A escasos meses de finalizar su mandato, el presidente Otto Pérez Molina se encuentra en la cuerda floja, tras ser sindicado como el jefe de una asociación ilícita que posibilitaba a los importadores desembolsos impositivos menores a cambio de sobornos. Por el escándalo, bautizado como “La Línea”, cayeron más de veinte funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta. Dos ex ministros se fugaron del país.

 

Los medios caracterizan la crisis guatemalteca como la más grave que atraviesa el país desde la restauración democrática en 1985. Pérez Molina, un militar acusado por la represión contra el movimiento indígena y campesino durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, está perdiendo todo apoyo político: de la comisión de cinco diputados que recomendó recientemente a la Cámara quitarle la inmunidad, dos pertenecen a su propio partido. Las centrales empresarias, que en 1993 lo habían declarado como uno de los diez líderes del año, exigen su partida. En este cuadro, a Pérez Molina sólo le queda la amenaza de prender el ventilador. En conferencia de prensa, sostuvo que “no hay una sola línea. Son dos. Hasta ahora ha aparecido la [parte] que recibe [los sobornos], pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial” (El País, 24/8). Durante su mandato, Pérez Molina tuvo roces con Estados Unidos por su posición favorable a la legalización de las drogas.

 

El país se encuentra semisublevado. Si en mayo hubo marchas de hasta 50 mil personas reclamando la renuncia del presidente, se duplicaron en agosto. Más de setenta organizaciones civiles convocaron una huelga general de tres días. Las protestas son masivas también en el interior del país. “Un 40% de los mercados populares de Ciudad de Guatemala cerraron sus puertas. Se unieron las organizaciones gremiales, universidades, colegios públicos y privados, comercios, empresas” (ídem).

La agudización de las protestas está terminando de encolumnar al Congreso y al Poder Judicial contra Pérez Molina.

 

Elecciones

 

Hay elecciones presidenciales en septiembre. El director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Edgar Gutiérrez, advierte la posibilidad de “que el abstencionismo y el voto nulo sean tan altos que el próximo gobierno carezca de legitimidad. Esto hará muy frágil la gobernabilidad” (ídem, 30/8). Reclama, como muchos otros, un gobierno de unidad nacional.

Las fuerzas con posibilidades de ganar la elección son, como en 2011, variantes de la derecha. Los ex guerrilleros de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) y fuerzas afines cosecharon poco más del 3% en los últimos comicios con la candidatura de la ex premio nobel de la paz Rigoberta Menchú.

 

El movimiento popular necesita asociar la caída de Pérez Molina a sus propias demandas, en un país asolado por la emigración, el narcotráfico y la miseria.