Este martes 11 será la lectura de la sentencia a Matías Schierloh, docente de Chubut, considerado como co-autor responsable del incendio a la Legislatura provincial del 17 de septiembre de 2019 en Rawson. Es necesario destacar que la pueblada ocurrida esa noche se desató cuando al acampe docente –votado en un plenario provincial de delegados ese mismo día, en el marco de un plan de lucha por la paritaria salarial docente- llegó la noticia del trágico accidente en el que fallecieron Jorgelina y María Cristina, docentes de Comodoro Rivadavia que habían participado del plenario y la movilización en Rawson (Jorgelina y María Cristina presentes, ahora y siempre).

El juicio a Matías Schierloh es un nuevo ataque aleccionador contra la docencia. Si bien la jueza María Tolomei había otorgado una probation en 2022, tiempo antes de que el juicio por la misma causa a otros tres trabajadores de la educación iniciara, la suspensión de juicio fue revocada por Casación, avalando la impugnación de la fiscal Florencia Gómez.

El fallo contra Santiago Goodman (otro de los acusados), ex secretario general de Atech, obligó a que la Ctera convoque a un paro nacional en el marco de luchas aisladas que ya se venían dando en las provincias. A la fecha continúa la pelea legal por la modificación de sentencia.

Si bien toda probation puede ser revocada, llamativamente el armado de la causa fue “cuidadoso”: la aplicación de los testimonios y las evidencias presentadas en esta oportunidad por el Ministerio Público Fiscal fueron más encubiertas, los policías ni fueron interrogados sobre el espionaje ilegal que llevaron adelante –por ejemplo contra Goodman. Nuevamente, los medios adictos a la pauta –y en el marco de la sexta semana consecutiva de paro docente en la provincia por la reapertura de la paritaria salarial- generaron todo tipo de especulaciones a favor de la justicia arcionista, el rol docente y el daño al bien público. ¡Basta de medios adictos a la pauta oficial!

El segundo caso de criminalización de la protesta social fue en abril, contra Estela Juárez, en un juicio express (en Comodoro Rivadavia) y en el marco de una acción de paro y movilización votada en el Congreso Extraordinario de Atech. El juicio duró algunas horas, ya había tenido que ser suspendido previamente producto de una movilización; se excusaron diciendo que había “mala conectividad”. Los docentes ya no utilizamos la virtualidad como instancia de encuentro, pero para la Justicia todo vale.

Estela Juárez fue condenada porque la lucha docente y estatal ganó la solidaridad de clase: en el marco del no pago de salarios, los estatales piqueteaban y volanteaban en las rutas 3 y 26, y los trabajadores del petróleo decidieron acompañar la lucha en lugar de ir a sus puestos de trabajo. La Justicia de los capitales petroleros condenó a Estela.

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La misma sintonía política

La criminalización de la protesta social de Arcioni se profundizó con el procesamiento de 16 vecinos que luchan en defensa del agua y contra el avance de los capitales extractivistas instalados en la provincia desde hace décadas. Se trata de una política que no solo tiene lugar en Chubut. En Santa Cruz, Alicia Kirchner judicializa a Ance, Barrientos, Wasquin y Valentin por reclamar el pago en tiempo y forma de los salarios estatales, con un giro de tuerca insospechado: seis años después, se modifica la caratula de “invasión de propiedad” por la de “intento de femicidio/homicidio”.

En Jujuy, Gerardo Morales hace lo mismo, para hacer pasar la reforma constitucional con la que pretende profundizar la criminalización de la protesta social. Otro caso de criminalización de la protesta es el de César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por su férrea defensa de los jubilados frente a la reforma previsional reaccionaria de Macri y el PJ (2017). ¡Luchar no es delito! Vamos por la absolución y desprocesamiento de todos los criminalizados por luchar.

Absolución inmediata a Matías Schierloh. Necesitamos un paro nacional y plan de lucha de la docencia contra la criminalización y por todas nuestras reivindicaciones.

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