El reciente fallo de impunidad para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que resultó absuelta de manera anticipada en la Causa Hotesur – Los Sauces junto a sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios oficialistas Lázaro Báez y Cristóbal López es, como ya señalamos, la demostración de un régimen de impunidad para el poder y sus negocios fraudulentos con el Estado. Quizás es por eso que, aunque llame particularmente la atención, el expresidente Macri no ha referido ni media palabra sobre la cuestión. Es también un claro beneficiario de este régimen de impunidad, gracias al que supo evadir más de doscientas causas en contra. La disputa entre las facciones políticas, asociadas con sus respectivas camarillas judiciales, se da más bien de fondo y es por hacerse del control del aparato de la justicia. Tal era el propósito de la abandonada “reforma judicial” del kirchnerismo, un intento del oficialismo por imponerse en este sentido.

A pesar que el expresidente Macri viene opinando de los temas de actualidad en su cuenta de Twitter, más aún desde la victoria de Juntos en las elecciones, nada dijo sobre el sobreseimiento de Cristina. Se trata de un resguardo de quien supo valerse una y otra vez del velo de impunidad que le brinda la justicia a los dueños del poder, gracias al que pudo “zafar” por sus implicancias en causas delicadas como la deuda con el Correo o el contrabando de partes en Sevel. Ahora, sin ir más lejos, viene ensayando maniobras para garantizarse una vez más la impunidad en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, habiendo pegado primero un faltazo a declarar, reclamando la recusación del juez Martín Bava, exigiendo el traslado de la causa a Comodoro Py (donde podría resultar absuelto según las consideraciones de los jueces) y ejerciendo presión mediática.

Pero Macri tampoco emite palabra sobre la absolución de Cristina porque es un vivo representante del mismo régimen corrupto. Uno de los ejemplos más emblemáticos probablemente sea que Ángelo Calcaterra, su primo, estuvo implicado en la causa de los Cuadernos; que fue radicada contra la vicepresidenta por asociación ilícita. Pero de estos abundan: otro tanto sucede con la megacausa de corrupción en Odebrecht, un grupo que fue enorme beneficiario de los negocios con la obra pública, y que salpica tanto al gobierno de Cristina como al de Macri. Es indisociable la ligazón del conjunto del poder político con los negocios de la patria contratista. Esa misma patria contratista de la que alguna vez un Mauricio Macri más joven, no en condición de figura política, sino de empresario, decía formar parte consultado por Bernardo Nestaudt.

Cristina y Macri están cruzados por el manto de impunidad judicial. Los une, también, la utilización de la propia justicia como ariete contra la movilización popular, para criminalizar la protesta y para ordenar las represiones y los desalojos que supieron protagonizar sus gobiernos. Prueba suficiente es la condena de César Arakaki y Daniel Ruiz, imputados bajo el macrismo por movilizar contra la reforma previsional, y condenados con nula veracidad probatoria bajo el gobierno de los Fernández. Lo es también la paralización de la causa por el asesinato de Santiago Maldonado, un hecho del que sectores del kirchnerismo hicieron bandera en los años del gobierno macrista, pero en el que ahora, desde la Rosada, se han encargado de refrenar cualquier avance en su esclarecimiento; en momentos donde el gobierno nacional mantiene una militarización policial del extranjerizado sur del país. El hecho de fondo es que a ambos dos los une no solo la impunidad para los negocios con el Estado, sino también la represión, la persecución a los luchadores y la utilización de la justicia para garantizar los negocios de este mismo régimen corrupto.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad levantan, por contrapartida, la necesidad de una verdadera democratización de la justicia en su programa político. La misma tiene que darse a través de la designación y la revocabilidad de jueces y fiscales por voto popular, al turno en que los mismos deben cobrar un salario que contemple la canasta básica pero por debajo de las privilegiadas dietas que hoy ostentan los peces gordos de la esfera jurídica del Estado. Un planteo en la vereda contraria a los cimbronazos entre las facciones de un régimen por copar los tribunales . Una orientación que choca de fondo contra los preceptos del Estado capitalista y delinea las formas de una nueva organización social: la del gobierno de los trabajadores.

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