Javier Milei recibió a Nayib Bukele en la Casa Rosada. El encuentro está signado por el ejemplo de Estado represor que el régimen Bukele significa para el gobierno, con sus políticas de militarización y mano dura. “La gestión de Bukele en materia de seguridad en su país es un ejemplo a seguir. Sus equipos técnicos intercambian experiencias y conocimientos con la ministra Bullrich”, afirmaron desde Casa Rosada.

Esto forma parte de la política de reforzamiento represivo en la que incurre el gobierno, lo que tiene su expresión en las decenas de represiones llevadas adelante por las fuerzas federales contra las protestas de docentes, jubilados y trabajadores en conflicto, e incluso en la persecución al movimiento piquetero que organiza a los más pobres contra el programa de ajuste oficial.

Cabe destacar que el llamado “estado de excepción” impuesto por Bukele desde 2022 es un régimen permanente de atropello a las libertades democráticas y militarización de los barrios más empobrecidos del país. A poco más de dos años de iniciado ese camino de suspensión de las garantías constitucionales se cuentan casi 80 mil detenciones, 6 mil denuncias de arrestos arbitrarios y torturas, y 240 muertes bajo custodia policial (La Prensa Grafica, 29/5).

Reportes internacionales denuncian, además, allanamientos sin orden judicial, presos políticos, espionaje sobre opositores y periodistas, condiciones infames de reclusión de las que ahorramos al lector los tenebrosos detalles (aunque las imágenes que ventila el propio gobierno son bastante indicativas) y juicios online masivos en los que los acusados no tienen acceso a sus abogados. Miles de personas han tenido que ser liberadas por el gobierno, lo que no hace más que confirmar que el régimen detiene a mansalva, indiscriminadamente, vulnerando la más elemental presunción de inocencia.

Este el régimen, impugnado por organismos internacionales por las constantes violaciones a los derechos humanos, es el que quiere imponer el gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recordemos que además viene de visitar a Bukele en El Salvador. “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, le dijo Bullrich durante la cumbre de fuerzas conservadoras en Washington.

Esta agenda tuvo como medida principal el protocolo antipiquete, el cual está orientado a desmantelar todo tipo de protesta; la convalidación de la doctrina Chocobar, principal promotora del gatillo fácil; ahora incluye la baja en la edad de imputabilidad, una demagogia punitivista que busca encarcelar a menores de edad mientras se le garantiza impunidad a los peces gordos del delito organizado; el proyecto “antimafias”, que viabiliza que se enmarque en “delito de terrorismo” a cualquier tipo de delito, como protestar; y la introducción de las Fuerzas Armadas en la represión interna para garantizar que el programa oficial pase a fuerza de palos contra una población cada vez más empobrecida.

Para promover el reforzamiento represivo, el gobierno utiliza como fachada “el combate contra el delito organizado”. Sin embargo, hoy el narcotráfico mantiene sitiada a una provincia entera, como es Santa Fe y su proliferación tiene com rehenes a los barrios más vulnerables, donde las familias son amedrentadas sistemáticamente. En paralelo, la trata de personas crece a nivel nacional, donde incluso varios funcionarios forman parte del entramado y hasta el propio comisario, como pasó con el caso Loan.

Esto sucede en un país que tiene 614 agentes por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio recomendado y del que existe en países como Paraguay, Ecuador, México, Colombia o Chile, según informes de organismos internacionales citado por el propio teniente general retirado, Juan Martín Paleo.

Sucede que son las mismas fuerzas policiales las que promueven el funcionamiento de este tipo de negocios espurios, quedándose con una tajada, y bajo el amparo del propio Estado. Es lo que demuestra la inviabilidad del programa de Milei y Bullrich que, lejos de combatir el delito, le otorgan herramientas como el blanqueo de capitales, mecanismo para el lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros. A su vez, refuerzan a las fuerzas federales, las mismas encargadas de garantizar el funcionamiento de este tipo de negocios y mantienen la privatización de los puertos, principal vía de ingreso del tráfico ilegal.

La lucha contra el “crimen organizado” es la coartada para profundizar una tendencia creciente a criminalizar a los sectores populares con el objetivo de intimidar a los más vulnerables y explotados para que no enfrenten los planes empobrecedores que ejecuta este régimen social capitalista en descomposición. 

Este régimen social y sus gobiernos no pueden resolver ni lo más elemental como es la seguridad ciudadana porque forma parte del esquema mafioso del delito de manera orgánica. Ahora quieren usar el crecimiento de la violencia narco para profundizar la violencia estatal contra los que luchan. No se los podemos permitir.

Fuera Milei y su veto

Este miércoles 2 ganemos las calles por la universidad, los jubilados, el salario, contra los despidos, los tarifazos, y los palos y gases de Bullrich. –

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