El día miércoles 15, en un tribunal en el que se trató el caso del crimen de Rafael Nahuel, se escucharon los alegatos de las defensas de los albatros (efectivos pertenecientes a a un grupo de tareas especiales de Prefectura Nacional), y, como era de esperarse, pidieron su absolución. Marcelo Rocchetti, abogado defensor de Pintos, Sosa y Cavia, expuso por cerca de cuatro horas, apoyado en una idea del derecho que dice que para parar con las “amenazas” se debe disparar hasta que dejen de existir. Es que para el exJefe de Gabinete del Ministerio de la provincia de Buenos Aires cuando era gobernadora María Eugenia Vidal en 2017 no hubo ni siquiera un enfrentamiento, mucho menos una “cacería”, y sí una legitima defensa de sus defendidos ante la amenaza.

Alejandra Bussetti y Anabella Schmid, abogadas de García y Obregón, expusieron por cerca de dos horas sosteniendo el principio de inocencia; según sus análisis, los albatros fueron recibidos violentamente por los ocupantes. Las tres defensas de los albatros sostuvieron que Rafael Nahuel, Lautaro González y Fausto Jones Huela dispararon, apoyándose solamente en los testimonios de las fuerzas represivas y en pruebas seriamente cuestionables como los análisis de restos de disparos.

Rochetti y “la pobre Patricia Bullrich”

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri manifestó: “Ridículo, absurdo e ilógico es pensar que los albatros estaban de cacería”. Para tremenda afirmación se apoyó en dos de los lideres del grupo Albatros que no estuvieron en el lugar, pero que aseguraron que “el operativo se ajustó a derecho”. También en los testimonios de uniformados, que aseguran que los “usurpadores”, como los llamó durante toda su exposición, tenían armas. Los restos de pólvora que se encontraron en las manos de Rafa (movido y tocado por más de 5 horas por todos) y de Lautaro y Fausto, son dudosos; porque, como dijimos arriba, fueron manipulados por los fuerzas de seguridad. Sin embargo, eran prueba suficiente para asegurar que los albatros actuaron en defensa de su propia vida ante esa amenaza que habría disparado.

“La pobre Patricia Bullrich”, que era la ministra de Seguridad al momento del asesinato de Rafael Nahuel, fue respaldada provocativamente por Rocchetti. Bullrich desplegó la política represiva bajo el gobierno de Mauricio Macri (desalojos como el de Villa Mascardi, la desaparición de Santiago Maldonado, el propio asesinato de Rafael Nahuel, etc). Sin embargo, como quedó evidenciado en el juicio, dicha política continúa con el pleno funcionamiento del cuerpo armado conformado entre los gobiernos de Río Negro, Neuquén, Chubut y el gobierno nacional, y de la Ley Antiterrorista, votada bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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“Dispararon mis tres defendidos, pero también dispararon Rafael, Lautaro y Fausto, y esas pruebas están y fueron afirmadas”, dijo. Y prosiguió señalando que “el disparo fue para paralizar la amenaza, no para matarlo. El ataque de armas (que afirma está comprobado) fue respondido de manera equilibrada. La decisión que adoptaron fue la correcta, bajo un mandato legal y una orden judicial. No hubo una decisión de matar, porque no dispararon a matar, sino que se ajustaron a derecho. No hubo exceso, ni imprudencia ni negligencia”.

Por último, pidió que se descarten los alegatos de la Apdh, de la secretaria de DD.HH. de la Nación y de la defensa de la familia por no haber podido, según su mirada, argumentar todo lo que se les imputa a los albatros. Recordemos que ambas querellas habían solicitado perpetua.

Por su parte, las abogadas de García y Obregón sostuvieron que el “homicidio agravado con armas de fuego en legitima defensa” es una acusación que el fiscal no pudo argumentar. Recordemos que el fiscal Vehils Ruíz solo pidió 5 años para los albatros, un pedido que le recriminamos junto a Nadia Paris de Radio Zona Libre.

