El día 10 de abril, se difundió la detención de ocho miembros del servicio penitenciario, entre los que se encuentran guardiacárceles, un exdirector y dos médicos del establecimiento Padre Lucchese (Bower). Resta la detención de un integrante más del grupo de nueve personas que se encuentran imputadas por ‘’tortura seguida de muerte’’.

El hecho sucedió el 16 de septiembre del 2023. César Darío Moreno, un paciente psiquiátrico, fue detenido y trasladado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) por un hecho de lesiones, tras un altercado en una panadería. Al ser valorado por el Centro Psicoasistencial (CPA), recomendaron un tratamiento ambulatorio, y resolvieron que, a pesar de padecer de bipolaridad, no reunía criterios de internación, por lo que la UCA definió trasladarlo a Bower, por el déficit en los servicios médicos de ese establecimiento. Algunas fuentes señalan que fue por la sobrepoblación que existía en la UCA en ese momento.

A Moreno lo golpearon y luego lo llevaron a la celda de castigo, a la ‘’cama de sujeción’’, pero todavía el hecho no se encuentra esclarecido. Soledad González, la pareja y madre de la hija de Moreno, dijo que “atravesaba un brote psiquiátrico” en ese momento, a causa de su patología, pero que no era una persona violenta, en lo que coincidieron sus amistades. Además, en Cadena 3 dijo que “la autopsia es terrible: son tres páginas de golpes, ligaduras, arrastres, desprendimiento del cuero cabelludo; es una brutalidad lo que hicieron con él, que era un hombre trabajador y era todo para mi hija”. “Nada va a apagar el dolor, solo la pequeña luz de que se pueda hacer justicia”, y llamó la atención de que existen muchas personas con patologías mentales.

No es un hecho aislado. Tenemos los casos de Ezequiel Castro, de Matías Mariño, de Luis Alberto Santacruz. A nivel nacional, recordamos el caso de Argentino Pelozo Iturri, en una cárcel federal de Neuquén, que llegó a condena en el 2019, entre muchos otros. Los presos no acostumbran a denunciar las torturas en el interior de las cárceles y los funcionarios no acostumbran a cumplir con su deber y garantizar las condiciones y derechos de las personas en el interior de las mismas. Existe una grave crisis en el sistema penal cordobés y nacional. Las aprehensiones han aumentado en los últimos meses y han producido sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios, lo que provocó reclamos de los presos en la UCA en febrero de este año. Al mismo tiempo, se ha cambiado hace unos meses la cúpula del sistema penitenciario, al ser investigada por narcotráfico y asociación ilícita.

La muerte de Moreno es producto de una política represiva descompuesta que viene desde hace años bajo el gobierno del peronismo cordobés. El gobernador Martín Llaryora profundiza estas tendencias. Es un aliado predilecto de Milei. Promueve un ajuste brutal, con despidos en el Estado y jubilaciones de miseria, lo que agrava la crisis. Además, ha elevado a juicio la causa contra el referente del Polo Obrero, Emanuel Berardo y otros, en un ejemplo claro de persecución política hacia el movimiento piquetero.

El próximo 18 de abril a las 18 horas, en plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, desarrollaremos una gran asamblea obrera y popular en Córdoba, en la perspectiva de reforzar cada una de las luchas obreras y populares, entre las que se encuentran incluidas las libertades democráticas y los derechos humanos. Justicia para la víctimas del sistema penitenciario. El Estado y el gobierno son responsables la muerte y de la tortura.