A poco mas de un mes del próximo encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy, desde Córdoba comienza a configurarse una delegación representativa de las luchas de la provincia, que se prepara para participar pugnando por una dirección que enfrente los ataques de Milei y los gobernadores.

Impulsar la movilización es una tarea ineludible en Córdoba frente al alineamiento total del gobernador Llaryora a la política de ataques de Milei. Tal es así que en un abrir y cerrar de ojos el “Estado presente” que se pretendía plasmar en los 25 ministerios de la estructura de gobierno local fue disminuido a 14, con un aluvión de despidos en áreas sensibles para la asistencia y contención de sectores vulnerables de la población, entre ellos principalmente las mujeres, diversidades e infancias.

La degradación del Ministerio de Mujeres a secretaría, que ahora depende de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, vino acompañado de un recorte del 20% del presupuesto para atender la violencia hacia las mujeres, el cual pasó a significar apenas un 0,19% del presupuesto total 2024. Aunque el presupuesto destinado a género nunca en la historia de nuestra provincia superó el 0,22% del total de las finanzas generales, atrás quedaron los discursos demagógicos para dar curso a una política de ataques a las demandas del movimiento de mujeres y diversidades sin tapujos.

Y es que en el pasado, mientras se intentaba estatizar nuestra lucha para erradicarnos de las calles, el gobierno del PJ local adscribía completamente a los planes de ajuste y sumisión al FMI del kirchnerismo. Las propias trabajadoras de los organismos creados denunciaron incansablemente la precarización y los limitados recursos para atender la violencia.

No hubo respuesta porque las funcionarias a cargo, adeptas al ajuste del gobierno, se atornillaban en los despachos y por otro lado hacían la vista gorda frente a la decena de funcionarios oficialistas imputados por violencia, abuso sexual y acoso en los últimos tres años, entre los que se encuentran nada más y nada menos que el Ministro de Seguridad, Mosquera; el Director del Centro de Operaciones en la pandemia (COE), Juan Ledezma; y el Director del Defensa Civil, Diego Concha, recientemente condenado a cadena perpetua por el abuso y femicidio de Luana Ludueña.

No sorprende el giro reaccionario de Llaryora. El PJ cordobés fue uno de los primeros en derechizar su política apalancando el ascenso del liberfacho Milei. Uno de los pioneros en perseguir y criminalizar la lucha piquetera encarnizada principalmente por mujeres ante la demanda de trabajo genuino, contra el hambre y el ajuste. El abandono total de la asistencia a los comedores y merenderos populares ejecutado en el orden nacional tiene parangón en el recorte de los cupos en el programa de asistencia alimentaria para comedores escolares (Paicor), el cierre de salas cuna, del programa del cuarto mes de licencia por maternidad para las trabajadoras, entre otros.

Córdoba no escapa a la descomposición y crisis del régimen. Los índices de pobreza e indigencia entre mujeres e infancias son los más altos del país, no es extraño que aumente la violencia y los femicidios, que hasta el mes de junio ascendió a 18 casos en el año. La Justicia es todavía más clasista y discriminatoria a la hora de atender las denuncias de las mujeres de las barriadas más postergadas o del interior, que se acumulan en los estrados de tribunales. Eso sí, las madres protectoras que señalan a viva voz el empleo del falso síndrome de alienación parental y la impunidad de los abusos intrafamiliares contra las infancias son perseguidas por la Justicia con mucha celeridad y efectividad.

El rechazo a la motosierra de Llaryora fue el motor de la multitudinaria marcha del 8 de marzo, con la docencia y las estatales a la cabeza del reclamo del paro general frente a la inactividad de las conducciones sindicales. Esa jornada dio paso a un proceso de grandes movilizaciones y paros activos arrancados desde las bases, un proceso que no ha cesado y tiende a profundizarse. La universidad y las escuelas que protagonizaron la marcha federal educativa preparan una nueva instancia; la defensa de la educación pública es inescindible de la pelea porque sea laica y científica. Como en 2018, la marea verde tiene mucho que aportar al movimiento estudiantil en defensa de sus conquistas y contra los ataques privatistas, reaccionarios y clericales de todos los gobiernos.

En este cuadro el encuentro será una optima oportunidad para deliberar qué salida necesita nuestro movimiento de mujeres y diversidades frente a la irrupción de un gobierno nacional reaccionario que niega la especificidad de violencia de género y la existencia de diversidades sexuales; y que, fundamentalmente asienta sus ataques en el fracaso de quienes gobernaron y llamaron a diluir nuestra lucha en un Estado al servicio de los intereses del FMI. Ni uno, ni otro, necesitamos una salida independiente.

Nos preparamos para viajar a Jujuy con una delegación que represente las luchas que estamos librando en la provincia, nutrirnos de las luchas del orden nacional y poner en pie una verdadera dirección independiente de nuestro movimiento, que impulse la movilización y se inscriba en la lucha por la huelga general hasta derrotar a Milei y la motosierra de los gobernadores.

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