Magalí Noelia Gómez, una joven de 27 años, fue hallada asesinada en el partido bonaerense de Tigre el pasado lunes. El crimen fue cometido por su pareja, Agustín Iván Pérez, un hombre de 38 años quien confesó ante la policía haberla matado y arrojado su cuerpo a una zanja. Actualmente se encuentra detenido y la causa quedó a cargo de Pablo Menteguiaga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre.

Magalí vivía en el barrio La Paloma y era empleada del Parque de la Costa. La noticia de su femicidio causó conmoción entre sus compañerxs de trabajo. En ese sentido, desde la cuenta de Instagram creada por lxs protagonistas de la lucha que tuvo lugar en el parque durante el año pasado en defensa de sus puestos de trabajo, expresaron rápidamente la indignación por lo sucedido y el reclamo: “paren de matarnos”.

Los resultados de la autopsia indican que fue estrangulada. La madre de la víctima declaró públicamente que Pérez ejercía violencia física y psicológica sobre Magalí, y que había estado internado hace algunos años en un neuropsiquiátrico. Tenían una hija en común, de cuatro años de edad. “La mujer aseguró que su hija le había planteado a Pérez ‘dejar la relación’, ya que él ‘la manejaba completamente’ y nunca la ‘dejó pensar ni decidir’” (Página 12, 13/10). Se desconoce si la joven había realizado denuncias previas.

Tigre también es la tierra de Micaela y Nancy Fernández, víctimas de narcofemicidos, en los que está comprobada la complicidad de la Policía Bonaerense, y de la desaparición constante de mujeres y niñas, como el emblemático caso de Viviana Altamirano. La fiscalía de género del municipio gobernado por Julio Zamora es la que se negó a caratular como femicidio el crimen de Luna Ortiz y archivó sin miramientos la denuncia por delito de trata de personas y narcotráfico realizada por la familia. Como si esto fuera poco, a seis meses de hallado el cadáver de una mujer en un descampado de Pacheco, el municipio aún no da a conocer la identidad de la víctima. Toda una muestra de cómo el poder político local protege a los femicidas y a las mafias de la trata que operan en el distrito.

Este escenario de impunidad estatal sin dudas desalienta a que las víctimas de violencia de género se animen a denunciar. La vulnerabilidad es mayor teniendo en cuenta la miseria salarial que arrecia a las mujeres que habitan las barriadas tigrenses. Sin ir más lejos, Magalí percibía en el Parque de la Costa un salario por debajo de la línea de indigencia; por lo tanto, no contaba con la autonomía económica necesaria para desenvolver un proyecto de vida lejos del agresor, sobre todo teniendo una hija a cargo. Lo anterior es moneda corriente dentro del colectivo femenino, el cual es mayoría dentro de la población más pobre; un caldo de cultivo propicio para que proliferen todo tipo de violencias. El Estado y sus gobiernos son responsables de esta situación ya que convalidan la precarización laboral y no garantizan ningún tipo de asistencia económica para las víctimas.

Exigimos justicia por Magalí, bandera que levantaremos bien en alto este próximo Encuentro de Mujeres y Diversidades del Noroeste, que tendrá lugar en el distrito de Tigre. Una nueva instancia de lucha para gritar #NiUnaMenos.

 

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