Desde hace tres semanas, los docentes panameños, obreros de la construcción, trabajadores de la industria del banano y algunos sectores de la salud desenvuelven un aguerrido plan de lucha, con paros por tiempo indefinido, manifestaciones y piquetes contra una reforma privatista de la Caja de Seguro Social, un memorándum con Estados Unidos que habilita la presencia de militares yanquis en el Canal de Panamá, y la posible reapertura de un mega-yacimiento de cobre que había sido suspendido tras una rebelión popular, a fines de 2023. A los sectores apuntados se suma la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Coonapip), que se reunió este 11 de mayo y aprobó un plan de protestas y cortes de ruta.

El gobierno de José Mulino, que asumió la presidencia tras vencer en los comicios de mayo de 2024, desató un ataque en toda la línea contra los huelguistas, a través de la represión de las protestas, el desalojo de los cortes, múltiples arrestos y la amenaza de no pagar los sueldos de aquellos que están en paro. Además, planteó que los puntos cuestionados por la huelga son innegociables. Actúa a cuenta y orden de las cámaras empresarias, que no ocultan su repudio a la medida de fuerza. La firma bananera Chiquita Panamá anticipó en los últimos días un lock out que incluye el cierre de algunas fincas y de una planta de empaque, como parte de un intento deliberado de quebrar la masiva huelga, en un sector productivo de mano de obra predominantemente indígena.

La reforma privatista de la Caja del Seguro Social fue aprobada en el Parlamento en el mes de marzo. En tanto, el acuerdo que permite el despliegue de soldados yanquis fue suscripto durante la visita al país del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el mes de abril. Se trata de una capitulación bochornosa del gobierno de Mulino frente a las presiones del presidente norteamericano Donald Trump, que pretende retomar el control de la vía fluvial, en el marco de sus políticas de “Make America Great Again”. El pacto retrotrae a la nación centroamericana a los tiempos de la “quinta frontera”, en que el imperialismo tenía el control físico de la arteria navegable. Trump acusó sin pruebas a China de apostar soldados en el Canal, solo para meter ahora a los suyos.

Paralelamente, el fondo de inversión BlackRock encabeza un poderoso consorcio empresario que intenta adquirir dos puertos panameños que están en manos de la firma hongkonesa CK Hutchison. En marzo, este último conglomerado oriental firmó un acuerdo multimillonario para desprenderse de la mayor parte de sus puertos en el mundo, pero el gobierno chino inició un operativo para abortar la maniobra en el caso de los dos puertos panameños, dado que reforzaría el plan trumpista de reocupación del Canal. Beijing ordenó el cese de los negocios estatales con otras firmas del emporio que lidera el magnate Li Ka-shing, como parte de sus presiones, y logró poner en pausa la operación. Es una puja importantísima en términos económicos y geopolíticos la que está en desarrollo.

Las protestas contra el nuevo despliegue militar yanqui indican que el pueblo panameño está dispuesto a defender su soberanía. Lo mismo ocurre en el caso del yacimiento Cobre Panamá, que era la mayor mina a cielo abierto de Latinoamérica y estaba fuertemente cuestionada por las organizaciones ambientales. En 2023, el pueblo panameño salió masivamente a las calles para enfrentar una nueva concesión leonina por veinte años a una empresa subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, lo que forzó a la Corte Suprema a declarar la inconstitucionalidad del acuerdo. La firma canadiense inició una demanda internacional y, en los últimos meses, Mulino expresó su disposición a negociar y restaurar el proyecto. Por este motivo, el reclamo contra su reapertura es uno de los puntos principales del plan de lucha en curso.

Viva la lucha del pueblo panameño.

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