La peor variante del plebiscito de un derecho se está por producir en la llamada “cámara alta”, en la que senadores de diferentes fuerzas pondrán en juego el derecho de millones de mujeres a cambio de favores, especulaciones políticas y todo tipo de intercambios.

Un puñado de 72 senadores deberán decidir esta vez si apoyan o no el proyecto de ley gubernamental luego de que el propio gobierno devaluara sus términos en favor de
reclamos clericales como el derecho a no practicar abortos por “ideario institucional” y la limitación de la autonomía de las niñas de entre 13 y 16 años.

En rigor de verdad serán 71 porque el senador oficialista Alperovich sigue de licencia en la cámara y eludiendo pagar sus responsabilidades por haber abusado de su sobrina que sigue peleando para que se haga justicia con quien fuera el principal aliado del gobierno de CFK y gobernador de Tucumán durante años.

Como la votación está más ajustada que en 2018, algunos votos ayudarán a clarificar lo que ocurrió por entonces. La devota de San Antonio de Loyola, la senadora kirchnerista por la provincia de Río Negro Silvia García Larraburu en 2018 se comprometió a votar a favor para luego convertirse en el voto número 37 que se dio vuelta y se colocó en contra, garantizando así que ninguna ausencia o cambio de voto de algún otro senador pudiera cambiar el rumbo del fracaso del aborto legal en el senado.

Ahora preparando el terreno para un nuevo cambio, declaró “Yo no especulo (sic), pero el proyecto es totalmente distinto y la situación es totalmente distinta, estamos analizando la letra chica -afirmó García Larraburu. Ahora hay un gobierno que apoya y apuntala la salud de una manera categórica” preparando así el terreno para un nuevo salto en su posición. Sin principio que la guíe, García Larraburu hará lo que CFK le indique que haga, así como lo hizo en 2018, cambio que le permitió a la expresidenta ganarse el apoyo público del Vaticano y los suyos ante la causa de los cuadernos.

Si hoy los senadores radicales actuaran como ella lo hizo en 2018, el proyecto naufragaría, porque fue presentado por un gobierno de otro signo político. En parte eso está ocurriendo con la senadora de Cambiemos por Córdoba Rodríguez Machado que votó a favor en 2018 y ahora estaría “dudando”. El destino de las mujeres a unas y otrxs, les importa poco.

El nudo de las definiciones está en manos de un puñado de 5 o 6 senadores que incluyen a García Larraburu. La inefable Lucila Crexell que en 2018 terminó presentando un proyecto propio y se abstuvo en la votación. La senadora proviene del MPN, una provincia en la que el peso religioso está más balanceado entre la iglesia católica y la evangélica y en la que, sin embargo, lo único que importa es el negocio petrolero (del que la familia de la senadora forma parte) y la participación en él de los amigos tanto del gobierno provincial como del nacional. En este momento está como senadora por Cambiemos y se especula con que se presentaría para disputar la interna de su partido provincial.

Juan Carlos Marino senador radical de La Pampa que viene haciéndose el que está reflexionando con relación a su votación negativa del pasado, aún no se ha pronunciado aunque tendrá que hacerlo el 17 como integrante de las comisiones que tendrán que emitir el dictamen. Lo mismo que ocurre con los pretendidos indecisos Olalla y Crexell que son vocales en la Banca de la Mujer y Kueider que es integrante de Asuntos Penales, siempre y cuando no decidan ausentarse a la hora de firmar dictamen. Edgardo Kueider del FdT de Entre Ríos se le conocen viejas declaraciones contrarias al aborto, algo que si ahora se diera en esos términos haría naufragar el proyecto de su propio gobierno. Por la misma provincia falta la definición de Stella Maris Olalla, radical y compañera de fórmula del acérrimo enemigo del aborto legal, el senador De Angelis, el de los piquetes de las patronales del campo, esos que si le gustan a su espacio político mientras que condenan los de los pobres que luchan por trabajo y comida.

Otras versiones colocan al senador por Jujuy del FdT Guillermo Snopek cambiando su voto negativo de 2018, lo cual no sería de extrañar ya que luego de las versiones no
desmentidas que en 2018 pusieron a la luz un intento de hacer abortar a una ex pareja seguro que su posición contraria al aborto no está relacionada con convicciones sino con especulaciones.

La internación de Carlos Menem de 90 años y enemigo del aborto legal, puede ser una buena oportunidad para que el nonagenario devuelva las amabilidades kirchneristas que le dieron protección durante los últimos 20 años, no sólo por las alianzas en La Rioja con ese espacio político que lo llevaron a mantener sus fueros, sino también por la intervención en el campo judicial que permitió que el ex presidente de la privatización de las empresas del Estado, del tráfico de armas y del atentado a la Amia, alabado varias veces por Néstor Kirchner, sobreviviera en la más absoluta impunidad.

Para el triunfo del aborto legal en el Senado se suma un requisito extra que no debe ser subestimado: la negativa de CFK a militar la causa del aborto y el pedido específico que habría hecho para no tener que desempatar, algo que como no depende sólo de su bancada sino también de cómo se comporte la oposición, todavía no estaría descartado.

Cristina Fernández, la responsable política del cambio de posición de García Larraburu en 2018, hoy fue la garante de la introducción de los cambios en el proyecto que compensaban a la iglesia frente al golpe que significa la aprobación del aborto legal en el país del papa Francisco. Nunca más justa la comparación de esta forma de hacer política con la conducta del tero que grita en lugares donde no tiene sus nidos para distraer a depredadores y oponentes.

En este cuadro de situación las movilizaciones del 17 y del 29 deben incrementarse porque, como se puede ver, la votación no depende de convicciones religiosas sino de
transacciones políticas en las que los derechos de las mujeres se encuentran en el último lugar del interés de las fuerzas en pugna.

Es fundamental en estos días hacer sentir el peso de la movilización popular que sin atenuantes fue la única razón por la que hoy está en tratamiento parlamentario el aborto legal.

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