La aprobación parlamentaria de una “ley ómnibus” que implica severos retrocesos en materia laboral y ambiental desató a comienzos de este mes una profunda respuesta popular en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo. El 6 de octubre, las centrales obreras iniciaron un paro de 72 horas con movilizaciones, que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno. En el curso de las mismas hubo 6 mil detenidos, además de visitas intimidantes contra activistas estudiantiles con el propósito de hacerlos desistir de su lucha.

Para el mes entrante, la Confederación de Sindicatos de Indonesia anunció protestas en caso de que el presidente Joko Widodo promulgue la ley, algo que podría ocurrir entre el 28 y el 5 de noviembre. El foco de las movilizaciones se concentraría entonces en la sede de gobierno y en la Corte Constitucional, ante la cual la federación sindical reclamará una revisión de la norma. Al mismo tiempo, la central elevó una carta a partidos de la oposición para que se vuelva a tratar el tema en la sesión parlamentaria del 9 de noviembre, fecha en coincidencia con la cual habrá protestas frente al Senado.

La apelación a la Justicia y el Parlamento no parece tener ninguna posibilidad de éxito. El destino de la ley se definirá en la capacidad de los trabajadores para profundizar las medidas de lucha.

Un ataque brutal

La irrupción obrera en Indonesia es la respuesta a un brutal ataque contra las condiciones de trabajo. Los cambios habilitan un alargamiento de la jornada laboral, la supresión de licencias pagas (maternidad, menstruación), una mayor precarización (se limitan las posibilidades del pase a planta permanente), una nueva forma de cálculo del salario mínimo que perjudica a los trabajadores y una reducción en las indemnizaciones por despido, entre otros puntos.

Al mismo tiempo, se relajan las normas de protección ambiental. Cabe señalar que las industrias maderera y del aceite de palma son responsables de incendios, que entre 2015 y 2019 arrasaron con una superficie de tierras equivalente al tamaño de Holanda, según denuncia Greenpeace (Al Jazeera, 22/10). La complicidad del gobierno con estos grupos económicos y la impunidad empresaria es total.

El gobierno apunta con la “ley ómnibus” a seducir la inversión extranjera, empujando a la baja los salarios y condiciones laborales, en un intento por aproximarse al nivel de otros países vecinos (Tailandia, Vietnam). Y, en el mismo sentido, da piedra libre a la depredación ambiental. La nueva legislación recibió el aval del Banco Mundial, que en una declaración subrayó que puede favorecer una recuperación económica. Sin embargo, esta tentativa se encuentra condicionada por la propia crisis mundial.

En el curso de la pandemia, que ha dejado hasta ahora 400 mil contagios en el archipiélago, se estima que la mitad de los trabajadores han sufrido despidos o suspensiones (Prensa Latina, 12/10). Indonesia ingresará este año a su primera recesión desde la crisis de los “tigres asiáticos”, en 1997-1998. En aquel momento, la crisis económica condujo a una revolución que desalojó del poder al dictador Suharto.

Indonesia en el tablero

El actual gobierno de Widodo es responsable de un reforzamiento represivo. El año pasado nombró como ministro de defensa a Prabowo Subianto, quien había competido electoralmente contra él y había denunciado un fraude electoral. Subianto es un exteniente, yerno del fenecido dictador Suharto, que está involucrado en las desapariciones de activistas durante la caída del régimen y en el genocidio contra el pueblo de Timor Oriental. Su llegada al ministerio va en línea con un fortalecimiento del poder de las fuerzas armadas.

Estados Unidos levantó recientemente la prohibición de ingreso que pesaba sobre este siniestro personaje y le concedió una reunión en Washington. Allí, junto al secretario de Defensa Mark Esper, acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad. Estados Unidos está interesado en vender armamento, pero más aún en neutralizar la influencia rusa y sobre todo china en la región. A raíz del encuentro, el diario Jakarta Post planteó en un editorial la necesidad de que el país mantenga un equilibrio entre los dos grandes. Es la línea que sigue la vecina Tailandia.

La clase obrera indonesia se enfrenta a un gobierno profundamente antiobrero y represivo. Para quebrar la “ley ómnibus” necesita avanzar por el camino de la huelga general.

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