La comisión sobre situación internacional se llevó a cabo con la participación de delegados partidarios e invitados de Chile, Uruguay, Costa Rica y Francia. También participaron compañeros de México y se recibió la adhesión de la Agrupación Vilcapaza de Perú. La base del debate fue una propuesta de resolución expresada en un documento de actualización presentado al XXVII Congreso, que resultó enriquecido por los aportes de la comisión. Dicho texto ratifica el informe internacional al congreso (publicado en la revista En defensa del marxismo) y una resolución de balance sobre la CRCI.

Se aprobó también un plan de trabajo que recoge los desafíos planteados por la emergencia de una nueva ola de rebeliones y movilizaciones populares en América Latina (huelga general en Bolivia, Colombia, Chile, etc.). Amainada en los principios de la pandemia, esta plaga ha polarizado más la crisis económica y social, agrava ahora por la crisis sanitaria. La crisis en la región y el reinicio del proceso de levantamientos de masas realza la necesidad de impulsar una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que contribuya a la emergencia de un polo de independencia de clase, que permita reagrupar y orientar hacia la victoria a las nuevas generaciones que salen a la lucha. El método para esa conferencia debe ser el del frente único, procesando las divergencias en el marco de una acción común.

La crisis mundial y la clase obrera

En las deliberaciones se partió de la situación en Estados Unidos, que se caracteriza por la rebelión popular, la crisis capitalista y la pandemia. La crisis política debe examinarse en ese marco: Trump amenaza con el desconocimiento de un resultado electoral adverso y busca ganar posiciones en la Corte Suprema, un órgano que puede llegar a cumplir un papel de arbitraje en el proceso.

La envergadura de la crisis y de las divisiones en la burguesía yanqui se ve en las 3.400 demandas presentadas por grandes compañías (Coca-Cola, Disney, etc.), a raíz de las pérdidas que habrían sufrido como consecuencia de la política proteccionista de Trump y la guerra comercial con China. La tentativa del mandatario yanqui de sacar a Estados Unidos de su impasse (“Estados Unidos primero”) naufraga.

Trump se jactó en las últimas semanas de la reducción del desempleo, pero este sigue siendo superior a los niveles pre-pandemia. Estamos ante una crisis de fondo, frente a la cual no alcanzan las inyecciones de fondos de la Reserva Federal. El Estado no tiene la misma capacidad de 2008 de evitar quiebras masivas, lo que plantea un posible escenario de depuración masiva de capitales.

También se consideró el problema de cómo el Partido Demócrata opera tratando de transformar al movimiento de lucha en un apéndice de la candidatura de Joe Biden. Si bien la rebelión sigue viva, los demócratas han logrado canalizar las energías hacia el terreno electoral. Cabe señalar que buena parte de la burguesía impulsa esta candidatura y que varios gobernadores demócratas han desenvuelto ellos mismos la represión contra la rebelión en sus estados.

Por otra parte, se examinó el vínculo entre ese impasse capitalista y las tendencias a la guerra, que son consecuencia directa de las guerras comerciales en desarrollo y la disputa por los mercados. Estas tendencias se ven en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, o la guerra civil en Libia, que envuelven y enfrentan entre sí a las diferentes potencias, así como en las tensiones en el Mar de China Meridional.

China también ha sido arrastrada por el torbellino de la crisis mundial. A diferencia de la crisis de 2008, ya no puede oficiar de locomotora económica global. En un cuadro de decenas de millones de puestos de trabajo perdidos por la pandemia, la burocracia del Partido Comunista teme el contagio de las movilizaciones de Hong Kong al continente. Esto fue considerado por la comisión.

Un aspecto importante de la guerra comercial es el intento norteamericano de avanzar en una colonización económica de China y en una profundización de la restauración capitalista, un proceso que el Partido Comunista pretende llevar a cabo en sus propios términos.

La comisión discutió también el proceso de huelgas contra la reforma laboral en Indonesia, que el gobierno impulsa con el argumento de mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras. La crisis y las devaluaciones competitivas en el mundo, de todos modos, le marcan un límite a esa pretensión.

Empieza a verse en el último período una creciente irrupción obrera, que se abre paso en diferentes países (huelga de General Motors en Estados Unidos, huelgas en Francia, Bielorrusia, etc.).

