Una investigación en Alemania sobre la responsabilidad de la patronal de Mercedes-Benz en la desaparición de 14 delegados de su planta de González Catán y, paralelamente, el juicio que llevan adelante en Argentina los familiares de esos compañeros, exponen a la luz pública la trama del genocidio antiobrero de la dictadura videlista y sus responsables.

A fines de 1975, la planta de Mercedes-Benz en González Catán tenía una Comisión Interna opuesta a la burocracia del Smata, encabezada, entonces como ahora, por José Rodríguez. Esta interna era “molesta” para la burocracia, la patronal y el gobierno. En octubre de 1975, Mercedes-Benz fue a la huelga; el entonces ministro de Trabajo del gobierno de Isabel, que no era otro que el fugado ex gobernador bonaerense Ruckauf, declaró ilegal la huelga y envió a la patronal un memorándum secreto en el que le reclamaba “eliminar a los subversivos de la fábrica”. La existencia de este memorándum está reconocida en un informe que la filial argentina de Mercedes envió a Alemania. Al mismo tiempo, Rodríguez utilizaba su puesto como vicepresidente de la Federación Internacional de trabajadores de industrias metalúrgicas, para reclamarle a la matriz de la Mercedes que obligara a su filial argentina a despedir a la Interna opositora.

Como consecuencia de los “pedidos” de Ruckauf y Rodríguez, 115 trabajadores fueron despedidos. En mayo de 1976, un directivo de la Mercedes alemana informaba al sindicato metalúrgico de su país que el despido de la Interna y de decenas de activistas “eran pedido urgente del ministro de Trabajo de ese momento (Ruckauf) y de la dirección del Smata, que ha pedido más despidos todavía”.

Catorce de los 115 despedidos fueron secuestrados entre fines de 1976 y comienzos de 1977; la patronal le entregó los domicilios de los despedidos a los grupos de tareas. Uno de los delegados secuestrados, sobreviviente, denuncia que “un gerente de la firma, Juan Ronaldo Tasselkraut, en su presencia, facilitó a las fuerzas represivas la dirección del trabajador Diego Núñez, detenido esa noche y desaparecido desde entonces”.

En el juicio que se lleva adelante en Argentina fue citado como testigo un ex delegado del Smata, de la Ford, que confirmó la estrecha alianza que montaron las patronales, la burocracia y la dictadura para secuestrar y asesinar a delegados y activistas. Pedro Troiani recordó que desde el mismo 24 de marzo funcionó dentro de las instalaciones de la Ford en Pacheco, en la zona del quincho y del campo de deportes, un chupadero al que las fuerzas de seguridad, que recorrían libremente la planta, llevaban a los trabajadores secuestrados. Por allí pasó Troiani, antes de ser llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la Comisaría 1ª de Tigre: “Allí había unos veinticinco delegados y activistas de la Ford, de Terrabussi y de los astilleros Astarsa, entre otras empresas de la zona”. La mayoría de ellos fueron asesinados.

Estos juicios y testimonios ponen al descubierto el carácter social del terrorismo dictatorial y de sus responsables. Los grupos de tareas secuestraron, torturaron y asesinaron, pero sus instigadores fueron el gran capital y sus lacayos, la burocracia sindical y los gobiernos de la “democracia”. El juicio y castigo a los asesinos de la dictadura sólo será real y efectivo cuando sean juzgados y condenados las patronales, la burocracia sindical y el conjunto del aparato del Estado.