Canadá, un país presentado a menudo por los apologistas del capital como un paraíso democrático, en el que la clase obrera puede vivir prósperamente, ha sido conmovido recientemente por luchas muy importantes que dan cuenta de lo farsesco de dicha aseveración.

Uno de esos acontecimientos fue la huelga de 1.150 trabajadores del puerto de Montreal contra la precarización laboral –han estado trabajando sin contrato desde 2018-, los brutales ritmos de trabajo y el régimen de disciplinamiento imperante que ha venido redundando en despidos sistemáticos.

La movida fue convocada a fines de abril por el sindicato canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), la organización sindical más grande de Canadá, cuyos afiliados son unos 700.000 trabajadores. Este convocó la medida de fuerza luego de una intensa campaña de provocaciones montada por la patronal portuaria. El sindicato venía desarrollando una política de colaboración con las patronales, lo que había sumergido a este en un inmovilismo. La primera acción huelguística organizada por la CUPE tuvo lugar en julio de 2020, 18 meses después de la expiración de los contratos laborales; luego se realizó otra en agosto, la cual se extendió durante 12 días. El Congreso de Trabajadores canadienses, la central nacional a la que están afiliados la mayoría de los sindicatos, trabajó para aislar la huelga. Se trata de una central completamente adaptada al régimen burgués, que apoya al “opositor” Nuevo Partido Democrático y que viene dejando pasar todas las medidas anti populares.

El gobierno liberal de Justin Trudeau salió con los tapones de punta contra la lucha de los obreros portuarios, acusándolos de causar pérdidas millonarias e incluso de haber retenido la llegada de vacunas contra el Covid-19, una maniobra pérfida habida cuenta el compromiso de los trabajadores en relación a permitir el movimiento mercantil de suministros para enfrentar la pandemia.

El gobierno, con los votos del Partido Conservador, quebró la medida al imponer la draconiana ley de “vuelta al trabajo”, una legislación que prácticamente ilegaliza el derecho a huelga e introduce a un “mediador” cuya función es llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si la negociación fracasa, un árbitro designado por el gobierno dictará todas las cláusulas contractuales pendientes. Ante este nuevo episodio, la CUPE ha dicho que “desafiará” la ley del gobierno canadiense, aunque todavía no se conoce plan de lucha alguno.

Docentes

A principios de mayo, por otro lado, docentes de los colegios universitarios CEGEP fueron a la huelga contra la precarización laboral, en defensa de la libertad de cátedra y para que el gobierno y las patronales avancen hacia nuevas negociaciones contractuales para los 500.000 trabajadores del Estado. La medida fue votada por los sindicatos afiliados a la Federación de Docentes de CEGEP, que representa a unos 3.000 profesores en varios establecimientos de Quebec. Esta ya había realizado una huelga el pasado 30 de marzo.

El movimiento educativo canadiense tiene una importante tradición de lucha. En febrero de 2020, Ontario fue paralizada por una gran movilización docente que reclamó paritarias equivalentes al costo de vida y asimismo para ponerle fin a los recortes presupuestarios. Luchas de estas características se libraron en todo el año 2019.

Trabajadores de Nestlé y personal de salud

En la medianoche del sábado 30 de abril, en Toronto, casi 500 obreros de Nestlé han ido a la huelga por el pase a planta permanente, contra los contratos temporales y por el aumento de las pensiones, luego de que fracasaran las tratativas entre el sindicato Unifor, el más grande del sector privado canadiense, y la compañía de chocolate.

En este marco, un grupo de enfermeras de VON Canadá desarrollaron una huelga en Sarnia, Ontario, después de que fracasaran, también, negociaciones salariales y contractuales. Muchas enfermeras de VON trabajan a tiempo completo pero no acceden a los beneficios de ese tipo de contratos, incluida la licencia por enfermedad con goce de sueldo. Se trata de una lucha que tiene un valor político importante pues a pesar de haber sido aislada por las burocracias sindicales ha puesto sobre la mesa el vaciamiento del sistema de salud que lleva adelante el gobierno canadiense.

¿Gobierno progresista?

Estas luchas tienen como telón de fondo el impacto de la crisis capitalista mundial en el país y la política de ajuste que desarrolla el gobierno de Trudeau para intentar sortearlo. El “progresista” Trudeau capitanea un gobierno de fuertes lazos con el gran capital, desenvuelve una política de opresión hacia los pueblos originarios, y su país acompaña todas las aventuras militares de la Otan.

Los aumentos del salario real vienen siendo mínimos y en muchos casos inexistentes, lo que ha configurado un cuadro acuciante para las masas que tenderá a agravarse ya que se espera que en los próximos meses se registre un nuevo ascenso en los precios de los alimentos, mientras se han recortado -o eliminado- los programas de asistencia a las familias introducidos al comienzo de la pandemia y uno de cada tres canadienses son insolventes. Entretanto, la clase capitalista se halla embarcada en un ataque a los trabajadores de características inusitadas, con despidos y recortes de diversas conquistas, como las pensiones. La economía canadiense sigue estando medio millón de puestos de trabajo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Trudeau, asimismo, se encuentra desenvolviendo una política de rescate de la clase burguesa. En esta línea, el premier ha anunciado en abril pasado un plan de 5.900 millones de dólares canadienses para asistir a Air Canada, la aerolínea más importante del país –que ha despedido a más de la mitad de su fuerza laboral-, cuyo paquete contiene la inyección de 500 millones en acciones de la empresa.

Los trabajadores están llamados a intervenir de manera independiente ante la ofensiva gubernamental y patronal en curso, con un pliego de reivindicaciones que incluya el aumento de salario, la prohibición de despidos y un seguro al desocupado equivalente a la canasta básica familiar para que la clase obrera no pague los platos rotos del capital en crisis.

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