Cecilia Gisela Basaldúa era oriunda de Buenos Aires, había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró más de cuatro años. Por ese entonces estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante la pandemia. El 5 de abril de 2020 fue vista con vida por última vez; veinte días después, su cuerpo fue hallado por un vecino del lugar, en un descampado, con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento.

El próximo 2 de mayo comienza el juicio. Se trata de uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado público en la provincia de Córdoba, durante el transcurso del aislamiento más estricto por Covid. En un momento donde se extremaron las condiciones de violencia hacia mujeres y diversidades, el Estado no aplicó el Protocolo de búsqueda inmediata vigente en la provincia para encontrarla. La causa fue caratulada desde el inicio como “averiguación de paradero”, es decir, que la investigación no partió de la premisa de que había desaparecido contra su voluntad.

Pese a la desesperación por el transcurso de los días sin tener noticias de Cecilia, el Ministerio de la Mujer nunca emitió pronunciamiento alguno, ni siquiera manifestando preocupación. Fueron las agrupaciones de mujeres de Capilla del Monte, las que un día antes de que se hallara el cuerpo decidieron romper el silencio tomando las calles de la ciudad. En adelante, todo avance de la causa ha sido producto de la incansable lucha de familiares, amigos y organizaciones sociales y feministas, que debieron sortear aprietes, amenazas y maniobras judiciales de todo tipo. De este modo, se impusieron diferentes vías de investigación, aportando pruebas y solicitando pericias. Sin embargo, repentinamente y sin haberse agotado el proceso de investigación, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, decidió elevar la causa a juicio, acusando a Lucas Bustos, un joven peón de albañil de 24 años, como autor del femicidio.

El peón está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por violencia de género, a pesar de que no hay indicios que indiquen que sea el responsable. En la investigación se desarrollaron múltiples irregularidades. La única evidencia que pesa sobre el acusado es una supuesta confesión realizada en una comisaría, cuyos testigos fueron dos policías a quienes el propio Bustos denunció por torturas. Luego de ese hecho, en sede judicial, el joven negó haber sido el autor del femicidio.

Es claro que se estaría incriminando a un “perejil”, ya que pese a que no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente contra Bustos, la Fiscalía insistió con acusarlo y se negó a avanzar en la investigación sobre Mario Mainardi -la última persona que vio a Cecilia con vida-, a quien solo llamó a declarar como testigo, un año después, a pesar de que se dio a conocer un audio a través de WhatsApp, en el que una persona relataba lo ocurrido la noche del crimen y señalaba a dos policías y a una mujer como autores del hecho, junto a Mainardi.

El testimonio de la testigo que aparece en el audio desarrolla una crónica de cómo Cecilia fue maniatada, amordazada y llevada por la fuerza en un vehículo por quienes identificaría como José, Viviana (Rasta), Mario Mainardi (dueño de la vivienda donde se alojaba Basaldúa), Ramón (policía de la provincia de Córdoba) y Zárate (miembro de investigaciones de la policía). También menciona que la Fiscalía de Cosquín sería cómplice por garantizar el encubrimiento.

La Fiscalía desestimó pruebas y testimonios claves, rechazó recursos interpuestos por la querella, abortó vías de investigación y forzó otras; todo en un verdadero entramado para garantizar la impunidad de la fuerza policial, una probable red de narcotráfico actuante en la región y del principal sospechoso señalado por la familia, Mainardi, quien era dueño del inmueble donde se alojada Cecilia.

Campaña por verdad y justicia 

El próximo 25 de abril se cumplen 2 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia y están previstas tres acciones de movilización para ese día: en Capilla del Monte, en Ciudad de Córdoba y en Capital Federal. A las 15 horas en CABA: concentración en Casa de Córdoba y entrega de Carta Justicia por Cecilia. A las 17 horas en Capilla del Monte: movilización desde Plaza San Martín. En tanto que a las 18 horas en Córdoba Capital se impulsa una movilización desde Colón y General Paz.

Asimismo, para el 30 de abril, a las 18 horas en Córdoba Capital se estrena el documental “No nos callamos más” – Dirección Wanda López Trelles, y habrá un conversatorio con la presencia de la familia de Cecilia, en el Cine Club Municipal Hugo del Carril.

Mientras que para el 2 de mayo, cuando inicie el juicio, se convoca a una concentración masiva frente a los Tribunales de la localidad de Cruz del Eje, a las 14 horas.

Presentamos un proyecto en el @ConcejoCba para repudiar la elevación a juicio del caso de Cecilia Basaldua. En un acto de auto-encubriniento la fiscal Paula Kelm aborta la investigación en proceso, desconociendo pruebas y forzando otras. (hilo) pic.twitter.com/xRcHfuNb2r

— Cintia Frencia (@CintiaFrencia) April 19, 2022

 

En este marco, Cintia Frencia, concejala del PO-FIT, elevó un proyecto de ordenanza, para instar al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, a que se haga eco de la preocupación por la búsqueda de verdad y justicia en el caso Cecilia. Allí señaló que esto solo será posible mediante una investigación real y a fondo, que alcance a todos los agentes del Estado involucrados, tanto por acción como por omisión. Es preciso rechazar, entonces, la elevación a juicio de la causa y expresar el total apoyo a la lucha emprendida por los familiares y amigos de Cecilia y que es acompañada por el conjunto del movimiento de mujeres y diversidades de la provincia, sumándose al pedido de justicia, ni una menos, el Estado es responsable.

Con este espíritu, el 25 ganaremos las calles nuevamente, para romper con dos años de encubrimiento e impunidad.

https://prensaobrera.com/mujer/daniel-basaldua-quienes-gobiernan-son-los-responsables-politicos-de-la-muerte-de-mi-hija/