El indec dio a conocer los datos de la Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria correspondientes al mes de noviembre, ascendiendo a $145.948 y $64.012, respectivamente. Llegando al fin de año, alimentos y bienes y servicios básicos se ubican por arriba de la inflación promedio, y lejos de la evolución del salario mínimo, números que se condicen con un agravamiento de la crisis social.

Si tomamos la medición interanual nos encontramos con que la canasta alimentaria (que mide la indigencia) subió un 101,8% y la canasta básica 97,4%, con un crecimiento superior al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 92,4% y bastante lejos del aumento inferior del piso salarial, que solo creció un 81%.

Por fuera de la comparativa porcentual tenemos que el salario mínimo de noviembre no llegó a cubrir la canasta alimentaria para el mismo periodo, siendo la relación de $57.900 contra $64.012. Para el gobierno, la burocracia y las patronales es “correcto” que el piso salarial no alcance a superar la indigencia.

Recordemos que según el acuerdo firmado recientemente y a espaldas de los trabajadores, el mismo día del comienzo del Mundial de Qatar para la Argentina, el salario mínimo llegará a $69.500 recién en marzo del 2023, cuando la inflación y los alimentos habrán seguido incrementándose.

El incremento de los alimentos más allá del resto de los indicadores afecta particularmente a las familias obreras, quienes consumen la mayor parte de sus ingresos y salarios en este tipo de bienes.

Esto explica el crecimiento en las luchas de las organizaciones piqueteras, e incluso la realización de acciones de las organizaciones sociales oficialistas, contra el bono de miseria del gobierno, que consta de dos cuotas de $6.250, una en diciembre y otra en enero, que entre ambas no totalizan ni la mitad de lo que paga un Potenciar Trabajo cuyo último cobro fue de $28.950 –la mitad del salario mínimo de noviembre.

En cuanto a los trabajadores con empleo registrado y en la informalidad se estima que una porción significativa de los mismos cuenta con ingresos inferiores a la canasta básica de $146.000, lo que los coloca en la pobreza. De allí que ni el aguinaldo sea suficiente para paliar las consecuencias del ajuste en marcha y que el gobierno decretara un bono de miseria, con ninguna incidencia en el mediano plazo.

El promedio salarial de los trabajadores registrados estables y con aportes (Ripte) alcanzó los $174.436,90, apenas un 20% arriba del índice de pobreza. Considerado que existen 6 millones de trabajadores en esta condición y que se trata del promedio, muchos de ellos se encuentran en la pobreza. Tomado el conjunto de los trabajadores registrados se estima que alrededor del 18% son pobres, según datos de la propia CTA de los Trabajadores, cuya dirección es oficialista.

La Junta Interna de ATE Indec, que publica mensualmente una estimación de cuánto debería ser el salario mínimo en función de la cobertura de los gastos más elementales, incluido vivienda, concluye que para el mes de noviembre los salarios deberían haber tenido un piso de $227.392.

Este deterioro salarial y de los ingresos populares es consecuencia de las políticas y el ajuste fondomonetarista aplicado por este gobierno y su predecesor, y de la complicidad de la burocracia sindical con la liquidación de los salarios.

El gobierno no defiende el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que es su principal depredador. Los trabajadores solo pueden confiar en sí mismo y en su organización, por una recomposición general de los salarios y el aumento del salario mínimo por arriba de la canasta alimentaria, como piso. Allí se inscribe la lucha de los trabajadores desocupados, con el movimiento piquetero a la cabeza, y las luchas de las y los trabajadores por el salario.

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