13/10/2021

Córdoba: dos femicidios ejecutados por policías en una semana

Ya son catorce las víctimas en la provincia en lo que va del año, cuatro de ellas asesinadas por miembros de las fuerzas del Estado.

Claudia Martínez y Liliana Rita Zárate Belletti, entrega de certificados Ley Micaela.

Carolina Figueroa de 36 años fue asesinada por su esposo Carlos Suárez (40) en la madrugada del pasado domingo 10. El hombre sacó su arma reglamentaria luego de una discusión y le disparó varios balazos que impactaron en su cuerpo. El hecho sucedió en el domicilio que compartían en la ciudad de Alta Gracia, delante de su hija adolescente. Seguidamente el hombre se dirigió a las cercanías del cementerio donde se suicidó. Ambos eran policías y prestaban servicio en la departamental Santa María.

La investigación es encabezada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien informó a los medios que, si bien el policía y femicida no tenía denuncias previas por violencia de género, sí había una causa en su contra por agresión relacionada con otro familiar, aparentemente un hermano.

Este crimen se suma al de Romina Depetris de 34 años, asesinada el pasado lunes 4 de octubre por Ezequiel Seia (37), otro policía que luego de una discusión tomó su arma reglamentaria y disparó varias veces hasta matarla frente a sus hijos para luego suicidarse.

Maquillajes

La llegada de Liliana Rita Zárate Belletti como jefa de la Policía de Córdoba sucedió hace poco menos de un año. La remoción de la cúpula mayor se dio luego de meses de cuestionamientos a la institución policial por los reiterados casos de gatillo fácil que sacudían la provincia.

En aquel entonces, el gobernador Juan Schiaretti calificó como “dolorosos” los casos de Blas Correas y Joaquín Paredes y contó que instruyó al ministro de Seguridad Alfonso Mosquera para que modifique el protocolo de uso de armas de fuego en los operativos y realice cambios para garantizar el correcto funcionamiento de la institución (La Voz, 31/10/2020).

Al asumir, Zárate Belletti señaló: «vamos a continuar trabajando como lo venimos haciendo, con los nuevos protocolos que recientemente se han puesto en vigencia, sobre el uso de arma y de fuerza y vamos a exigir que todo el personal policial lo conozca y lo cumpla». En cuanto a su nombramiento, resaltó: «en esta perspectiva de género que la institución viene trabajando desde hace un tiempo… una jefa de policía mujer también implica, como dije, un gran desafío».

Mientras tanto, en la provincia persiste el «estado policial» que insta la actuación de los agentes aun fuera del horario de trabajo y la tenencia de armas las 24 horas del día y los 365 días del año, a pesar de que la ley 10.731 de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobada el pasado 23 de diciembre en la Unicameral, dispuso el «cese del deber de intervención». Es decir, los policías cordobeses ya no están obligados a intervenir si están fuera de servicio y observan un episodio delictivo, aunque sí tienen que dar aviso. Sin embargo, el arma sigue siendo un apéndice del que pueden hacer uso y abuso en cualquier escena de su vida cotidiana.

Miriam Farías (45) e Ivana Módica (47) fueron asesinadas por sus parejas, miembros de las fuerzas de (in)seguridad del Estado, en febrero de este año. Romina Depetris (34) y Carolina Figueroa (36) se suman en octubre a una lista provincial de femicidios que ya superó el número de víctimas de 2020, un año atravesado por la violencia en el marco del confinamiento, donde miles de denuncias cayeron en saco roto, mientras el Ministerio de la Mujer echó trabajadorxs y aceitó la precarización laboral.

Poner una mujer a la cabeza y maquillar con perspectivas de género una institución misógina y corrupta, que forma parte del delito organizado, no va a resolver los problemas de violencia. Solo amerita el desmantelamiento de este aparato, cuya esencia es represiva.

Todos los que han gobernado hasta ahora utilizan esta gangrena del régimen como instrumento para enfrentar las luchas obreras y populares. Solo el Frente de Izquierda – Unidad plantea crear una fuerza de seguridad ciudadana, controlada por organizaciones sociales y de derechos humanos, en el camino de transformar la sociedad hacia nuevas bases sociales.

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