La marcha contra la criminalización de la protesta puso sobre la mesa una política de persecución, por parte del gobierno nacional y de todos los gobiernos provinciales, hacia la lucha popular. Tal es así que hoy en el país existen cientos de causas contra activistas, piqueteros y obreros que se han movilizado contra el hambre, en defensa del ambiente o por salarios y condiciones laborales. Quieren aleccionar al pueblo frente al redoble del ajuste que se viene.

La Justicia acaba de confirmar la condena de César Arakaki (militante del Partido Obrero) y Daniel Ruiz (militante del PSTU), luego de rechazar los recursos presentados por la defensa. Estos activistas fueron procesados bajo la carátula de “intimidación pública” por luchar contra la reforma previsional del macrismo, junto a una enorme movilización popular que rechazaba el robo a los jubilados. Cabe destacar que también que los han querido culpar por otros delitos, como la agresión hacia un policía, lo cual terminó siendo inconsistente por falta de pruebas y fue retirado por la propia querella.

En Jujuy, la provincia del represor Morales, Sebastian Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti están procesados por movilizarse por alimentos para comedores y merenderos populares. A su vez, Alberto Nallar, abogado de comunidades originarias, fue condenado a 3 años y medio de prisión efectiva, un embargo de $7 millones e inhabilitación para ejercer, por considerarlo autor material y responsable de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”, en el marco de la rebelión del pueblo jujeño contra la reforma previsional reaccionaria del gobernador.

En Salta, el gobierno tiene 20 docentes procesados por movilizarse por aumento salarial y el 82% móvil. Recordemos que el gobernador Sáenz además viene de aprobar una ley antiprotestas que incluso avanza en una prohibición específica contra el derecho de huelga de los trabajadores de la salud, la educación y el transporte.

En Neuquén, hay más de 50 procesados, muchos de ellos militantes del Partido Obrero y el Polo Obrero por participar de la lucha de los trabajadores de la salud, conocidos como “elefantes”, donde reclamaban mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, luego de haberle puesto el cuerpo a la pandemia. Esta batalla, que conquistó un incremento del 53% y un ajuste automático por inflación, recibió la solidaridad de todo el pueblo argentino, por lo que ahora buscan amedrentarlo con lecciones ejemplificadoras. Entre ellos está el compañeros Humberto Fabián Enrique Bosques, enfermero del hospital de Junín de los Andes, Federico Costa de Chos Malal y Lautaro Palma Parodi de Zapala, solo por citar a algunos.

En Catamarca hay 20 procesados por defender el ambiente, entre ellos Sergio y Miguel Rojas, y Ailén Saracho Diamante, militante de la UJS. Se los acusa por “amenazas y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra” luego de la represión durante el corte en Mina Capillita, camino al proyecto Agua Rica-Mara en marzo de 2022.

En Mendoza, Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo pretenden condenar a Víctor da Vila (dirigente del Partido Obrero), Martín Rodríguez, Lorena Torres, Jimena Báez (del Polo Obrero y del Partido Obrero) y Ernesto Huerta (del FOL), por “reiterancia” en cortar calles y manifestarse contra el hambre y la miseria en la provincia, y en reclamo de alimentos a los comedores populares. También está imputada la dirigente estatal Raquel Blas, de larga trayectoria en la lucha en la provincia.

En Córdoba, la provincia de Schiaretti, quieren elevar a juicio a Soledad Díaz, Emanuel Berardo, dirigentes del Polo Obrero y el Partido Obrero, el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, Agustín Nazar del MST, Roxana Carezano de MTR-Cuba y Marisa Cariddi de Libres del Sur, por movilizarse contra el hambre en la provincia.

En el Chubut del massista Arcioni la lista de procesados, imputados y condenados es seguramente la más alta en relación a la población general. En su mayoría por la lucha contra la megaminería y contra los atrasos y recortes salariales del gobernador. Hay 5 procesadxs, entre ellxs Santiago Vasconcelos, diputado por el Frente de Izquierda Unidad, bajo la carátula de “entorpecimiento de servicios públicos” por el corte de ruta de mayo de 2021 en defensa del agua, luego de que la Legislatura rechazara la Iniciativa Popular con más de 30 mil firmas que buscaba impedir la megaminería. Hay 12 imputados por la rebelión popular del Chubutazo; dos docentes condenados (uno de ellos el ex secretario general de Atech) por las manifestaciones luego del fallecimiento de las docentes María Cristina y Jorgelina;  una docente condenada por corte de ruta en Sarmiento, una ruta petrolera. Más de una decena de imputados por la protesta antiminera realizada en la visita de Alberto Fernández. Dos procesadas por apoyo a la toma de la oficina de turismo por lucha mapuche: los actuales secretarios general y gremial de atech procesados por corte de ruta.

En Santa Cruz, Alicia Kirchner judicializa a Gabriela Ance, Diego Barrientos, Claudio Wasquin y Juan Manuel Valentín por reclamar pago en tiempo y forma de salarios estatales. 6 años después, la carátula que especificaba una simple imputación por invasión de domicilio, que aún no ha podido ser probada por falta de pruebas (por eso lleva seis años sin resolverse) se modifica a “intento de femicidio/homicidio”. Una acusación ridículamente brutal, que además banaliza un tema extremadamente sensible para la sociedad argentina, donde una mujer es víctima a manos de un femicida cada 27 horas y el Estado no mueve un dedo para modificar esa realidad.

En Chaco, la provincia de Capitanich, el juez Ernesto Azcona, condenó a Daniel Rivero y a Daniel Tabares, secretario general y tesorero respectivamente del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH), a 3 años de prisión de cumplimiento condicional por reclamar salarios adeudados y ropa de trabajo, bajo la carátula  “instigación a cometer delitos”, haciendo referencia a la lucha llevada adelante por los trabajadores en junio de 2021 en la empresa. Vale destacar que además el sindicato venía denunciando las estafas y el vaciamiento de los recursos de Sameep (servicio de agua y mantenimiento empresa del estado provincial) hace años.

En Misiones están procesados Luis Borges y Abel Bueno, Junior Ferreyra y Juan Cabriza del Mtr Votemos Luchar por el Cambio Social, con distintas causas por manifestar frente al Municipio de Campo Viera. También los compañeros del Partido Obrero Eduardo Cantero y Eduardo Zeretki.

Queda claro que a la hora de perseguir manifestantes y avanzar contra el derecho a la protesta no hay grieta porque todos preparan un ajuste mayor contra las condiciones de vida de los laburantes para cumplir con el FMI, incluso cuando casi la mitad de la población ya está sumergida en la pobreza. Por eso todos los partidos patronales cierran filas para criminalizar la protesta social. Es un momento vital de reagrupamiento de los luchadores populares y una línea de defensa y acción contra quienes quieren en el próximo período reforzar una línea de cercenamiento de las libertades democráticas y reforzar las agresiones contra los sectores populares. El derecho a la protesta se defiende en las calles.

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