Hace muy pocos días pronosticamos en estas páginas la inviabilidad del regreso presencial a la aulas, promovido por el ministro Nicolás Trotta y el coro de fundaciones, cámaras empresarias y ONG’s del capital, por el desborde de la pandemia, la crisis sanitaria y la inexistencia de condiciones en las escuelas. Las declaraciones del jefe de Gabinete del gobierno nacional, Santiago Cafiero, confirmaron nuestra denuncia y desataron una vertiginosa escalada en la crisis educativa del país. “Si queremos que en marzo se inicien las clases -presenciales- normalmente, tenemos que extremar los cuidados hoy”, declaró el Jefe de ministros del gobierno peronista, reconociendo que ni las escuelas ni el cuadro sanitario resisten la actual avanzada del coronavirus, y que el gobierno carece de todo plan de intervención al respecto.

El giro en “U” del gobierno desnudó también las improvisaciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, que debió aceptar “que todo dependerá de cómo siga la situación sanitaria”. No obstante, 24 horas después de las declaraciones de Cafiero dijo que el 1 de marzo empiezan las clases presenciales en todo el país.

El cimbronazo profundizó la puja entre el gobierno peronista y la oposición de Cambiemos por el control de la educación en la Argentina.

Argentina, semicolonial

Los países imperialistas, en los que vive el 14 % de la población mundial, ya el 15 de noviembre habían reservado para sí el 51% de las vacunas candidatas contra el coronavirus en fase de ensayos clínicos. Eran 7.480 millones de dosis procedentes de 13 fabricantes, según un estudio que publica British Medical Journal, en el que se advierte de los problemas que puede tener el resto de la población mundial para acceder a las vacunas.

Según el diario “El Independiente” de España, la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, analizó los pedidos de vacunas realizados por los países y estimaron que si todas las existencias se llegaran a comercializar, la fabricación total en 2021 podría alcanzar los 5.960 millones de vacunas. Aún en ese caso, los investigadores señalan que casi una cuarta parte de la población se quedaría sin vacuna al menos hasta 2022.

La Argentina está en el rango de países que carecen de los medios y del peso político para garantizar los mecanismos para una política de vacunación en forma inmediata. El pacto colonial con el FMI, que ha colocado todos los recursos del estado para su satisfacción, agudiza esa situación, y preanuncia dificultades para el abastecimiento de vacunas y un mayor vaciamiento del sistema sanitario.

Volver a las aulas: razón de Estado de oficialistas y opositores

Los intereses sociales que impulsan al gobierno de Alberto Fernández y a la oposición de Cambiemos son los mismos. La apertura de las escuelas es un reclamo de la gran patronal, que exige la completa normalización de la economía, incluyendo la finalización de las licencias de trabajadores afectados al cuidado de niños y adolescentes en edad escolar, y volcar a 13 millones de estudiantes y 1 millón 300.000 docentes a la circulación económica y comercial.

Las vacilaciones del gobierno nacional ante el recrudecimiento de la pandemia en una segunda ola que se sumó a la primera sin solución de continuidad, detonó una campaña para asegurar la implementación de la presencialidad a como dé lugar y, de paso cañazo, arrinconar políticamente al gobierno peronista, a la deriva en medio del reforzamiento de los contagios y las muertes diarias de cononavirus.

Los grupos capitalistas organizados detrás de la campaña “#ALasAulas”, encabezados por la Fundación Noble, acusan al gobierno de “no tener voluntad política para el retorno a las aulas” (Clarín, 10/1). La voz más destemplada de este bloque es la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, para quien “no hay razón suficiente para que los chicos pasen otro año fuera de la escuela”, pero que es incapaz de garantizar vacantes para niños y adolescentes en su jurisdicción y de resolver el estado calamitoso de las escuelas.

El más osado, sin embargo, es el referente educativo y excandidato a ministro de Educación de la Nación de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados en representación del peronismo gobernante: Gustavo Iaies. Para Iaies la clave es que se fijen “criterios generales por parte de los gobiernos nacional y provinciales, para luego abrir el juego para que directores y docentes implementen estos parámetros en cada establecimiento. La clave es confiar en la escuela y en sus equipos” (Clarín, ídem).

