Como venimos analizando desde Prensa Obrera, la posibilidad de conquistar el aborto legal en el Senado lejos está de ser un camino allanado y la improvisación gubernamental está al servicio de ceder a las presiones clericales, un aliado gubernamental fundamental. La apuesta del gobierno a un tratamiento y aprobación de su proyecto antes del cierre de año, está en un vertiginoso equilibrio de negociaciones con las iglesias y sus agentes parlamentarios enrolados en todos los bloques políticos de la cámara alta.

Así las cosas, a menos de una semana del tratamiento en la cámara alta, el gobierno no tiene garantizados los votos para su proyecto, a pesar de que fue presentado con 9 meses de demora. La última noticia es que estarían negociando cambios que imponen severas limitaciones contra este derecho y que parten del reclamo de una banca de un aliado del gobierno nacional, el exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek. “Si bien el exgobernador es un habitual aliado del oficialismo a la hora de votar leyes enviadas desde el Ejecutivo y manifestó su posición a favor de legalizar el aborto, en este caso supeditó su apoyo al proyecto a la posibilidad de que sea modificado en el tratamiento en el recinto”, señala Página 12 que debe admitir en la nota lo que oculta en el título, cuando adjudica las dilaciones sólo a Juntos Por El Cambio. Sobre las maniobras del bloque opositor no se dan testimonios en la nota en cuestión, lo cierto es que se afirma que el bloque no querría darle un éxito de fin de año al gobierno. ¿Es que el gobierno no sabía eso, o esperaba que sus opositores los ayudaran?

Cristina Fernández de Kirchner sigue sin hacer declaraciones y su delfín en el Senado, la senadora Silvia García Larraburu, que en pasado ya demostró estar dispuesta a hacer lo que la dirigente le pidiera, como darse vuelta tres días antes de la votación, se suma a la movida dilatoria y devaluatoria del proyecto de ley, luego de haber pegado la vuelta del rechazo en 2018 luego de declararse a favor y a firmar dictamen a favor en 2020.

Las versiones hablan de dos variantes: que las modificaciones sean introducidas en la votación en particular el próximo 29, o que el gobierno las incorpore en la etapa de la reglamentación. La primera opción implica que el dictamen deba volver nuevamente a Diputados y la sanción de la ley se demore hasta quién sabe cuándo.

Los cambios: una provocación y un ataque contra niñas y mujeres violadas

Las modificaciones que el gobierno está negociando son las que viene reclamando el senador Weretilneck (exgobernador de Río Negro y aliado incondicional del kirchnerismo para votar cuanta ley de ofensiva contra el pueblo pasa por el Senado) a las que se habrían acoplado otros senadores de la oposición y del Frente de Todos. En su contenido estos cambios son reaccionarios, porque violentan precisamente a las mujeres y niñas víctimas de una violación.

Reclaman que para las mujeres mayores de 13 años se imponga un límite hasta las 22 semanas de gestación para que puedan acceder a la interrupción del embarazo, y que se exija el requisito de una declaración jurada y una denuncia penal previa. Un camino que suele ser tortuoso para mujeres y niñas que sufrieron una agresión de este tipo, y que suelen ser doblemente violentadas en las comisarías y un sistema judicial donde reina la misoginia y el desprecio, y cuya imposición solo puede tener como objetivo desalentar el acceso a un derecho. Las semanas de gestación de tolerancia de un aborto son aquellas durante las cuales el feto es inviable, algo que en general es así hasta las 24 semanas de gestación. En estas circunstancias ya fueron negados abortos a niñas en las cuales se detectan siempre tarde, reteniéndolas forzadamente para esperar la viabilidad. Con este recorte los sectores antiderechos se preparan para empezar antes el proceso de forzar la viabilidad fetal.

Además, quieren restringir el concepto de “salud integral” –en los términos que lo define la Organización Mundial de la Salud, que contempla no solo la ausencia de enfermedad, sino también la consideración de factores sociales, psíquicos, ambientales, etc.- y reemplazarlo por el de “salud física”. Con ello buscan brindar mayores garantías para los objetores de conciencia y un nuevo argumento para quienes se dedican a vulnerar derechos. “Cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer), no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar”: Weretilneck confiesa un desprecio temerario por las condiciones de vida y la salud de las mujeres y niñas.

Si el gobierno admite estas modificaciones sencillamente estará convirtiendo en papel pintado a la ley ya que estaría ofreciendo a los sectores contrarios a este derecho todo lo que necesitan para negar las prácticas y para seguir torturando a niñas pobres o judicializando a mayores. Resulta de enorme gravedad lo que está ocurriendo.

La responsabilidad del gobierno

Ya en la media sanción que aprobó diputados, introdujeron graves restricciones a pedido de CFK, con la inclusión de la objeción por ideario institucional (sin obligar a los centros de salud a garantizar la práctica) y limitaciones a la autonomía progresiva para niñas de entre 13 y 16 años.

Entre los votos que estarían sujetos a este cambio regresivo en la ley que reclamó Weretilneck, se encuentra el oficialista Edgardo Kueider (Frente de Todos de Entre Ríos), y siguen en duda Stella Maris Olalla (UCR de Entre Ríos); la neuquina Lucila Crexell de Juntos por el Cambio, que en 2018 se abstuvo; y la rionegrina Silvina García Larraburu -un delfín de CFK en el Senado que hace dos años votó en contra, inclinando definitivamente la balanza a favor de los dinosaurios, y esta vez firmó el dictamen favorable en el plenario de comisiones. Tanto Kueider como García Larraburu habían firmado el dictamen.

El sendero de concesiones clericales que buscan reforzar obedece más a la alianza que Alberto y Cristina Fernández tienen con las iglesias, que a la pretensión de que esta sería la única vía de garantizar los votos.

A las calles para conquistar el aborto legal sin más concesiones

A las maniobras que impulsan las debemos enfrentar con una masiva movilización de la marea verde. La política que está impulsando el gobierno en estos decisivos días es una provocación contra nuestra lucha. Mostremos en las calles la convicción de la marea verde por conquistar este derecho. El 29 copemos el Congreso y movilicemos con toda nuestra fuerza en todo el país.

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