El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, junto al intendente Ulpiano Suárez y el fiscal Lautaro Monticone, han montado un nuevo ataque contra los trabajadores municipales en lucha, y contra las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

Tras la gran movilización del martes, que repudió la represión sufrida por los municipales el domingo 5 de julio cuando reclaman por mejoras salariales y laborales, el fiscal Monticone imputó a referentes del Sute (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación), ATE y decenas de trabajadores bajo la acusación de haber violado el distanciamiento social y obligatorio. Una gran mentira, porque la marcha se hizo respetando el distanciamiento correspondiente.

En la misma línea, el gobierno municipal suspendió a más de 30 trabajadores acusándolos por una supuesta toma del predio municipal ubicado en la exUcim. Mientras tanto, el intendente buscó desviar el foco de atención de los reclamos y la represión, denunciando una supuesta amenaza de muerte.

La imputación y la represión demuestran un recrudecimiento de la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Suárez, que empezó durante la lucha contra la derogación de la ley 7722 (que prohíbe el uso de materiales contaminantes en la actividad minera). Es en realidad una continuidad de la política del exgobernador Alfredo Cornejo, de persecución y hostigamiento a los y las que luchan. Basta recordar las imputaciones que sufrieron el dirigente del Partido Obrero Víctor Da Vila, el dirigente del Sute Sebastián Henríquez, y compañeras y compañeros del Polo Obrero tras el piquete del 4 de septiembre del 2019 en el nudo vial.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad repudiamos este accionar y exigimos el desprocesamiento de todes les trabajadores. Abajo la persecución y hostigamiento. Vamos por el triunfo de los y las municipales, para que se hagan efectivo sus reclamos más urgentes.