Mujer
28/7/2024
Justicia para Pluma Blanca: basta de impunidad en el saqueo de territorios ancestrales
Pidieron 4 años y 6 meses de prisión por abuso sexual hacia una mujer de la Comunidad Indígena Kamiare (Comechingón) Pluma Blanca
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Foto: corresponsal
El pasado jueves 25 de julio se realizó una nueva audiencia en la Cámara Criminal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, en el marco de la causa por delitos de índole sexual hacia una mujer de la Comunidad Indígena Kamiare (Comechingón) Pluma Blanca, hechos que se enmarcan en un ataque sistemático que vienen padeciendo hace décadas.
En la mencionada audiencia se presentaron los alegatos de las partes según estaba programado y se debía dictar el veredicto, por lo cual la fiscal pidió 4 años y 6 meses de cárcel. No obstante, la sentencia fue postergada por el tribunal argumentando la complejidad del caso y la necesidad de rever los argumentos expuestos por la querella en cuanto a la perspectiva de género e Indígena.
La Comunidad que habita en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas, sufre desde hace décadas la persecución de terratenientes, hoy representados en grandes empresarios vinculados a la agroindustria y a la especulación inmobiliaria, entre los que se encuentran miembros de la familia Remonda, reconocidos por sus nexos a los medios de comunicación local, concretamente a La Voz del Interior.
Es en este marco que la causa que investiga la comisión de cuatro delitos contra la integridad sexual, amenazas y coacciones hacia la víctima de 22 años de edad, que cuando comenzaron los ataques tenía 12 años, forma parte de la escalada de violencia que la familia de la Comunidad ha debido enfrentar en el proceso de defensa y resistencia de sus territorios.
La violencia territorial y el afán de obligar a las Comunidades a abandonar sus tierras han tomado en la provincia distintos mecanismos de acción, que en muchos casos implican el empleo de sicarios para atemorizar y amedrentar a los habitantes de estos territorios. En el caso particular de Pluma Blanca, las familias han padecido sistemáticamente la matanza de animales, invasiones en sus territorios, incendios intencionales, colocación de explosivos y la violencia sexual sobre sus mujeres, dejando claro que no solo los métodos de violencia escalan y se profundizan, sino que además se trata de un ataque global por parte de terratenientes, cuyos intereses recaen sobre estos territorios.
Aquí la violencia de género ha sido utilizada como una herramienta especifica de intimidación y desposesión, poniendo al cuerpo de las mujeres como parte de un motín de guerra. A pesar de los reconocimientos y algunos avances legales fruto de la lucha incesante de la comunidad y los movimientos que acompañan, la justicia nunca se expidió ni condenó los hechos de violencia, ataque sexual y hostigamiento, dejando en evidencia los intereses políticos y lucrativos de fondo. Además, no es menor destacar que este accionar del poder judicial, en sus diferentes instancias, desconoce la pertenencia de las Comunidades a un Pueblo, preexistente al Estado, que cuenta con ciertos derechos en el marco del convenio 169 de la OIT.
Es importante destacar que en el banquillo de los acusados solo está el autor material y no los responsables ideológicos y políticos que existen detrás del sistemático hostigamiento.
No obstante, como resultado de la lucha, es la primera vez que una causa por abuso sexual a una mujer de esta comunidad llegará a condena. Por eso, que los hechos sean encuadrados como parte de un plan superior para expulsar a las familias de sus tierras marcaria un antecedente de gran envergadura para las comunidades Indígenas y otras causas judiciales conexas.
La sentencia postergada será fijada pasados los primeros días de agosto, y se volverán a dar cita miembros de diferentes comunidades, movimientos de mujeres, sociales colectivos y agrupaciones políticas que vienen acompañando la lucha de la Comunidad en las distintas instancias. Es importante destacar la necesidad del acompañamiento de la comunidad en general y los pronunciamientos de las diferentes instituciones y organizaciones para arrancar un fallo condenatorio que rompa con la impunidad otorgada por el poder político provincial y su justicia adicta, esto sería un paso adelante en la lucha contra el saqueo y la expulsión de tierras ancestrales para los negociados de la agroindustria y la especulación inmobiliaria.
