La joven de 18 años años fue asesinada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía Bonaerense que contaba con numerosas denuncias previas y una orden de restricción dictada el 5 de febrero del 2021. La intendencia hizo llegar el botón antipánico horas después de que Úrsula fuera asesinada. El crimen derivó en una pueblada a la Comisaría local que fue brutalmente reprimida por la policía de Sergio Berni, quien había otorgado al femicida una licencia psiquiátrica para beneficiarlo frente a distintas causas, incluida luego el asesinado de Úrsula. La protección y el encubrimiento que operan al interior de las fuerzas de seguridad rememoran lo sucedido con Natalia Melmann, secuestrada, violada y asesinada a manos de la policía bonaerense, que aún 22 años después del crimen tiene a varios de sus protagonistas impunes. Aunque Berni asistió rápidamente a Rojas para fotografiarse con la familia, su presencia, como siempre, fue para aminorar daños contra la policía. Por eso hasta hoy ningún cómplice fue sancionado.

Si bien en diciembre pasado el femicida de Úrsula fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de Junín, los familiares iniciarán demandas contra el Estado. El cuestionamiento apunta al juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes; y a juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari; a quienes acusan de haber desestimado las denuncias previas contra Martínez. “A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero, que si no hubiese pensado en sus vacaciones y hubiese tomado una medida inmediata de detención, hoy Úrsula estaría viva”, declaró Patricia Nasutti a Télam, y agregó sobre Callegari que si hubiese escuchado las denuncias sobre la violación de las perimetrales “hoy sería otro tema” (Télam, 8/2/21). Asimismo, la mamá de Úrsula en distintas entrevistas a los medios dijo que todavía está esperando que Berni firme “la baja del policía que lleva la culpa de asesinar y degollar a Úrsula” y que ante el crimen no tuvieron acompañamiento de ningún lado (TN, 7/2).

Cabe recordar que el juez Calligari fue designado por el voto unánime de todo el Senado bonaerense a propuesta del Ministro de Justicia de Vidal en 2016. Las fuerzas gobernantes se votan jueces a medida y luego se alinean conjuntamente para no removerlos cuando sus resoluciones se vuelven fundamentales para allanar el terreno a un femicida.

El poder judicial es un ariete fundamental de revictimización estatal de las mujeres que sufren violencia. Desde el poder ejecutivo provincial y nacional no proponen ninguna modificación justamente para el funcionamiento de la justicia ordinaria que recibe estas causas y que en la mayoría de los casos no responde a la demanda de las mujeres violentadas. Esos jueces y fiscales son designados por el poder político y por las legislaturas desde las cuales se los sigue protegiendo evitando que paguen por delitos como el de Úrsula. Frente a esta brutal realidad los ministerios de la Provincia y de Nación están de espaldas al grito de ayuda que piden cotidianamente las mujeres.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos a la familia y amigxs de Úrsula en la denuncia contra la impunidad estatal y la búsqueda de justicia. Reclamamos un fuero único de violencia de género con elección popular de jueces y fiscales y con revocabilidad de los cargos. La diversidad de fueros y las designaciones a dedo son incompatibles con cualquier salida a la violencia, como demuestran los femicidios a los que asistimos todos los días.

Al fracaso de los ministerios le anteponemos la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres desde nuestro propio movimiento para fijar políticas concretas, con presupuesto estatal pero sin ataduras a los gobiernos de turno que llevan a cabo planes ajustadores y programas que no redundan en una mejoría para las mujeres.

Luchemos por aumento de presupuesto para asistir a las víctimas de violencia, subsidios por violencia equivalentes a la canasta básica, por el fuera Berni -exponente de la descomposición policial que atenta contra las mujeres-, por la ESI laica y científica, y por la separación de las iglesias y el Estado.

De cara al 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, organicémonos por una movilización masiva que levante un programa independiente y denuncie la responsabilidad estatal en la violencia. Ni una menos.