América Latina

La rebelión en Norteamérica golpeó no solo a Trump sino también a los gobiernos latinoamericanos tributarios al imperialismo y creó mejores condiciones para la lucha. Tras un paréntesis en el inicio de la pandemia, la movilización popular se ha reactivado en Chile y Colombia. En Brasil, los trabajadores del Correo protagonizaron una notable huelga de más de un mes contra la política privatista y ajustadora de Bolsonaro, aislada y traicionada por la CUT. También en Centroamérica se están desenvolviendo importantes movilizaciones (Honduras y Costa Rica), en la que ocupan un rol destacado algunos sindicatos.

La comisión discutió el problema que implica el nacionalismo burgués para estos procesos. La clave de la gobernabilidad en el subcontinente está dada por la política de colaboración con la derecha y de contención que practican el nacionalismo burgués y las corrientes progresistas. En Brasil es clave el papel de contención del PT y de la CUT. Esto refuerza la necesidad de una política de independencia de clase que supere estos obstáculos y lleve a la victoria esos procesos.

Al mismo tiempo, la comisión discutió el reforzamiento de los ataques del imperialismo contra Venezuela. Pese al retroceso de Juan Guaidó, Estados Unidos aún se reserva la carta de una intervención militar. El informe Bachelet crea un precedente en este sentido. La lucha contra el golpismo se debe llevar adelante sin ningún apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro, que viene avanzando en una política de ajuste, privatizaciones y criminalización del movimiento obrero combativo.

La comisión abordó también la crisis boliviana. La presidenta golpista Jeanine Añez bajó su candidatura para las elecciones del 18 de octubre, en un intento por concentrar el voto en Carlos Mesa y evitar un triunfo electoral del MAS en la primera vuelta. Ocurre que una victoria de esta fuerza, apenas a diez meses del golpe, sería un baldazo de agua fría para la derecha.

Por eso mismo, no se pueden descartar maniobras fraudulentas en el proceso electoral.

En las elecciones bolivianas está ausente una fuerza revolucionaria, independiente de la derecha golpista y del nacionalismo burgués de Evo Morales. En este escenario, la comisión debatió sobre el carácter de nuestro llamado al voto por el MAS, valiéndose de él para desarrollar la movilización contra el golpismo, sin dar ningún apoyo político a Morales y sin dejar de señalar su política conciliadora.

También se discutió el plebiscito de reforma constitucional chileno que tendrá lugar el 25. Ese plebiscito fue caracterizado como un producto, aunque deformado, de la rebelión que estalló en 2019. Con él, el gobierno y la oposición centroizquierdista buscan echar lastre. La pelea por el “Apruebo” aparece como un modo de golpear a la reacción política, pero se debe denunciar al mismo tiempo el propósito del oficialismo y la oposición, incluido el PC y el Frente Amplio, de llevar a cabo un proceso constituyente completamente tutelado. El “Apruebo” debe ser encarado como parte de la lucha por echar al gobierno de Sebastián Piñera y por una Constituyente libre y soberana.

Sobre Bolivia y Chile, la comisión aprobó resoluciones específicas con estos planteos. En el caso de la resolución chilena se plantea la lucha por un 18 de octubre de masas, en el primer aniversario de la rebelión. En apoyo a esa lucha, promovemos un acto de la izquierda frente al consulado en Buenos Aires.

Iniciativa

En la comisión, y luego en la sesión plenaria del XXVII Congreso, quedó claro que la continuidad de la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos representa una necesidad de la vanguardia obrera y juvenil del continente, pues es la forma que adopta la lucha por poner en pie un polo de independencia de clase a escala continental. En ese marco, impulsando planes de acción en común, deberán desenvolverse a fondo los debates de estrategia en la izquierda, incluso a través de boletines de discusión. El XXVII Congreso ratificó la importancia de la lucha por la construcción de partidos revolucionarios de combate (que encuentra uno de sus obstáculos en los partidos y movimientos centristas o “amplios”, como el NPA francés o el Psol brasileño), que defiendan la perspectiva de la independencia política, el gobierno de los trabajadores y la refundación de la Cuarta Internacional.

Respecto a ese punto, la resolución internacional votada plantea: “el impulso dado a la necesidad de una nueva convocatoria a la Conferencia Latinoamericana no elimina ni posterga la necesidad de luchar por la construcción de partidos revolucionarios militantes, ni la refundación de la IV Internacional, sino que la potencia. El 27° Congreso Nacional del PO se empeña en esta tarea abriendo el debate político-programático y los acuerdos de acción unitaria con todas las corrientes militantes revolucionarias”.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-un-ano-de-rebelion-popular-y-en-la-vispera-del-plebiscito-constitucional/