La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a exigir que el estado argentino cumpla con las sanciones que le impuso hace ya 6 años, cuando el tribunal dictaminó que el Estado era el responsable de que Walter Bulacio hubiera muerto torturado a golpes por policías de la comisaría 35 de la capital y de que sus ejecutores sigan en la más absoluta impunidad.

La CIDH exige que el gobierno investigue penal y administrativamente a los responsables (con la familia como querellante), que investigue y sancione a los jueces que dilataron el proceso durante casi veinte años, que prohíba las detenciones ilegales de jóvenes y derogue las leyes, códigos y edictos que las admiten. La CIDH exige que la familia sea admitida como querellante en la causa porque la Justicia ha tenido la infamia de permitir que el entonces comisario de la 35, Miguel Angel Espósito, sea querellante, pero desconoció ese derecho a la familia.

El gobierno kirchnerista se ha limitado a pagar una indemnización económica a la familia y a exonerar a Espósito. En octubre, la mamá de Walter rechazó indignada una invitación de Cristina K, que tenía el objetivo de garantizarle “el compromiso del gobierno con la investigación del crimen”.

El único compromiso de los Kirchner en estos años es con los asesinos, que siguen todos en libertad.