La tercerización de la represión en el Sur

Los hombres que asesinaron a Elías Garay ingresaron armados a un predio cercado por la policía.

En la localidad de Cuesta del Ternero, en Río Negro, fue asesinado el día domingo Elías Garay, joven mapuche. Dos hombres armados y de civil ingresaron al predio de la comunidad Quemquemtrew y efectuaron el ataque. Esto desató una serie de movilizaciones y protestas, como las que tuvieron lugar al oeste de Cuesta del Ternero, en El Bolsón. Allí, un grupo de personas a caballo corrieron a los manifestantes al grito de “viva la patria”. La represión contra los pueblos originarios, una cuestión de Estado que tiene particular epicentro en la Patagonia (a pocos días de cumplirse otro aniversario del asesinato de Rafael Nahuel), vino escalando en las últimas semanas. Estos dos hechos puntuales abonan la tesis de que mientras se mantiene la zona militarizada, la acción represiva y los ataques a los mapuches se estarían tercerizando en grupos de civiles.

Los intereses en juego no son pocos. La familia Rocco, que reclama esas tierras, es la principal alentadora del desalojo (y las hostilidades) hacia la comunidad Quemquemtrew. Hablamos de una familia de capitalistas que vienen haciendo jugosos negociados con todos los gobiernos del menemismo a esta parte, explotando la plantación de bosques cultivados para la industria del papel. El 2 de marzo de 1999 tuvo lugar la primera resolución ministerial que de un plumazo les otorgó 100 hectáreas junto a otros beneficiarios de renombre, como el mentado Luciano Benetton, Héctor Magnetto para Papel Prensa y Federico Ochoa de Tierras Tecka S.A. De entonces al día de hoy, se mantuvieron las prebendas hacia los Rocco por parte de todos los gobiernos, de todo color y pertenencia política.

El gobierno provincial de Arabela Carreras, que en “solidaridad” con los Rocco radicó una denuncia por terrorismo contra los mapuches, pretende desligarse aduciendo que no efectuaron ninguna orden ni la disposición de ningún operativo al interior de esas tierras. Esto, no obstante, se contradice con las versiones iniciales, que hablaban de la presencia de efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía rionegrina. No sería de extrañar, puesto que es el grupo policial que mantenía al momento cercada la zona de la recuperación de tierras; aislando a la comunidad por completo, en una suerte de gueto, de vecinos, activistas y organizaciones que buscaban solidarizarse con la Quemquemtrew acercando comida, ropa y donaciones varias. Esto plantea un gran interrogante: ¿cómo ingresaron estos dos hombres con dos pistolas calibre 22 sin la complicidad de la policía?

Según un audio de integrantes de la comunidad presentes en el lugar, los agresores habrían dicho ser “cazadores”; pero cuando los mapuches les pidieron que bajaran las armas, empezaron con la balacera (Página 12, 22/11). No estaríamos hablando de un invento o de algo nuevo. Se trata de un modus operandi viejo y conocido: el de tercerizar la represión a grupos presuntamente civiles, pero organizados desde las vísceras de los gobiernos y el Estado. En Argentina existe un nutrido historial en estos casos, que abarca desde grupos parapoliciales como la Triple A al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que se dio en manos de una patota conformada por barrabravas (en ese momento ligadas al gobierno de los Kirchner a través de Hinchadas Unidas Argentinas) y que contó con la liberación de la zona y el posterior resguardo por parte de la policía.

Luego de producirse el asesinato, la policía volvió a actuar, pero para aislar por completo la trascendencia de cualquier información sobre lo ocurrido, e impidiendo como ya era habitual el acceso de cualquier otra persona al predio. Ahora, asesinato de Elías mediante, la comunidad logró el retiro de la fuerza como condición para que ingresen los peritos judiciales al lugar de los hechos. Peritos dispuestos por la misma justicia que criminaliza a los luchadores y activistas, como prueba el reciente fallo condenatorio contra Arakaki y Ruiz, obra en defensa de los negociados capitalistas sobre las tierras, como prueban las órdenes de desalojos desde Guernica a la Villa 31 y forma parte del andamiaje estatal desde el que se gesta la represión tercerizada.

La asamblea final de la Quemquemtrew resolvió un plan de lucha y movilización para derrotar los intentos del gobierno nacional y del provincial de desalojar a los mapuches, que tiene como objetivo ceder sus tierras a los verdaderos usurpadores: los Rocco, los Benetton o los Lewis. Este es el camino para que las recuperaciones de tierras mapuches, que confrontan nada más ni nada menos que contra enormes pulpos mineros, agroganaderos y deforestadores que mantienen privatizado (y extranjerizado) el sur del país, puedan imponerles una derrota. Todo dependerá de si se logra conformar un gran frente único que confluya con todas las luchas y movilizaciones populares en curso.

Abajo la militarización y la represión contra los mapuches. Justicia por Elías Garay; juicio y castigo a todos los responsables materiales, económicos y políticos.

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Fue en el marco de un ataque a la Lof Quemquemtrew.