Este representante de la mercantilización de la educación pública plantea eliminar –aprovechando la pandemia- cualquier responsabilidad del Estado nacional en la educación, y pasar lisa y llanamente a escuelas autónomas, con directores gerentes, al margen de cualquier normativa nacional, incluso epidemiológica. Estos “directores-gerentes” serían los que tomarían en sus manos la tarea de recuperar al millón de niños y adolescentes que han perdido continuidad escolar, aplicando programas específicos y tomando a educadores por fuera de las condiciones laborales vigentes en el estatuto del docente, algo que ya ocurre con los planes socioeducativos de Nicolás Trotta.

Detrás del “retorno a las aulas”, también está la voluntad del gobierno nacional y de los gobernadores provinciales de profundizar la devaluación educativa y la precarización laboral docente. Lo que se dice, un verdadero “toque de queda educativo”.

Europa e Israel cierran las escuelas

Trotta y sus opositores mienten los mismos argumentos. Dicen que no hay motivos para no avanzar en la apertura de las escuelas, porque está demostrado que las escuelas no se ven afectadas por la pandemia. “Parten de la premisa de que, como el coronavirus no es especialmente letal en les niñes y el impacto de la transmisión comunitaria del virus una vez que se abren las escuelas es muy bajo”, no habría razón para cerrar las instituciones educativas (Página 12, 10/1). Tanto Trotta como sus detractores se basan en la experiencia europea que, según ellos, mantienen las escuelas abiertas.

La realidad es completamente la contraria. En Italia, solo tres de las 20 regiones educativas del país reabren las escuelas secundarias desde mañana, aún cuando el gobierno autorizó el regreso a clases en todo el país. Los gobernadores de 17 regiones eligieron, por el momento, retrasar la reapertura de los institutos o establecer un período de educación a distancia”, ante el recrudecimiento del coronavirus (Télam, 10/1).

El gobierno de Israel dispuso una nueva cuarentena de dos semanas ante la rapidez con que está propagándose el coronavirus, que esta vez incluirá el cierre de las escuelas. Se trata del cuarto confinamiento que las autoridades ordenan desde el comienzo de la pandemia; el anterior, justamente, fue muy criticado porque permitió la actividad en los colegios y en los negocios no esenciales, según la agencia de noticias Europa Press.

En Alemania, desde el 16 de diciembre están cerrados comercios no esenciales, escuelas y guarderías. Los institutos educativos permanecerán cerrados por lo menos hasta el 31 de enero (CNN en español).

Y el Reino Unido cerró todas las escuelas primarias y secundarias, “un “giro en U vergonzoso” en comparación con la decisión anterior de mantener cerradas solo las escuelas en las áreas de mayor riesgo” (El Neuquino, 2/1).

Los docentes y la comunidad educativa debemos intervenir en esta crisis: sumate al Congreso Nacional de Tribuna Docente del 20 y 21 de febrero

La burocracia sindical docente de todos los colores se ha colocado al servicio de esta política, que pone en riesgo la salud de la comunidad educativa y profundiza la devaluación de la escuela pública: “el ministro (Trotta) especificó que desde el Ministerio se está trabajando con los gremios docentes para generar y organizar el mejor despliegue posible de una vuelta a la presencialidad” (Página 12, ídem).

La única voz que no ha sido escuchada es la de los docentes, alumnos y padres. El gobierno nacional y los gobernadores provinciales son los responsables, junto a la colaboración de Ctera, del derrumbe de la educación.

En el XIII Congreso Nacional de Tribuna Docente centenares de delegados de todo el país vamos a debatir y aprobar un plan de lucha para derrotar en ajuste en curso y por las condiciones sanitarias y de seguridad para toda la comunidad educativa, excluyentes para volver a las aulas. Una parte esencial de ese plan de lucha será la conformación en todas las escuelas de Comités de Salubridad, Seguridad e Higiene electos, que lo garanticen, la defensa de la educación pública y de las condiciones salariales y laborales de la docencia.