Con número de expediente 1985/2021 el proyecto presentado pone de relieve la lucha que hace años vienen librando vecinas de distintos barrios de la capital para mejorar las condiciones de estos dispositivos destinados a la atención de personas que sufren la violencia de género.

Sucede que existen 16 centros, exceptuando a la Comuna 3, solo existe 1 centro por Comuna. Al mismo tiempo, estos no resultan accesibles para los barrios que más demandan atención, debido a la distancia y por lo acotado de los tiempos en que se atiende. Los fines de semana permanecen cerrados y semanalmente se atiende en un rango de 6 horas. Para terminar con estas limitaciones se plantea la construcción de nuevos centros, el fin de la tercerización que ha impuesto Larreta en la mayoría de los centros -ya que 9 de ellos son gestionados por ONGs y no por el gobierno de la ciudad-, el mejoramiento de las condiciones de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia y la creación de comisiones de control en cada CIM conformadas por representantes de los trabajadores y el activismo barrial, en función de garantizar la mejor atención en los mismos. Además se plantea la inclusión de la población LGBTI+ en la denominación de los centros y en la planificación de la atención que se brindará en función de sus necesidades.

La necesidad de conquistar nuevos centros y mejorar las condiciones de los que existen se deriva de la cruda realidad que están viviendo mujeres y diversidades en la capital. Para el primer trimestre del año la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Justicia y asiste a víctimas en el proceso de denuncia a sus agresores, informa casi 3.000 pedidos de asistencia. 78% de les denunciantes son mujeres y en el 83% de las denuncias el agresor es pareja o familiar de la víctima. A su vez, la mayoría de los casos registrados por la OVD provienen de la Comuna 8 (12%), Comuna 4 (11%), Comuna 1 (9%) y Comuna 7 (8%). Esta realidad se traduce en ejemplos concretos. En febrero fue asesinada Esther Mamani de la Villa 1-11-14 por su expareja a pesar de haberlo denunciado reiteradas veces; 6 meses después de este caso el mismo barrio asistió al intento de femicidio de Mayra Medina atacada brutalmente por su expareja, hoy su familia se organiza junto a vecines para que se detenga al agresor prófugo y se brinde asistencia real a Mayra quien ha quedado incapacitada para trabajar.

La situación es igual de grave para las diversidades: según un informe realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el 2020 ocurrieron 152 ataques contra las diversidades sexuales, que se distinguen en ataques al derecho a la vida (57%) y ataques a la integridad física (43%). Desgranando las identidades que particularmente sufren la violencia observamos que encabezan la lista las mujeres trans (84%), seguidas por las identidades gay (12%), lesbianas (3%) y varones trans (1%). Respecto a la autoría de los crímenes registrados se distingue entre los perpetrados por particulares (45%) y los ataques perpetrados por acción de funcionarios y organismos del Estado (44%) y por las fuerzas de seguridad (11%) que responden al Estado.

Para la población trans la expectativa de vida es de 35 años. Por esta realidad es que recientemente se aprobó la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans, arrancada por el movimiento LGBTI+ que históricamente denuncia la exclusión laboral (1 de cada 10 personas TTNB tiene empleo en relación de dependencia y el 70% se dedica a la prostitución como única posibilidad de ingreso). Como ejemplo de esta realidad tenemos el caso de Tehuel de la Torre, quien hace 5 meses se encuentra desaparecido y la última vez que fue visto se dirigía a realizar un trabajo informal que le habían ofrecido. En la capital es constante el hostigamiento y detención de la población LGBTI+, como sucedió con Marian Gómez por darle un beso a su pareja y como sucede con las personas en situación de prostitución violentadas por la policía que se vale del artículo 86 del Código Contravencional de la CABA. Según el observatorio Lucía Pérez se informan 174 femicidios y transfemicidios en el país, es decir 1 cada 29 horas.

Los problemas en la atención devienen de una política de vaciamiento de Larreta. El gobierno porteño, desde el 2015 a esta parte, absorbió distintas ONGs en la ciudad convirtiéndolas en CIM sin dotarlas de recursos ni nuevo personal para garantizar atención las 24 horas. Por otro lado, la oposición PJ/kirchnerista en la legislatura se limitó a pedir nuevos CIM en algunos barrios sin señalar las falencias que existen en la gestión Larretista y qué política sería necesaria para revertir la situación; crear nuevos dispositivos de por sí no mejora la calidad si estos no son de gestión pública, no tienen presupuesto y los profesionales son superexplotados. Es llamativo que esta supuesta oposición no haya impulsado una campaña en regla en toda la capital por la conquista de nuevos CIM a pesar de la constante negativa oficialista a cada proyecto de creación presentado en los últimos años.

Desde la banca del PO-FIT levantamos el reclamo existente en las principales villas de la CABA, dotándolo de la forma que necesariamente debe tener para satisfacer los intereses de las mujeres y diversidades, poniendo un límite a la política de vaciamiento del gobierno porteño e involucrando a las agrupaciones de lucha en el funcionamiento de los mismos. Para conquistar centros integrales en los términos que necesitamos debemos desenvolver una lucha en las calles, por eso desde el Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y la 1969 llamamos a impulsar agitaciones en los barrios para sumar adhesiones al proyecto y movilizaciones en cada barrio porteño que necesita centros integrales.

 

 

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