La Cámara 8 del Crimen de la Justicia de Córdoba condenó a cadena perpetua a los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes dispararon contra el Fiat Argo en el que circulaba Blas Correa junto a otrxs amigxs, la noche del 6 de agosto del 2020. Además, 10 uniformados fueron condenados por intentar encubrir el caso de gatillo fácil y por omisión de los deberes de funcionario público. Sin embargo, luego de cumplir sus respectivas condenas podrán seguir ejerciendo como policías. Otros 2 finalmente quedaron absueltos.

La sentencia abre la posibilidad de que se investigue al por entonces ministro de Seguridad, y actual diputado por el PJ provincial, Alfonso Mosquera, y a la jefa de la Policía Liliana Zárate. Es que durante el juicio la cadena de responsabilidades en el caso de gatillo fácil quedó al descubierto.

En efecto, luego de ocurrido el crimen “hubo cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”. Existe todo un modus operandi para asesinar y garantizar la impunidad del aparato represivo. Se trata de la misma forma de operar que también se vio en el caso de gatillo fácil de Isaías Luna, en el que las sentencias para los policías implicados fueron muy menores. También hubo penas leves a los policías responsables del gatillo fácil contra José Ávila.

El caso de Blas Correa demostró una profunda descomposición del aparato represivo del Estado. En ese sentido, el propio el exministro Mosquera expuso a todo el régimen político. A esta altura es claro que “el comisario Cumplido no es el techo de la cadena de responsabilidades”, aunque no haya sido condenado.

La sentencia del caso Blas Correa es catalogada por La Voz del Interior como un “Nunca más” a la violencia institucional de la Policía. La madre de la víctima, Soledad Laciar, definió el fallo como “un gran paso”, que esto recién empieza, y “ahora la política tiene que hacerse cargo”.

Y allí está la clave para que efectivamente se pueda concretar la consigna “gatillo fácil nunca más”. Sucede que los políticos capitalistas están inmersos en una carrera derechista que en lugar de desmantelar una institución descompuesta pretenden reforzarla, porque quieren usarla en contra de la movilización popular contra el ajuste en curso.

Ejemplo de lo antes mencionado son las leyes antiprotesta que desde el PJ y la UCR intentan aprobar desde hace varios meses en la Unicameral. Estas leyes son un claro ataque al movimiento piquetero que toma las calles reclamando por vivienda y salario digno. Pero también buscan golpear al conjunto de la clase trabajadora que resiste al ajuste. En ese sentido, en el día de ayer se aprobó un fallo judicial que le permite a las fuerzas policiales una mayor intervención en las manifestaciones.

En ese sentido,  el juez Juan Manuel Fernández López resolvió que la Policía “se encuentra legalmente autorizada a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”, según publicó La Voz del Interior. Se trata del mismo magistrado que declaró, según la citada fuente, que hay que cortarle la cabeza a lxs lideres piqueterxs, y que ahora autoriza a que las fuerzas de (in)seguridad a que hagan “todo tipo de tareas”, que incluye la infiltración en las columnas de las organizaciones. Como se ve, Juan Schiaretti persigue al movimiento piquetero usando su justicia adicta.

Por todo lo expuesto, es de vital importancia la consigna del desmantelamiento de las fuerzas de (in)seguridad. De la mano va el reclamo contra la criminalización de la protesta y persecución de quienes luchan para enfrentar el ajuste. Basta de gatillo fácil y represión policial.

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