Libertades democráticas
9/9/2026
Seguridad jurídica al capital, inseguridad jurídica para los demás
El poder actúa contra el pueblo trabajador. Los casos de la Confederación Mapuche en Villa La Angostura, el niño M y la persecución contra las organizaciones populares.
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Una vez más, el gobernador de Neuquén anuncia en Houston su apoyo incondicional a las empresas hidrocarburíferas. Al elogiar al exgobernador Jorge Sapag, dijo que "lo que nunca ha cambiado en la provincia ha sido la política hidrocarburífera como política de Estado, brindando seguridad jurídica" (LMN, 3/9).
Y es así. Las empresas están blindadas por el Estado en todo sentido. Tienen asegurada la eximición de impuestos, bajas de regalías y hasta la protección estatal respecto a su desinversión en general y también respecto a la política de seguridad laboral en los yacimientos.
Los que vivimos en la inseguridad jurídica somos el resto de los habitantes. La actuación del aparato judicial de la provincia, con su casta de bolsillos bien forrados, desconoce todo lo que exprese algún derecho democrático o social, los cuales son negados en forma activa por esa casta.
Al respecto, pueden mencionarse tres casos emblemáticos.
Desalojo mapuche en Villa La Angostura
La Confederación Mapuche ha informado que los abogados de las comunidades desalojadas no tuvieron acceso al expediente por el cual se promovían los desalojos, privándolos del elemental derecho de una defensa de conocer qué se le imputa concretamente a los desalojados, que finalmente tuvieron que suspender.
Pero ahora el juez en lo Civil y Comercial de Villa La Angostura, Francisco Bonorino, "desestimó la nulidad del proceso de desalojo que habían peticionado las comunidades Melo y Quintriqueo" (La Angostura Digital, 3/9).
Los argumentos del juez tienen un alto grado de arbitrariedad. Hubo una resolución del 25 de agosto pasado que suspendió el desalojo y estipuló que "se deben retirar todos los actores y solicitar un nuevo mandamiento de desalojo", pero que eso se refiere solo a una parte de la superficie, y que, por lo tanto, en la parte donde sí se procedió, la comunidad Quintriqueo "en un plazo de siete días proceda a retirar sus bienes, enseres y cualquier otro objeto de su propiedad que se hallen en el inmueble"; caso contrario, dichos bienes "se considerarán abandonados" y podrán ser dispuestos a su antojo por la querella de la familia empresaria que promueve las acciones contra las comunidades.
Ante el pedido de nulidad planteado por la defensa de las comunidades, el juez opina que "carece de la claridad y precisión suficiente y necesaria para un planteo de este calibre". Pero si hay algo que carece de sustento es reconocer un título de propiedad sobre tierras que estaban ocupadas por las comunidades desde 1880 al menos. Ningún Estado podría argumentar su legalidad ante lo fáctico que lo precede, sino fuera por los jueces como Bonorino, que en realidad avalan el avasallamiento, las matanzas y las expulsiones que ejecutaron los Roca en la historia argentina.
El secuestro del niño M
Hace más de un año, una comitiva judicial de la Defensoría de los Derechos del Niño y un juez de Familia, escoltados por la policía armada, ingresó a un jardín de infantes y arrancó de los brazos de su madre a un niño que, en una crisis de llanto y desesperación, se aferraba a ella. Actuaron por cuenta y orden del padre, un alto funcionario del riñón del gobierno de "La Neuquinidad". A partir de allí, la madre atravesó más de un año sin poder ver a su hijo, el cual fue ocultado por el padre durante todo ese tiempo, a la par que desarrollaba un juicio contra la madre para obtener la tenencia exclusiva del niño M.
La intervención fue dirigida por los que se denominan defensores del "superior interés de las infancias" y acompañada por el silencio atronador del gobierno sobre este atropello. Lo que parecía el colmo de la actuación misógina del aparato judicial neuquino, sin embargo, se demostró que fue apenas una muestra de cuán lejos pueden llegar.
La madre fue absuelta en el juicio promovido por el padre, por lo que el aparato judicial no tuvo más remedio que ordenar la revinculación del niño M con su madre. Lo que no ocurrió porque el padre, amparado por el gobernador Rolando Figueroa, hizo caso omiso de la orden judicial y la casta aceptó sumisa las órdenes emanadas desde el centro del poder político.
