El dirigente del Partido Obrero mendocino viajó a CABA para denunciar la criminalización a la protesta del gobernador Cornejo, quien pretende avanzar en penas de prisión efectiva contra dirigentes sociales, sindicales, políticos, ambientales y piqueteros de la provincia. El exlegislador enfrenta una causa judicial por ejercer el derecho a la protesta, luego de haber sido detenido en la movilización del 24 de enero durante el paro nacional convocado por la CGT. Se reunió con ese fin con diputados nacionales, dirigentes sindicales y referentes de la defensa de los derechos humanos para difundir que el 20 de marzo se realizará en Mendoza una audiencia en defensa del derecho constitucional a manifestarse.

Víctor fue a la concentración docente contra la eliminación del Fonid, ejecutado por Milei y Caputo como parte de su plan motosierra. Allí recibió el apoyo de Sonia Alesso, secretaria general de Ctera; y también de la oposición Multicolor como los directivos de Suteba Tigre o compañeros de Tribuna Docente. Una confluencia importante, cuando la secretaria general del sindicato de la educación mendocino enfrenta la ofensiva por su desafuero impulsada por el Ejecutivo provincial.

Posteriormente, visitó la permanencia en Télam, intercambiando con los trabajadores despedidos y recibiendo también el apoyo del secretario general del Sipreba y al secretaria general de Fatpren, así como del periodista Alejandro Bercovich.

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Por la tarde fue recibido en la sede de Azopardo de la CGT por el secretario de Derechos Humanos de la central y secretario general del sindicato de judiciales, Julio Piumato, quien manifestó el apoyo contra la criminalización. La dirección de la CGT Mendoza se había hecho presente en la concentración frente a la audiencia contra Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza.

Este apoyo es un paso adelante para involucrar a los sindicatos y los diferentes sectores del movimiento obrero en la campaña, quebrando el aislamiento del cual se quiere valer el gobierno para avanzar en la criminalización.

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En la Cámara de Diputados de la Nación, a partir de la actividad de la banca de Romina Del Plá, Víctor mantuvo reuniones con representantes de diferentes espacios políticos para interiorizarlos sobre la situación de criminalización en la provincia. Entre ellos lo recibieron el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez; Margarita Stolbizer del GEN; Mónica Frade de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón de Coalición Federal. En estas citas informó a los bloques parlamentarios de la política persecutoria de Cornejo y debatieron iniciativas, como presentar un pedido de informes sobre este cuadro de criminalización de la protesta a través de la Comisión de Derechos Humanos.

Es que el gobierno de Mendoza se vale de la ilegal figura jurídica de la reiterancia para apresar sin orden judicial a quienes se movilizan, en un cuadro de fuerte ajuste, crecimiento de la pobreza y deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Al momento afrontan imputaciones, además de da Vila, los dirigentes piqueteros Lorena Torres, Jimena Báez y Ernesto Huerta; Nora Moyano, activista de las asambleas del agua; se espera la elevación a juicio contra los dirigente estatales Raquel Blas y Roberto Macho; hay en curso un pedido de desafuero contra la secretaria general del Sute, Carina Sedano; que se suman a la condena a Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero, arrancada bajo la extorsión del encarcelamiento indefinido.

Víctor concurrió también a la clásica ronda de las Madres de Plaza de Mayo de todos los jueves, donde, rodeado de madres de la Plaza como Elia Espen, intervino planteando que esta política de Cornejo es un “laboratorio represivo” que intentan a su vez desarrollar a escala nacional, y por eso envió como secretario privado de la ministra Bullrich a su jefe de operativos Néstor Majul. “Hay que enfrentarlos ahora. A la derecha se la enfrenta en la calle”, concluyó.

A continuación se realizó un encuentro en la Legislatura porteña con agrupaciones y personalidades de la lucha por los derechos humanos y contra la represión. Allí estuvieron las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: de Apel, del Ceprodh, de Cadhu, Cels y del FOL, organización que también sufre el encarcelamiento de luchadores piqueteros. Participaron además una delegación del CELS, y los legisladores del Frente de Izquierda, Gabriel Solano y Alejandrina Barry.

Esta serie de actividades son un paso adelante en la visibilización nacional de esta pelea por una de las más elementales libertades democráticas, como es poder reclamar. El próximo paso será la audiencia contra la criminalización el 20 de marzo en Mendoza.

 

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