El abogado de la familia de Blas Correa, Alejandro Pérez Moreno, confirmó por los medios cordobeses la elevación a juicio de los 13 policías imputados por el caso de gatillo fácil, ocurrido en las primeras horas del 6 de agosto. La noticia se da casi al mismo tiempo que arribe la información de que el excomisario Cumplido era sobreseído de la causa, luego que declarara que iba a “contar todo”, refiriéndose a las responsabilidades en la noche del gatillo fácil.

En este escenario, las principales penas caerían sobre dos de los policías señalados como autores materiales de los disparos: los cabos Lucas Damián Gómez, y Javier Catriel Alarcón. Los otros 11 policías serán juzgados por plantar el arma y encubrimiento. Los comisarios inspectores Soria y Galleguillo serán los efectivos con cargos más altos llevados a juicio, aunque se esperan penas menores por las imputaciones que se les acusa. Recordemos que los comisarios mencionados actuaron la noche del crimen según instrucciones emitidas por el excomisario Cumplido.

En ese sentido, el abogado Alejandro Pérez Moreno, en declaraciones a Hoy Día Córdoba, señaló: “Cumplido dice haberles dado órdenes y directivas a dos comisarios que, según sus propios dichos, hicieron lo que él les ordenó, y estos dos comisarios, por hacer eso, están presos, con prisión preventiva confirmada por el fiscal, por el juez de control y por la Cámara de Acusación. Entonces, la otra cara de la moneda: no estuvo a la altura de las circunstancias la Fiscalía Anticorrupción”.

La clausura de la causa a cargo del fiscal Mana tiene un tinte de impunidad. Hay una cadena de responsabilidades que excede a los 13 policías imputados y que con esta elevación juicio quedaría sin investigar. El primer paso de este cuadro de impunidad fue el sobreseimiento de Cumplido, que como bien señaló la Soledad Laciar “no es el techo de las responsabilidades”.

El gatillo fácil contra Blas puso al descubierto un aparato policial descompuesto, que el Poder Judicial no investiga de raíz. Sucede que el poder político al cual responde la Justicia también está comprometido.

No olvidemos que quienes dispararon contra les pibes tenían causas abiertas y sin embargo cumplian funciones para la Policía de Córdoba. El tribunal de conducta dependiente del gobierno provincial dijo que estaban esperando que actúe la Justicia y por esto le habían levantado las sanciones a los que luego serían los futuros asesinos de Blas.

La madre de Blas, Soledad laciar, sintetizó en la frase “un sistema corrupto” la situación de la causa en la que se puso en marcha el mismo modus operandi de represión estatal, encubrimiento e impunidad del que también fueron víctimas Joaquín Paredes o Álvaro Zarandon.

El gatillo fácil, es decir la expresión brutal de represión estatal, también expone a todo un régimen político de hambre que le está quitando el futuro a la juventud. Para peor, las muertes a manos de la policía no se terminaron con los casos ocurridos en Córdoba el año pasado: según informan los organismos antirrepresivos, se calcula que en este 2021 hay un caso de gatillo fácil cada 24 horas.

Señalamos que para terminar con la injusticia de este “sistema corrupto” hay que proceder a la elección popular y revocabilidad de jueces y fiscales para terminar con la corrupción reinante.

Solo la lucha independiente en un frente único de todas los amigos y familiares de las víctimas de la represión estatal podrá tirar hasta el final y desenmascarar la cadena de responsabilidad para que caigan todos los que tengan que caer y conquistar justicia.

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