Este 18 de septiembre se cumplen 15 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los ’70, vecino de Los Hornos, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo en los juicios contra los genocidas, con cuyo caso se inauguró la figura del exdetenido desaparecido vuelto a desaparecer. Son 15 años de impunidad y encubrimiento. Hace 7 años desde la querella de Justicia Ya La Plata llevamos la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estas horas nos reunimos con integrantes de la CIDH y hemos resuelto pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta.

En mayo de 2014, hace ya 7 años y por el estancamiento de la investigación del caso de Jorge Julio López en la Justicia Federal argentina, desde el colectivo Justicia Ya! La Plata realizamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el secuestro y la segunda desaparición forzada del compañero, ocurrida el 18 de septiembre de 2006. La denuncia solicitó se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral, en el que fue condenado (con sentencia firme) por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros represores de la bonaerense en los campos de Arana, las Comisaría 5ta y 8va y la Unidad 9.

Durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la Justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad.

Durante los 3 primeros meses la Jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparición forzada, la causa pasó en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Kreplak. La “investigación” federal solo agregó miles de fojas inconducentes en la causa: realizaron allanamientos preavisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Llevado el caso al sistema interamericano, el 5 de septiembre de 2017 se nos informó que la CIDH corría traslado de nuestra denuncia al Estado argentino. El 16 de febrero de 2018 nos notificó su respuesta: “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48 (1) (f) de la Convención”. Durante la gestión de Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López, lo cual no fue llevado a cabo. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández, la Comisión insistió con el mecanismo de la “solución amistosa” a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.

En una reciente entrevista con integrantes de la Comisión Interamericana expresamos nuestra exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta.

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