La “guerra” contra la inflación que proclamó Alberto Fernández tendrá como único flanco imponer techos paritarios. Esa es la finalidad de la reunión que piensa concertar junto a la UIA, la CGT y las CTAs para volver sobre el remanido “acuerdo de precios y salarios”, un instrumento cuya función exclusiva ha sido la de deprimir los salarios mientras el costo de vida nunca detuvo su curso ascendente.

Como vemos, mientras el desmadre inflacionario arrasa con los ya derruidos ingresos de los trabajadores, el gobierno se propone combatir esta realidad reeditando medidas de control fracasadas y hartamente incumplidas por los capitalistas y tomándose con mucha seriedad avanzar en topes salariales, que no harán más que profundizar la carestía. De hecho, ha dado sus primeros pasos en esa dirección fijando un aumento de indigencia para el salario mínimo.

En este punto, es necesario desmentir la falacia de que el salario estimula la inflación. Para ello basta con mencionar que en los últimos cuatro años el salario real cayó un 18%, sin embargo, la suba de precios no da tregua. Sucede que el aumento de salarios solamente le pone un límite a la ganancia capitalista, es decir, a la apropiación por parte de los empresarios del valor creado por los trabajadores durante su jornada laboral. Ahora bien, que las patronales remarquen sus precios para compensar esa menor plusvalía obtenida ya no es responsabilidad del obrero que tan solo busca cobrar un sueldo que le permita reproducir su vida y la de su familia, sino que responde a la ambición desmedida del capital.

Por su parte, los que le adjudican al pago de los salarios el incremento del dinero circulante y sus efectos inflacionarios, omiten que la razón por la cual la emisión monetaria repercute en la inflación es la huelga de inversiones en la que está inmersa la clase capitalista, donde cada peso que circula, en lugar de volcarse a la producción, se refugia en el dólar acicateando una corrida o en la especulación financiera.

No debemos olvidar que la inflación es antes que nada un mecanismo para transferir ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia el de los empresarios y el Estado capitalista. Sin embargo, es utilizada como pretexto por parte de la UIA y el gobierno, con la anuencia de la burocracia sindical, para imponer paritarias a la baja con el verso de que el salario sería inflacionario. La reducción del costo laboral será tema excluyente de la mesa convocada y no faltará el reclamo patronal de atar los salarios a la productividad, entre otras medidas de flexibilización.

De todas maneras, no podemos dejar de mencionar que esta suerte de “pacto social” que intenta urdir Alberto Fernández se asienta en arenas movedizas, tras el derrumbe electoral del oficialismo y la honda crisis política que envuelve a la coalición gobernante sumida en un acuerdo incumplible con el FMI.

El gobierno muestra su carácter de clase a la hora de abordar el problema de la inflación. Porque mientras apunta los cañones contra los salarios, no tiene en agenda, por ejemplo, terminar con el dominio de un puñado de multinacionales sobre el comercio exterior de Argentina, que buscan replicar en suelo criollo las ganancias que obtienen vendiendo las materias primas en el exterior, trasladando sus altos precios internacionales al mercado interno. Incluso, da vía libre a que estos pulpos saquen provecho del encarecimiento extraordinario del trigo y del maíz fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania, afectando el bolsillo de la clase trabajadora local a la hora de hacer las compras. A tal punto, que, según el índice de precios del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (IPC-CESO), solo en la última semana los fideos secos subieron un 9% y las harinas un 7,4%.

Tampoco, más allá del discurso, mueve un dedo para desmonopolizar la industria alimenticia formadora de precios, cuando el grado de concentración de la misma es alarmante: “tres empresas concentran el 91% de la producción de aceites; tres compañías el 85% de la producción de azúcar; sólo una es la responsable del 79% de la fabricación de fideos; dos empresas acaparan el 82% de la producción de harina; dos reúnen el 98% del total de las gaseosas; y sólo una concentra el 70% de la producción de leche” (Ámbito, 17/3), según un relevamiento realizado por el Observatorio para el Desarrollo Provincial (ODeP). Ni siquiera avanza en la apertura de los libros de estos pulpos, a fin de examinar los costos reales.

Ocurre que la propia política oficial, al servicio de la hoja de ruta trazada por el FMI, es profundamente inflacionaria, ya que trae bajo el brazo una devaluación de la moneda, tarifazos en los servicios y aumentos en los combustibles, lo cual también impacta sobre los costos industriales y de logística, fogueando los precios del conjunto de los bienes.

Debemos rechazar este nuevo “pacto social” antiobrero y votar un plan de lucha desde la base por un salario mínimo de $130 mil, paritarias indexadas a la inflación y la abolición de impuestos al consumo como el IVA. Por otra parte, para combatir el espiral inflacionario es necesario reorganizar la economía mediante un plan dirigido por los trabajadores, al servicio de las mayorías. Someter al escrutinio popular los libros de las empresas que componen la cadena de valor  y la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior son aspectos indispensables de este programa.