Pasaron 18 años, y los cuatro imputados por el femicidio y desaparición de Otoño Uriarte, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Ricardo Néstor Cau y Ángel Germán Antilaf, elevados a juicio gracias a la sostenida lucha de su familia y su entorno, junto a organizaciones sociales y políticas, fueron condenados de manera unánime a cadena perpetua el último jueves 20 de marzo. El Tribunal de Cipolletti, conformado por Amorina Sánchez Merlo, Juan Puntel y Florencia Caruso Martin los encontró "coautores del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por participar más de tres personas, por ser menor de edad la víctima y por haber ocasionado intencionalmente la muerte de la víctima Otoño Uriarte, articulo 142 bis inciso 1 y 6, y ante último parrafo, en función del articulo 45, todo en función del articulo 14 del codigo procesal penal" (Textual de la sentencia)

Contra la impunidad de ayer y hoy: vamos por el resto de los responsables

Los 18 años que el caso estuvo trabado y cajoneado tiene distintos motivos, pero evidencia principalmente, como denunció Roberto Uriarte, padre de la joven, que detrás de la desaparición de Otoño existió algo más que cuatro femicidas. Desde un comienzo, y sobre todo cuando el caso tomó trascendencia nacional el Estado y sus instituciones hicieron todo lo posible para desviar la investigación y no encontrarla.

La primera pata estatal en actuar fue la policía. La noche de la desaparición de Otoño, en la comisaría 26 de Fernández Oro se negaron a tomarle la denuncia a su padre. Justamente Roberto, interrumpido una y otra vez por la jueza Florencia Caruso durante el juicio, denunciaba los lazos políticos judiciales que operaron detrás del caso de su hija. “Nos hicieron mucho daño”, escupía Roberto ante el tribunal, que terminó por volverse parte del aparato de impunidad que también mencionaremos. Horas después, Ives Vallejos, ex jefe de la comisaría 26 tendría detalladamente la manera en que estaba vestida Otoño al momento de su desaparición, cuando no lo sabía ni el propio Roberto, que como dijimos, no dejaron declarar.

Sobre la policía y su accionar, tenemos que dos de los cuatro imputados mencionaron durante el juicio al jefe de la comisaría de Fernández Oro, Ives Vallejos. El primero fue Antilaf, que mencionó 18 años después que fue entrevistado por él en persona. Señaló también que el funcionario policial sabía de la desaparición de la joven, sobre la cual le consultó. Sin embargo, no existe ningún acta, ni declaración escrita de lo ocurrido por parte de la fuerza policial.

El otro condenado que lo hizo fue Cau. Este mencionó, antes de ser interrumpido por su abogado defensor que Vallejos viajó directamente hasta Buenos Aires a buscarlo. Llegó a agregar en ese momento que “el ya estaba muerto”. Tenemos que sumar que durante su declaración, Ives Vallejos confirmó que estuvo en San Martín de Los Andes, directamente en un prostíbulo, repartiendo una foto de Otoño mientras “la buscaba”.

Los cuatro condenados: Cau, Jafryn, Lagos y Antilaf.

A todo esto, tenemos que sumar el rol ineludible de la justicia. Desde un comienzo dicha pata realizó, junto con la policía, como declaró el actual ministro de seguridad y justicia de la provincia, Daniel Jara, todo lo actuado. Esto incluyó dejar de lado hipótesis, y muchos detalles y declaraciones que relacionaban a la policía en la desaparición. Muchos de estos detalles, como mencionamos, salieron a la luz durante el juicio.

La ex jueza del caso, María del Carmén García fue destituída por un jury de enjuiciamiento por su mal desempeño en el caso: entre tantas cosas, como la pérdida de pruebas y carpetas de peritajes, dicha jueza no incorporó al expediente las grabaciones de conversaciones entre la comisaría 8ava de Choele Choel y los proxenetas de la zona, donde hablan de “fichar a una chica de 15 años recién llegada de La Pampa”. Como se ve, una protección absoluta de la justicia con las redes de trata de personas. Sospechoso es en este sentido que nada dijera Daniel Jara, hoy ministro, ayer al mando de la investigación.

Respecto de la policía y su accionar en este caso, la jueza Florencia Caruso dedicó unas palabras en particular durante la sentencia. Dice la funcionaria, en cierta manera, a modo de defensa, propia y de la fuerza policial -y por lo tanto política-: “Otro punto a aclarar es en cuanto a los reclamos suscitados por la presunta participación de la policía, complicidades o fallas en la investigación. Si bien se ha respondido en el primer párrafo del veredicto -siguió Caruso- me resta decir que a este debate la parte acusadora, fiscalía y querella solo imputaron a los cuatro traídos a juicio. No hubo producción de prueba en contra de la policía ni tampoco personas de la fuerza imputadas”.

Por útlimo, dentro de la red de impunidad estatal tenemos que mencionar a los funcionarios políticos. La Comisión de investigación paralela que funciona en el Concejo Deliberante de Fernández Oro no fue una línea de investigación de la justicia ni de Jara. De ella participaban funcionarios locales y provinciales, otros funcionarios policiales, etc, como dijo Vallejos. Fue él que la denunció en su declaración, aclarando que eso era “político”.

Tenemos que agregar en este sentido el rol de los secretarios de seguridad de Río Negro, es decir el gobierno. En primer lugar al ex secretario de Seguridad de Río Negro Víctor Cufré. En aquel momento, se despachó declarando que “el caso estaba esclarecido” y que “la chica se había peleado con su padre y luego se había suicidado por lo cual no hacía falta la realización de una autopsia”.

En el caso del actual ministro de seguridad y justicia de Río Negro, Daniel Jara, fue el jefe policial a cargo de la continuidad de la investigación, en compañía del ex comisario Claudio Retamal, que tuvo que ser llevado a declarar por la propia fuerza pública. Jara y Retamal hipotetizaron una línea investigativa, señalando por distintas pruebas a los cuatro imputados. Sin embargo, la investigación oficial entre la policía y la justicia -la ex jueza María del Carmén García- no siguió otras lineas de investigación, y permitieron la pérdida de pruebas. Cuando declaró Daniel Jara en el juicio -luego de haber solicitado declarar por escrito, aceptado por el tribunal-, se presentó como un profesional de la investigación. Sin embargo obvió mencionar estas situaciones e irregularidades que no formaron parte de su investigación, en las que se ven involucrados policías y se perdieron pruebas.

Para Otoño, la verdad

Como denunció Roberto en una de sus intervenciones durante el juicio, hasta el momento queda evidente que los mecanismos políticos y judiciales que funcionan en relación con la fuerza policial siguen intactas. Los cuatro condenados, vistas las situaciones que quedaron en evidencia, bien pueden ser solo la punta de un iceberg.

Los 18 años de impunidad y las situaciones que surgieron en el juicio, que involucran a sectores de poder y negocios clandestinos millonarios, y que parecieran ser desestimados por la justicia, en realidad parecieran confirmarlo.

Luchemos, organizados y en las calles, exigiendo se investiguen a todos los involucrados en la causa, muchos de los cuales permitieron y actuaron durante estos 18 años de impunidad. Vamos por los responsables policiales, políticos y judiciales.
Otoño vive en nuestra resistencia.