Pero lo siniestro tenía otros capítulos. El niño M, por la solidaridad que despertó el caso entre la población por las movilizaciones del movimiento de mujeres, se transformó en una causa popular, lo que permitió ubicarlo como estudiante en un establecimiento educativo privado, pero financiado con subsidios del Estado. Colegio que se negó a que la madre pudiera siquiera verlo en la entrada o salida del establecimiento.
Y allí, finalmente, la casta judicial superó sus atrocidades. Permitió que el niño fuera retenido más de 24 horas dentro del colegio para que la madre no pudiera verlo, pero esta, acompañada por el movimiento de apoyo a su reclamo, pasó más de 24 horas en las puertas del colegio en tanto el caso era noticia nacional.
Para aplacar el escándalo (aunque generaron otro), dos jueces se hicieron presentes ante quienes estaban apostados en las puertas del colegio junto a la madre y le pidieron que, en nombre del "sagrado interés superior de las infancias", permitieran retirar al niño M de la escuela. Para eso, un juez ordenó a la policía que comunicaran a la madre y sus acompañantes que se debían retirar del lugar voluntariamente, pero que si la policía tenía que hacer una "intervención de mayor intensidad" (es decir, el desalojo), el mismo se ejecutara sin que el niño se percatara. En tanto, por una puerta lateral trataron de sacar a escondidas al niño en un auto particular, conducido por una autoridad de la escuela. Pero fracasaron porque, alertados, los presentes impidieron un nuevo secuestro. Finalmente, en el juzgado, tras horas y horas de aguante en las puertas del Tribunal Superior de Justicia, se ordenó el inicio de una etapa de revinculación progresiva del niño M con su madre. Una derrota para el aparato judicial misógino que causó la renuncia del padre como funcionario, pero que paso seguido sacó de ese aparato lo peor de lo peor. Porque horas después de ordenar la revinculación con la madre, un tribunal falló en contra de la absolución de ella en la causa que había promovido el padre, tratando de anular lo que la lucha del movimiento de mujeres había arrancado al gobierno y su casta judicial.
Las causas contra las organizaciones sociales
En el marco de la estafa montada por el gobierno anterior del MPN, donde desde ministros hasta altos funcionarios montaron una red delincuencial a través de la cual se hacían de subsidios de los desocupados para financiar las campañas del poder y sus propios bolsillos, la Fiscalía lanzó una campaña para perseguir a las organizaciones sociales (Polo Obrero, FOL, etc.) para vincularlos como parte de esa red que era parte del poder.
Así, la Fiscalía armó una causa amañada, asentada en la figura de una "arrepentida", contra el Polo Obrero y el FOL esencialmente, que en estos días tendrá una audiencia donde se evaluará su elevación a juicio. El fiscal Pablo Vignaroli acusa a las organizaciones de defraudar en sociedad con funcionarios unos $1.208 millones entre los años 2023 y 2024. Un desatino, ya que el 92% de los fondos que recibieron las organizaciones sociales está acreditado que fueron a los beneficiarios de los planes y que nada tiene que ver con la causa de defraudación donde se robaba para la corona. Pero el fiscal trata de presentarlas como causas relacionadas, cuando está claro que en un caso es corrupción estatal y en el otro son fondos distribuidos por las organizaciones sociales. Para el fiscal, las capacitaciones comprobables y realizadas por las organizaciones sociales deberían haberse efectuado sin gastar un peso destinado al rubro capacitación. Algo que ni el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) puede realizar, ya que en su presupuesto hay partidas destinadas, precisamente, a capacitación para gastos de papelería, insumos, folletería, etc.
El MPF actúa como parte de la política contra las organizaciones piqueteras que lleva adelante el gobierno de Rolando Figueroa. Otra vez la casta judicial contra el derecho elemental a la organización popular, que son quienes sostienen con merenderos y comedores el hambre en las barriadas y actúan como muralla del avance narco en los sectores más humildes de la población.
No es casualidad que esta causa mencionando los nombres de los dirigentes acusados es ampliamente difundida por los medios hegemónicos, los mismos que no emitieron palabra cuando el funcionario de Rolando Figueroa incumplió la orden de revincular a su hijo con la madre. Los fiscales del MPF tampoco han actuado de oficio ante la seguidilla de delitos cometidos en ese caso.
Los que luchan, los reclamos populares y obreros, viven en carne propia la inseguridad jurídica del régimen despótico y mileísta del gobernador Rolando Figueroa.
Abajo la casta judicial al servicio del poder. Anulación de las causas contra las organizaciones populares.
