En un video que se difundió recientemente se puede ver a un efectivo de la policía de Córdoba detener a una persona en la esquina de Simón Bolívar y Bv. San Juan, en el centro de la ciudad. Según relatan vecinxs, esta persona trabajaba de “naranjita” en la zona todos los días. Nunca había molestado a nadie.

En el video, cuando el detenido pregunta, el policía esgrime como motivo de la aprehensión el Art.51 del Código de Convivencia (Ley 10.326) que pena a “los que molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública’’. Los vecinos desconocen si existió algún tipo de denuncia. Luego, amenaza con “llevar preso a todos los que interfieran con el procedimiento’’.

El policía, mientras lo tiene reducido en el suelo, le provoca dolor y lo lesiona, torciendo sus manos. Lxs vecinos dijeron que en un momento “no podía respirar”. Brutal. Se trata de una modalidad que se repite en la policía y que viene de larga data. Por ejemplo, el año pasado en la represión a trabajadores de la UTA en una movilización, que se dio con métodos similares a los que llevaron a la muerte a George Floyd en EEUU.

El video expone entonces un nuevo brutal hecho de represión policial. En Córdoba no se respetan las libertades democráticas básicas de toda persona, y la policía del gobierno de Juan Schiaretti actúa con la seguridad de saberse impune. Además, el “uso excesivo” de la fuerza responde a una orientación definida: es una política represiva que apunta a detener, reprimir, humillar y aleccionar a la población de Córdoba en base a su condición de clase. Incluso por razones discriminatorias como el color de piel, o nivel de educación. La discriminación es moneda corriente en las fuerzas de (in)seguridad que se refieren a los sectores populares como: “los saros’’.

Además, la militarización de las movilizaciones del movimiento de mujeres del 25 N, o del movimiento piquetero, fueron reivindicadas por el propio ministro Alfonso Mosquera. Es indudable que el gobierno entrena a la policía para reprimir la movilización popular. Esto está en la base de la cuestión: las leyes, los procedimientos y las ordenes de la Justicia están para aplicarse a fines de perseguir, desalojar y reprimir a los trabajadores y las clases populares. Así los hechos de abuso policial, de gatillo fácil, del narcotráfico, la trata o la corrupción donde están implicadas las fuerzas policiales, el poder político y empresarios; que siguen impunes. Es un régimen descompuesto.

La política represiva de quienes gobiernan es necesario enfrentarla mediante el impulso de la movilización popular. En ese sentido hay una agenda en marcha. Este 2 de diciembre realizaremos un acto en la jornada nacional de lucha por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz. Este 7 de diciembre, haremos movilización y festival por la absolución de los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba. El 11 de diciembre el Frente de Izquierda – Unidad moviliza en todo el país contra el acuerdo con el FMI, y el 20 movilizaremos también a 20 años del Argentinazo.

Basta de gatillo fácil, abusos policiales y represión estatal.