La campaña política progenocidas que está llevando adelante La Libertad Avanza con Victoria Villarruel a la cabeza ha puesto sobre la mesa, otra vez, el debate sobre los objetivos que se propuso la dictadura cívico-militar que asaltó el poder en marzo de 1976. En este marco cobró relevancia el caso de Jorge Julio López, quien se encuentra desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006. Falta muy poco para que se cumpla un nuevo aniversario de ese hecho. El principal responsable de su desaparición fue Miguel Etchecolatz, jefe de la Bonaerense bajo el régimen dictatorial. Villarruel habría oficiado como asesora del genocida Etchecolatz, según una abogada querellante de juicios de lesa humanidad.

Jorge Julio López fue un militante peronista y albañil, víctima en dos oportunidades de la desaparición forzada de personas. La primera tuvo lugar una noche de octubre de 1976, en plena dictadura militar, en la localidad de Los Hornos. Las fuerzas represivas que lo secuestraron a él y a sus compañeros y compañeras se encontraban bajo el comando de Miguel Etchecolatz. Este genocida dirigió 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires, en los cuales se practicó el robo de bebés, la tortura y la desaparición sistemática de personas.

López estuvo detenido-desaparecido en cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, y la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava de La Plata. En esos lugares sufrió torturas y fue testigo de varios asesinatos, entre ellos los de dos de sus compañeros de militancia, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell’Orto. Julio será liberado el 25 de junio de 1979.

Después de pasar por este suplicio, López comenzó a identificar lugares y personas relacionadas con su secuestro. Y condensó pensamientos y conclusiones en una colección de escritos que tituló Archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte. Sin embargo, la posibilidad de investigar a los responsables políticos y materiales de su secuestro quedó obstaculizada fruto de la implementación de políticas de impunidad para los genocidas promovidas tanto por el gobierno radical de Raúl Alfonsín (Punto Final y Obediencia Debida) como por el gobierno peronista de Carlos Menem (indultos).

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Bajo el menemismo, López impulsó, junto a víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, los llamados Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial –sin efectos penales– que se desarrolló ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo la dictadura. Julio expuso como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata; allí hizo sus primeras declaraciones en detalle ante los jueces de la Cámara de Federal de Apelaciones.

Su segunda desaparición aconteció bajo la democracia, en septiembre de 2006 y en el marco del primer juicio enfrentado por Etchecolatz, quien fue el primer torturador llevado a esa instancia tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se trató del primer condenado con la figura jurídica de genocidio. El testimonio de Jorge Julio López fue clave en la condena a prisión perpetua del genocida. No obstante, el día en el que debían alegar sus abogados, López desaparece. Las sospechas cayeron principalmente sobre Etchecolatz y la policía bonaerense –miles de efectivos que operaron en el marco de la dictadura continuaron haciéndolo bajo la democracia.

Los allanamientos realizados en el penal de Marcos Paz luego de la desaparición de López, donde se encontraba detenido Etchecolatz junto a otros 40 represores, pusieron de manifiesto que los genocidas contaban con un trato privilegiado; manejaban líneas telefónicas internas sin ningún tipo de monitoreo o registro, tenían acceso a internet y las personas que los visitaban ingresaban a la cárcel sin requisa previa. Entre el 10 y el 20 de septiembre de 2006 se realizaron siete llamados “internos” desde estas líneas. Página 12 (19/11/2006) transcribió casi textualmente una frase escalofriante del chofer de Etchecolatz al mismo fiscal: “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”.

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Ni el gobierno de Néstor Kirchner ni el de Cristina Kirchner indagaron a Etchecolatz ni al resto de las personas denunciadas por López. Tampoco avanzaron en una investigación de la Bonaerense. Por el contrario, negaron sistemáticamente su desaparición. CFK, en ocho años de mandato, no se refirió públicamente ni una sola vez al caso. Aníbal Fernández, en su momento, llegó a decir que López estaba senil y se había extraviado.

Los Kirchner han defendido un régimen de conspiración –heredado de la dictadura– contra los trabajadores y han militado por introducir a las Fuerzas Armadas –una política que comparte la mayoría de los bloques patronales– en la represión interna. En esta línea se inscribió la designación del genocida César Milani al frente del Ejército por parte de CFK. Los K han gobernado durante un largo tiempo junto al espía de la dictadura Jaime Stiuso, de lazos con la CIA y el Mossad.

Asimismo, CFK impulsó el Proyecto X –espionaje de organizaciones obreras y sociales– y la Ley Antiterrorista –una política promovida por el gobierno norteamericano para reforzar el carácter pretoriano del Estado. Esta orientación fue desarrollada por el nacionalismo K bajo las banderas del “Estado presente”. Como se ve, la política de derechos humanos (sic) promovida por el peronismo mostró sus límites insalvables.

La actitud provocadora que Etchecolatz mantuvo a lo largo de los procesos judiciales (en 2014, mientras se leía una sentencia en su contra, exhibió un papel con el nombre de López acompañado de la palabra “secuestrar”) se explica por la impunidad progenocidas impulsada desde el Estado. Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, llevándose consigo el secreto del destino de numerosos trabajadores y niños apropiados.

Todos los gobiernos democrático-burgueses han desenvuelto esta política de impunidad. Solo una pequeña porción de los genocidas fue encarcelada; y la mayoría de esa minoría goza –o gozó– de prisión domiciliaria. Ni siquiera abrieron los archivos de la dictadura, lo que permitiría saber, por ejemplo, el paradero de muchísimos trabajadores y niños. Sobre la base de la impunidad crece el negacionismo fachista de Milei y Villarruel. Para derrotar esta política, los trabajadores debemos apelar a la movilización popular; con este método, por ejemplo, se derrotó en 2017 el intento del gobierno de Mauricio Macri de aplicar el 2×1 en beneficio de los genocidas.

A casi 17 años de la desaparición de López sigamos luchando contra el encubrimiento, por la aparición con vida de Jorge Julio López y por juicio y castigo a todos los genocidas.

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