato Ademys anticipó su negativa a un inicio de la presencialidad sin condiciones que aseguren la salud de las comunidades educativas en su conjunto y planteó que oportunamente se convocará a asambleas para deliberar colectivamente sobre las medidas a seguir. En tanto UTE-CTERA se pronunció en contra del retorno a la presencialidad pero sin mencionar la convocatoria a un plenario virtual ni medida de fuerza alguna que organice el rechazo a estas condiciones. Es de resaltar que la conducción celeste de este sindicato durante el 2020 no convocó a la docencia a ninguna instancia que propendiera a la organización docente por los múltiples reclamos educativos en materia de condiciones de enseñar y aprender.

En tanto el Ministro de Educación Nacional (Ministerio sin escuelas) Trotta no se pisa el poncho con la ministra porteña Soledad Acuña: mientras recorre el país como si las cifras de contagios de las provincias que recorre no le movieran el jopo, asegura que la presencialidad será la regla del 2021 pero no menciona siquiera un plan nacional de vacunación docente que permita avanzar en este sentido, tampoco un presupuesto extraordinario que permita a cada jurisdicción enfrentar la pandemia. En las últimas horas al mismo coro patronal se sumó Alberto Fernández.

 

El debate no es presencialidad Sí versus presencialidad No, el problema son las condiciones reales

Se debe poner de relieve que la docencia somos quienes defendemos la educación presencial como punto fundamental del desarrollo de la labor pedagógica y contra todo tipo de precarización laboral. Es por ello que durante el ciclo lectivo 2020 desde el mismo 16 de marzo (fecha de inicio de la cuarentena) hemos realizado infinidad de planteos que colaboraban en preparar las condiciones sanitarias y preventivas ya sea para un retorno a la presencialidad como a una situación contingente de bimodalidad.

Estos planteos preparaban el terreno propicio para avanzar en este sentido en el 2021. Sin embargo Larreta-Acuña se empeñaron en el recorte en los rubros de comedores escolares, transporte escolar, becas estudiantiles, dispositivos y conectividad, y en infraestructura escolar, y por supuesto salario docente. Si bien estos ítems han sido variables de ajuste año a año, durante el 2020 fueron aprovechados como un " ahorro" encuadrado incluso en la llamada ley de emergencia de la CABA. Es decir, la precariedad educativa previa a la pandemia ha sido la antesala de todo un año de desinversión y de cero preparación. Las obras de infraestructura escolar son equivalentes a cero y no hay indicio alguno que esta situación se revierta en el mes que falta para el pretendido comienzo de clases presenciales.

Pero la docencia reclamamos condiciones reales y medidas que protejan la vida y la salud tanto de estudiantes, sus familias y el conjunto de trabajadores de la educación. Planteamos la inmediata conformación de comités de bioseguridad con poder de veto integrados entre otros, por familias, estudiantes, docentes y sindicatos que releven las condiciones reales para un retorno a la presencialidad, un plan de asistencia médica y un plan de testeos permanentes, la restitución de las dispensas de tareas de cuidado, distribución universal de dispositivos digitales, conectividad gratuita para docentes y estudiantes, universalización de becas estudiantiles y de canastas alimentarias, nombramientos de docentes y auxiliares de limpieza, entre otros.

Las falsas consultas a la docencia y a las familias que publicita el macrismo porteño son constitutivas de la perfidia de un gobierno que responde directamente a intereses alejados diametralmente de las necesidades educativas de la población. La ausencia de vacunación docente, el recorte de 371 millones en dispositivos y conectividad, el recorte de más del 80% en términos reales en infraestructura escolar y construcción de escuelas, la negativa gubernamental de otorgar vacantes en las escuelas públicas, la falta de nombramientos de cargos docentes, el avasallamiento del estatuto docente y la confiscación salarial de la docencia son muestras más que sobradas de quién es quién ante la pandemia, en tanto la docencia durante enero nos encontramos en estado de alerta ante las pretensiones de un gobierno que no defiende la presencialidad en favor de las comunidades, por el contrario se empeña en que seamos las comunidades quienes a costa de la exposición de la salud y la vida respondamos a los requerimientos y presiones de la burguesía.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Docente convocamos a la docencia, estudiantes y familias a organizarnos en torno a los reclamos de condiciones educativas reales acordes a las necesidades que plantea el ritmo de la pandemia.

Exigimos una presencialidad bajo condiciones que aseguren las necesidades educativas y de salud del pueblo trabajador: medidas sanitarias y preventivas, conformación de comités de bio seguridad con poder de veto, plan de obras de infraestructura escolar, nombramientos estatutarios de docentes para desdoblar aulas y para reforzar contenidos para les estudiantes que lo requieran, conectividad gratuita, dispositivos, trasporte escolar con protocolos, universalización de becas estudiantiles y de canastas alimentarias acordes a las necesidades de los niveles nutricionales, nombramiento bajo convenio de auxiliares de limpieza, aumento salarial acorde al costo de la canasta familiar.

Los días 20 y 21 de febrero te invitamos al XIII Congreso Nacional de Tribuna Docente para deliberar una hoja de ruta en defensa de la educación pública y de la población educativa de todo el país.

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