16/07/2021

Misiones: el femicidio de Taty Piñeiro, los hijos del poder y una justicia hecha a su medida

Los familiares de la víctima apuntan contra el hijo del intendente de Puerto Esperanza, que sigue impune.

El pasado 12 de julio, se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Taty Piñeiro, que estremeció a la localidad de Puerto Esperanza y al resto de la provincia por ser un caso testigo sobre el carácter de clase que tiene el poder judicial. Los familiares de Taty habían apuntado como autor del crimen a Fabián Gruber, hijo del Intendente renovador, sin embargo detuvieron a Hernán Céspedes, quien apareció colgado en su celda horas antes de declarar. Su familia denuncia torturas para hacerlo confesar.

A 9 años del asesinato de Taty Piñeyro, desde el Plenario de Trabajadoras nos acercamos a acompañar a su mamá, Rosa González, a la audiencia con el juez Roberto Saldaña, quien lleva actualmente la causa. Luego de la reunión se informó a la asamblea que el juez accedió a permitir que el perito de parte de la familia acceda al expediente.

 

 

Hace tres años que no hay avances en la causa. Desde el poder se pretendió instalar que el único responsable de su asesinato fue Céspedes, a quien la familia apunta como el entregador de Taty. A la fecha, ya tres testigos fallecieron. Durante todos estos años, los familiares de Taty recibieron amenazas para ser silenciados, mientras que Gruber sigue disfrutando de todo el apoyo y la protección política, ya que su padre sigue a la cabeza del municipio.

Una justicia que encubre a los femicidas y violadores

Otro caso testigo de similares características es el femicidio de Marilyn Bárbaro (2004), el cual el año pasado fue cerrado de manera vergonzosa por el Tribunal, condenando sólamente a uno de los imputados. Mientras que los cuatro imputados restantes gozan de impunidad. Entre ellos encuentra Matías Ortiz, hijo Marlene Carballo, exdiputada renovadora, y todos fueron sobreseídos por el STJ, e incluso su madre fue sostenida políticamente a pesar del escándalo. A lo largo de los años podemos ver otros ejemplos como el de Silvia Alejandra González (2001), donde el STJ absolvió a Hugo Dante “Willy” Ríos, hijo del intendente de Campo Viera.

El año pasado el norte de la provincia se vio envuelto una polémica por liberar a dos violadores, entre los cuales se encontraba el empresario Carlos Dalmasso.

Desde El Plenario de Trabajadoras acompañamos a nuestra compañera Silvina, militante del Polo Obrero, quien hace más de 4 años exige justicia por Irma Ferreyra, su madre. Ella y el resto de su familia son víctimas de la extrema lentitud del Poder Judicial a la hora de condenar a los femicidas aunque estos no estén vinculados al poder. Silvina se enteró por los medios de comunicación que el próximo 3 de agosto se iniciaría el juicio contra Alejandro Esteche, el imputado en la causa, quien está privado de su libertad hace más de 4 años, pudiendo recuperarla ya que se vence el tiempo legal de prisión preventiva.

Juzgados de familia: revictimización y tortura para las víctimas

No debe haber un escenario más cruel para las víctimas de violencia de género que la situación de revictimización que sufren en el fuero específico, que tiene la única medida de crear medidas cautelares (restricciones y expulsiones del hogar), pero no controlar que estas se cumplan. Si estas terminan en el asesinato de una mujer, estas se tienen que denunciar en el fuero penal. Las medidas se tramitan por orden de llegada y en muchos casos los violentos han aprovechado esto para sacar medidas cautelares contra las víctimas o incluso cautelares recíprocas. Se han denunciado incluso que citan a la víctima y el victimario a momentos similares y estos se terminan cruzando.

El colmo de esta situación es el caso de la localidad de Puerto Iguazú, donde Juez de Familia Pedro Fragueiro, que fue destituido el mes pasado por acoso y abuso sexual, demostrando de la manera más burda la orientación misógina del poder judicial.

La contra cara del encubrimiento para los hijos del poder y la lentitud para enjuiciar y la vehemencia donde se contempla todo tipo de privilegios para los pocos casos que llegan a condenarse debido a la presión popular, es la mano de hierro con la que se juzga y condena a las mujeres de clase obrera, como los casos de Librada Figueredo (2003), Victoria Aguirre (2015), Miryam Bogado (2019) Teresita de Rocío Mattos (2019) y el caso de María Ovando, quien luego de haber ganado al Estado que la quiso condenar por ser madre pobre, fue víctima de un revés, al haberle armado una causa en venganza por haber demostrado que el asesino de su hijx, era el régimen hambreador de la renovación que pauperiza a las mayorías populares y luego las condena para expiar sus propias culpas.

¿Cómo combatir esto?

Las funcionarias feministas agitan una reforma judicial trucha, que no resolvería los problemas adyacentes del poder judicial. Ni hay proyecto de reforma en ese sentido ni tampoco hay ideas y postulados que se encuentren a la altura de la total revictimización que sufren las mujeres trabajadoras en este rubro. Hay que imponer la elección popular con cargos revocables y la creación de un fuero específico de violencia de género en el cual se unifique y facilite la atención de víctimas y familiares y dispositivos de seguimiento para los violentos.

Además de todas las medidas que prevengan las situaciones de violencia: educación sexual integral, trabajo genuino, plan de vivienda para las jefas de hogar, acceso a subsidios sin revictimización. Para esto es importantísimo que nos organicemos de manera independiente del Estado que pone todos los recursos para el FMI y de las Iglesias.

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