Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en 70 días de gobierno de La Libertad Avanza hubo 60 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado –tanto nacionales como provinciales. Milei y los bandidos que lo rodean, así como los gobernadores, son sostenedores de un régimen de terror policial contra los trabajadores en general y contra los más pobres en particular.

Bajo Milei, 20 personas fueron víctimas fatales de gatillo fácil; 19 murieron en cárceles o comisarías, 3 en un marco intrafamiliar por razones económicas, 3 tras ser impactadas por un patrullero y una a causa de femicidio de uniforme. Los 14 casos restantes fueron registrados luego de que culminara la elaboración del informe, el cual advierte que se está produciendo un crimen estatal cada 29 horas.

En estos casos están involucradas las fuerzas federales y también las locales. Si bien todavía no existe un análisis pormenorizado sobre las responsabilidades de cada fuerza en particular, los datos sobre las muertes provocadas por el Estado en 2023 sirven para tener una dimensión del problema: hubo 16 muertes en comisarías bonaerenses y otras tantas en CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Bajo el gobierno peronista de los Fernández, dice el informe de Correpi, “el 52% de las muertes (994 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales (con clara preeminencia del bonaerense, que concentra más de la mitad del total de personas detenidas del país, con 727 muertes); le siguen las policías provinciales con el 29% de las muertes (548 muertes); el servicio penitenciario federal (118 muertes), la Policía de la Ciudad (93 muertes) y la Policía Federal (85)”.

Y agrega que “bastante más lejos Gendarmería (20 muertes); Prefectura (9 muertes); policía de seguridad aeroportuaria (3 muertes); otras fuerzas como Fuerzas Armadas y personal de institutos de menores (25 muertes) y seguridad privada (6 muertes)”. Por otro lado, el 38% de las víctimas tiene menos de 25 años.

La policía bonaerense, dirigida por el gobierno de Axel Kicillof hace más de 4 años, es la más asesina de todas. Ha sido la responsable, en 2020, de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Ese año, en Tucumán, Luis Espinoza sufrió el mismo destino. En segundo lugar se encuentra la policía porteña, cuya dirección está en manos del PRO hace más de 16 años; el año pasado asesinó a Facundo Molares en medio de una protesta.

A la par de este crecimiento de los asesinatos del Estado, en dos meses de Milei cuarenta y seis personas fueron privadas de su libertad por protestar; treinta de ellas han sido apresadas en CABA y otras en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Rosario. Además, ha crecido el número de personas que nutren las cárceles (Buenos Aires lidera el top de detenciones), que se han convertido en centros de tortura donde las personas se hallan hacinadas, y, asimismo, en centros operativos en los que los narcotraficantes y la policía organizan todo tipo de negocios turbios.

Como se ve, el régimen represivo-asesino contra las masas es sostenido por todas las fuerzas políticas del capital. Bajo la democracia burguesa argentina han desaparecido cientos de personas, han sido asesinados casi 100 trabajadores en protestas (el gobierno más asesino fue el de De la Rúa, al cual le siguen los de Cristina Kirchner) y las violaciones a los derechos humanos y las libertades democráticas no han cesado sino que se han profundizado.

En este contexto, el gobierno de Milei promueve abiertamente el gatillo fácil, la brutalidad policial y el terror represivo en las cárceles. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene de habilitar el uso de armas de fuego para las fuerzas federales, dándoles licencia para matar. Milei es simpatizante del presidente Bukele, el cual ha montado en El Salvador una mega cárcel donde los presos no ven la luz del sol y deben comer con la mano.

Los libertarios presentan el gatillo fácil como un instrumento para combatir la inseguridad. Pero desde la vuelta de la democracia hasta hoy, lapso en el que el Estado asesinó a más de 9.000 personas, la inseguridad no ha hecho más que agravarse, lo que demuestra que la política de mano dura no resuelve absolutamente nada. El régimen narcoterrorista que impera en Rosario es una demostración de ello.

La inseguridad emana directamente del status quo económico y social reinante. El narcotráfico, las redes de trata y todos los negocios espurios no podrían desarrollarse sin la venia del Estado y sus fuerzas de seguridad. Las superganancias que se obtienen sobre la base de la destrucción material y espiritual de un sector importantísimo de la clase obrera, particularmente de la juventud, son legalizadas a través de la banca, los casinos, las inmobiliarias.

Milei está profundizando la política represiva que ha venido primando bajo los gobiernos anteriores. En la experiencia peronista de los “derechos humanos” (2019-2023), según Correpi, hubo 1.924 asesinatos estatales. El gobierno libertario quiere ir hacia una democracia de infantería para estar en mejores condiciones de aplicar el plan de guerra capitalista contra las masas.

No sorprende, entonces, que Sergio Berni, el favorito del kirchnerista Kicillof, se haya reunido con Bullrich para darle apoyo en su falsa lucha contra el narcotráfico en Rosario. Todos los partidos del establishment están a favor de reforzar la represión estatal, lo que siempre trae consigo un recrudecimiento de los asesinatos a manos de la policía.

Todo esto refuerza la necesidad de movilizar el 24 de marzo de manera independiente, con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy, y contra el plan ajustador y represivo de Milei y los gobernadores.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/por-un-24-de-marzo-independiente-con-el-encuentro-memoria-verdad-y-justicia

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