Al mismo tiempo que la justicia mendocina detenía dirigentes de izquierda por manifestarse, un genocida realizó una colosal fiesta con la presencia de Palito Ortega. Si bien corresponden a dos fueros diferentes, ambas situaciones suceden al mismo tiempo en el mismo lugar.

Jorge Antonio Olivera festejó en Mendoza sus 50 años de casado con la presencia de Palito Ortega y de la afamada defensora de genocidas Cecilia Pando. La noticia corrió rápido por las redes porque el festejante fue condenado a perpetua en tres causas por crímenes de lesa humanidad. Fue acusado por más de cincuenta asesinatos y estuvo al mando de varios centros de detención durante la dictadura. Era conocido como el “carnicero de San Juan”.

Hizo trascender su nombre por jactarse de haber violado a sus víctimas durante la dictadura, por haberse fugado primero en el año 2000, hasta que fue encontrado en 2008 y posteriormente condenado; y luego por volverse a fugar en 2013 hasta 2017. Además de su paso por el Ejército, fue defensor, como abogado, primero de Emilio Massera y luego, en 1998, de el nazi Erich Priebke que estaba escondido en Bariloche.

Este genocida obtuvo su prisión domiciliaria en 2019 porque había cumplido 70 años y “por cuestiones humanitarias”. Sin embargo, casi de inmediato presentó un certificado de salud falso para poder salir. Si bien se solicitó revocarle la domiciliaria, el Tribunal de Casación la mantuvo. Ahora, tras el escándalo, se ha solicitado una averiguación por la fiesta.

Cuarenta años después de la caída de la dictadura, y tras una enorme lucha en defensa de los derechos humanos, es absolutamente repudiable esta situación. El genocida Olivera y todos los participantes de su fiesta se burlan de la población y demuestran la impunidad judicial que poseen. Una impunidad que queda manifiesta cuando al mismo tiempo en que el asesino de decenas de personas festeja con famosos, un trabajador como Martín Rodríguez era coaccionado por la justicia para aceptar una condena por marchar contra el hambre y el ajuste del gobierno.

Olivera manifestó numerosas veces que no pretende ponerse a disposición de la Justicia y que reivindica la política genocida que desapareció, torturó y asesinó a miles de personas. Aún así en Mendoza las amenazas de prisión y la persecución judicial se dan por violaciones al artículo 194 y aplicando la figura ilegal de la reiterancia.

Señalamos que el gobierno y la Justicia mendocina actúan como cómplices de los genocidas. Exigimos la revocación de la cárcel domiciliaria a Olivera y a todos los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Por el cese de la represión y la persecución política que se sufre ahora en 2024 con los mismos métodos de la dictadura. Por justicia para los 30 mil compañeros desaparecidos.

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