El viernes 30 se realizó la audiencia pública en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, convocada por la bancada legislativa del Frente de Izquierda Unidad, contra el gatillo fácil, la impunidad estatal y la persecución a los trabajadores y la juventud. Esta iniciativa contó con una amplia representación de familiares de víctimas de la violencia policial. Estuvieron presentes el secretario general del Suteba Tigre (Multicolor), Alfredo Cáceres, y, por el Partido Obrero, una delegación encabezada por el diputado provincial Guillermo Kane. También hizo uso de la palabra el precandidato del PO a intendente de La Plata por la lista “Unidad de luchadores y la izquierda” en el FIT, Daniel Rapanelli.

La palabra de los familiares

Un hecho muy destacado fue la numerosa concurrencia de amigos y vecinos del joven Gabriel Duarte, asesinado por los narcos en La Matanza. Como denunciaron su madre y su hermana, este crimen, cometido por un sicario, tuvo complicidad policial y da cuenta de la estrecha relación entre el rentable negocio del narcotráfico y las fuerzas de seguridad. La penetración narco en las barriadas es una muestra de la descomposición política de esta democracia fondomonetarista y de los aparatos de seguridad que le sirven de protección y cobertura.

Muy conmovedor fue el testimonio de la madre de Brandon Romero, un joven trabajador panadero marplatense asesinado por la policía a los 17 años de edad. La mamá de Brandon viajó especialmente desde Mar del Plata para dar su testimonio y denunció la manipulación del juicio y la sentencia que absolvió al policía asesino. La impunidad y desprecio clasista por los trabajadores viene desde el Estado y se institucionalizó con la llamada “doctrina” Chocobar que defiende Sergio Berni, el “cárcel o bala” de José Espert (candidato de Larreta) y las provocaciones de Patricia Bullrich y del otro facho de Milei.

Los familiares de Lito Costilla, trabajador y repartidor platense, aportaron su experiencia de lucha, que impuso con la movilización popular la detención de los tres policías implicados en el asesinato. Fue la lucha y la unidad de acción con la izquierda la que desnudó las mentiras de la policía local de Julio Garro que quiso fraguar un accidente de tránsito. Como denunció el Partido Obrero en la audiencia, el gobierno municipal del Pro sentó las bases de la impunidad policial con el llamado “Código de Convivencia” que promueve la mano dura, autoriza la represión a las manifestaciones, reclamos y piquetes, y persigue la venta callejera, una suerte de “precuela” bonaerense de la reforma constitucional del represor Morales en Jujuy.

Uno tras otro, cada testimonio puso en el banquillo a la maldita policía, como la calificaron los propios familiares. Así lo hizo, y con mucha claridad, la madre de Facundo Astudillo Castro, quien denunció el secuestro- seguido de muerte- de su hijo a manos de efectivos de Bonaerense y el encubrimiento del crimen por parte del ministro de seguridad. Igualmente directa en sus denuncias fue la mamá de uno de los chicos baleados y asesinados por la policía en la masacre de San Miguel del Monte. También se dirigió a los presentes la mamá de uno de los cultivadores canábicos detenidos en Puán, del total de 20 jóvenes que fueron presos en un impresionante despliegue policial de 250 efectivos, algunos continúan encarcelados a pesar de contar con el permiso correspondiente para cultivar. Este entramado entre Berni, la Bonaerense y la “Justicia” fraguó una megacausa trucha mientras los verdaderos narcos copan los barrios con absoluta impunidad.

Otro caso relevante fue la muerte de Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia apaleado por la policía a la salida de la cancha. Por la trascendencia que tuvo y la brutalidad policíaca que mostraron las cámaras de televisión contra las familias que habían ido a ver el espectáculo deportivo y sufrieron palazos, gases lacrimógenos y balas de goma, Sergio Berni quedó bajo las cuerdas y sindicado como el principal responsable de la represión. Como viene repitiéndose, el ministro fue salvado por el gobernador Kicillof que lo mantuvo como titular de “Seguridad” en el gabinete provincial. El mismo gobernador que mandó a 5.000 efectivos a desalojar “manu militari” la recuperación de tierras en Guernica, hace campaña por su reelección bajo el lema “la derecha o los derechos” mientras lo premian a Sergio Berni con una cabeza de candidatura en la segunda sección electoral.

El Estado capitalista es responsable

Correpi denunció que en estos 40 años de democracia y hasta fines del 2022, fueron 9.000 las personas muertas por los organismos de “seguridad” del Estado. Solo en el curso del año pasado hubo 436 muertos de los cuales 319 estaban bajo custodia policial, 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil, y, el resto, delitos de femicidios cometidos por policías en actividad. Casi el 10% de estos asesinatos de género corresponde a miembros de la “fuerza” como volvió a ocurrir recientemente con el doble crimen de dos mujeres en La Plata. Las muertes bajo “custodia policial” dan cuenta del infierno que son las cárceles y las comisarías en la provincia de Buenos Aires donde los internos son víctimas de torturas, golpizas, hacinamiento, amenazas, destrucción física y psicológica, y están a merced de la violencia y los chantajes del Servicio Penitenciario. La mitad de los presos no tienen condena y arrastran largos procesos alojados en condiciones inhumanas.

El diputado del Partido Obrero, Guillermo Kane denunció la complicidad policial y judicial, con los gobiernos que facilitan y encubren la instalación de los narcos en el conurbano ejerciendo un control territorial creciente. Kane exigió la despenalización del consumo y reclamó una política de salud pública para atender los casos de consumo problemático. En sus intervenciones, el Partido Obrero llamó a movilizarse para que se vaya Berni con la movilización popular y para que se desmantele la podrida y maldita Bonaerense. En la audiencia llamada por el FIT Unidad sonó fuerte la solidaridad con la rebelión popular en Jujuy y con los miles de jóvenes franceses movilizados contra el gatillo fácil de la policía de Macron.

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