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Sostuvieron que Rafael, Lauta y Fausto dispararon, valiéndose de las pericias hechas por el Estado, y que sus defendidos estuvieron “a derecho” y “bajo las normas de la ley” todo el tiempo.

40 años de democracia: violencia institucional y terrorismo de Estado

A poco de cumplirse 40 años de democracia, la violencia institucional del Estado continúa ejecutándose de manera explicita, o simbólica. La desigual situación en la que se encuentra la familia de Rafael Nahuel y quienes acompañan su pedido de justicia se vivencia en la colecta para costear pasajes, ollas populares para bancar el piquete afuera del juzgado durante las audiencias y un apoyo logístico para aguantar una cobertura hecha por medios alternativos. Adentro, jueces, secretarios y fiscales toman café, custodiados por un cerco policial y vallas, mientras defienden la teoría de la “amenaza”. Vale mencionar que los albatros no han estado presentes durante el juicio, tampoco sus defensas.

Hay que recordar que Fausto Jones Huala no pudo, al momento de declarar, hablar en mapudungun, la lengua mapuche; y que a la delegación del Valle de Río Negro de la APDH no le dejaron poner su propia bandera, una orden emanada del propio tribunal que juzga el juicio antes del inicio del alegato de Rocchetti.

También forman parte de esa violencia el racismo, la discriminación, la estigmatización y la creación de la “amenaza” (en el lenguaje utilizado en los discursos). No es casual que “la pobre Patricia Bullrich” se haya sumado a la campaña y al acto de cierre del liberal Javier Milei. Rocchetti perfila así una orientación que se aplicó en el pasado, que se profundizará con Milei pero que también se evidencia bajo el actual gobierno. Sino no pueden explicarse los cientos de criminalizados y elevados a juicio por protestar y reclamar contra el ajuste y el hambre en el país; el caso, por ejemplo, de Daniel Solano, mencionado en el juicio, caso emblemático de violencia institucional y terrorismo de Estado (Daniel sigue desaparecido y siete policías cumplen perpetua) o la desaparición de Julio López.

Es decir, están muy presentes, a cuarenta años de la vuelta de la democracia, rasgos muy claros de esa violencia institucional y del terrorismo de Estado que rechazó Rocchetti durante su alegato, de manera implícita o simbólica, como dijimos. En este cuadro (no) resulta llamativo que Massa, que levanta la bandera de los derechos humanos, no haya mencionado, justo en el balotaje y ante nada menos que Milei y con todo el país mirándolo, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. La democracia tiene sus asesinatos de luchadores y de trabajadores y sus desapariciones. Y eso es irrefutable.

El 29, masivamente a la sentencia

La sentencia, que se pasó para el 29, será leída en el juzgado de la Justicia Federal de Fiske Menuco/General Roca, y no en Bariloche, como habían pedido las defensas ante la imposibilidad de la familia de costear gastos. Volviendo a la violencia mencionada arriba, y a los 40 años de la “democracia”, muchos actores y defensores de ella debería replantearse muchas cosas.

Desde el Partido Obrero convocamos a acompañar las últimas dos instancias de un juicio que es seguido por todos los medios nacionales con la más absoluta atención. Y no es para menos. Las querellas podrán rechazar el pedido de nulidad de sus alegatos hecho por Rocchetti y el juzgado definirá sobre ello. El 29 se leerá la sentencia.

Queda claro que a Rafael lo mataron por la espalda, y eso es un hecho que ni la defensa de los albatros pudo desacreditar. El armado alrededor de esa prueba parte de crear enemigos y demonios, desconociendo una línea de continuidad desde la Conquista del Desierto hasta estos años de democracia; algo construido desde las entrañas del propio Estado, y que tanto las defensas de los Albatros como los gobiernos buscan desconocer.

Justicia para Rafael Nahuel. Perpetua y cárcel común para los albatros asesinos.

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