10/06/2021

El cupo laboral travesti-trans obtuvo media sanción en Diputados

Seguimos movilizades para reclamar que se avance de una buena vez en este derecho.
Dirigente nacional Plenario de Trabajadoras.

Juan Diez Ojo Obrero Fotografía

La Cámara de diputados votó la ley de cupo laboral para personas trans, travestis y transgéneros, que obtuvo dictamen de comisiones en octubre de 2020. Organizaciones Travesti Trans No binaries y LGBT+ y colectivos de la diversidad se concentrarán en el Congreso para reclamar que se apruebe la media sanción. Luego de esta instancia, quedará en manos del Senado convertirla en ley y su aplicación efectiva en manos de la movilización popular que se exprese sin emitir ni un poco de confianza en este o en cualquier gobierno de turno.

La confianza política en el Estado para estos temas sería injustificada: pasaron 15 años y la ley de ESI no se aplica, entre otras leyes que fueron dictadas pero nunca aplicadas, y no queremos que ocurra esto con esta ley tan importante para combatir el destino obligado de la prostitución, la discriminación y la persecución contra los géneros diversos. Los cupos laborales establecidos a niveles provinciales, entre ellxs por el que tanto luchó Diana Sacayán, no se aplican. Tampoco el decreto Nacional. La ley no establece un presupuesto concreto para abrir paso a esta necesidad de la comunidad travesti trans. Todo esto requiere de una lucha callejera sin pausa para defender su aplicación y extensión nacional.

Una demanda de larga trayectoria y una historia de ninguneos y bloqueos parlamentarios

El reclamo por el cupo laboral travesti trans lleva años en las calles y fue conquistado leyes provinciales y normas municipales cuya efectiva aplicación sigue siendo materia de lucha por parte de este colectivo ante sus sistemático incumplimiento. En el Congreso nacional se han cajoneado proyectos sobre el tema durante años –solo en el caso de la banca del Partido Obrero en el FIT realizamos más de 3 presentaciones de un proyecto que cada dos años perdía estado parlamentario sin tener ningún tratamiento (con Soledad Sosa en 2016, y luego con la banca de Romina Del Plá).

En el año 2018, bajo el impulso de la marea verde y ante la presión que generó el rechazo al aborto legal en el senado, hubo un tímido intento de avanzar en esta materia, con la elaboración de un dictamen entre asesores de todos los bloques que nunca llegó siquiera a una comisión de diputados –por responsabilidad del entonces presidente de la Comisión de Trabajo (y actual gobernador de La Pampa), Sergio Ziliotto –que finalmente se negó a incluirlo en el temario.

El dictamen que se vota hoy fue impulsado el año pasado en comisiones el mes de octubre, luego de que Alberto Fernández emitiera un mes antes un DNU estableciendo el cupo laboral en las reparticiones del Estado Nacional, decreto cuya implementación no se cumplió. Fue literalmente el primer proyecto que trató la comisión de mujeres del congreso tras una bochornosa parálisis en materia de dictámenes legislativos que se extendió casi por 8 meses (¡mientras la pandemia y la cuarentena agravaban en forma extrema la violencia que sufren las mujeres y diversidades!).  El oficialismo del Frente de Todos concibió esta iniciativa como una vía de bajo costo para atender un reclamo largamente postergado, con una ley redactada cuidadosamente para no afectar intereses capitalistas, y que reunió el consenso de la oposición derechista de Juntos Por el Cambio (en la comisión de mujeres se aprobó por unanimidad). Romina Del Plá votó favorablemente el dictamen con una disidencia presentada por escrito.

Alcances y límites de la ley

Es sin dudas un paso adelante para la lucha de las disidencias avanzar en una ley que establezca una vía de inserción laboral para el colectivo travesti, trans y transgénero. Es un refuerzo a la lucha de años de uno de los colectivos más oprimidos y denigrados, golpeado por la exclusión social, laboral y de todo orden –que ha sido condenado durante décadas a la prostitución como único medio de subsistencia. Diversas estadísticas dan cuenta de que el trabajo informal y no registrado entre las diversidades alcanza la escalofriante cifra del 98%. Hablamos de un colectivo que tiene un promedio de vida de entre 35 y 40 años. Establecer un mecanismo de inclusión laboral para elles es una prioridad absoluta.

Pero a tales efectos, el primer problema de la ley es que es de “adhesión” y no de orden público. Eso significa que no es de carácter obligatorio en todo el país, sino que cada provincia y jurisdicción deberá resolver si adhiere o no –una vía para que termine siendo letra muerta, como ocurre con la ley de ESI en buena parte del territorio nacional.

La ley establece un cupo laboral del 1% en el Estado y un régimen de “incentivos” para tal fin en el sector privado.

En lo que respecta al sector público, sería un enorme progreso si se cumple la contratación efectiva del 1%, pero corresponde advertir en primer lugar que la ley no contempla la creación de nuevos puestos de trabajo y que la planta estatal se encuentra congelada. A eso se suma que la contratación de personal travesti, trans y transgénero será en las “modalidades de contratación laboral vigente” en la administración pública nacional -donde reinan la precarización laboral, los contratos basuras, el monotributismo. Como denunció Romina Del Plá en su dictamen: “Una compañera/compañero o compañere de la comunidad travesti-trans no va a encontrar un verdadero medio de vida -que le permita superar la marginalidad y las condiciones más aberrantes de explotación- sino se le garantizan condiciones adecuadas de inserción laboral”. Es decir, que represente una verdadera mejora en sus ingresos y otra calidad de vida. Lo que corresponde es que la contratación sea en planta permanente y con salario acorde.  Del mismo modo, para que efectivamente la “idoneidad” del cargo o la “terminalidad escolar” no sean una traba, se debe garantizar la capacitación servicio (remunerada y durante la jornada laboral).

Todos estos aspectos, y otros referidos a los plazos de implementación y al otorgamiento de créditos para emprendimientos productivos de las personas trans –que reclamamos deberían ser a tasa o%- fueron planteados insistentemente por Del Plá, pero rechazados deliberadamente por el Frente de Todos y los demás bloques.

En lo que hace a la inclusión laboral en el sector privado, la ley no obliga a nadie a nada, sino que se limita a establecer “incentivos” para las patronales que contraten personal travesti-trans, a quienes les habilita descontar los aportes patronales de previsión social del pago de impuestos nacionales. Detrás de una supuesta política para garantizar derechos, trafican nuevos subsidios a las patronales y-de paso- un nuevo golpe a los jubilados, con desfinanciamiento del sistema previsional. Sumado a ello, tampoco se establecen obligaciones a las empresas respecto de las condiciones salariales y laborales necesarias, y ningún mecanismo de control por parte del Ministerio de Trabajo –que a tales efectos están pintado en un país donde la informalidad laboral alcanza a un 40% de la clase obrera. Digamos entonces que la ley es “para el que le guste y quiera cumplirla” a cambio de recibir un premio. El carácter de clase de quienes idean estas normas se cuela por todos los poros.

Aún con estos límites, el tratamiento de la ley es una conquista y fruto de años de lucha y movilización. Será un piso para reforzar la organización y el reclamo por su efectivo cumplimiento. Como hicimos con nuestra banca con el voto favorable al dictamen, la organización 1969, el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero estaremos hoy en el Congreso bancando la lucha por la media sanción.