La Justicia ordenó anular la condena contra Luis Chocobar, el policía de la bonaerense que en 2021 recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso por asesinar por la espalda a un joven de 18 años. Este accionar judicial se enmarca en la política de reforzamiento represivo que impulsa el gobierno nacional, que incluso repone la “doctrina Chocobar” dando carta blanca a policías en el uso de armas de fuego, incluso en casos de detención de personas desarmadas o en caso de fuga.

El oficialismo salió a festejar la anulación: “Un tiro para el lado de la justicia… Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina Zaffaroni”, escribió el presidente a través de su cuenta de X. Patricia Bullrich, quien fue ministra en ese entonces y lo respaldó y homenajeó públicamente afirmó: “La doctrina Chocobar siempre fue, es y será el cumplimiento del deber de un buen policía: cuidar a los argentinos de bien. El Tribunal de Casación Penal evaluó que era un juicio mal hecho y una sentencia arbitraria. Llegó la justicia para Chocobar”.

Luis Chocobar dio una entrevista luego de que se conociera el fallo y afirmó: “me sentí abandonado por la Justicia”, pero la realidad es que la Justicia lo protegió, porque aplicó una prisión en suspenso para un delito de homicidio que debería tener al oficial pudriéndose en la cárcel hace años.

Ahora, la anulación promueve el envalentonamiento de las fuerzas represivas y, así, la mayor proliferación de abusos policiales y casos de gatillo fácil, un clásico del accionar policial. Sin ir más lejos, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en 70 días de gobierno de La Libertad Avanza hubo 60 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado –tanto nacionales como provinciales.

Bajo Milei, 20 personas fueron víctimas fatales de gatillo fácil; 19 murieron en cárceles o comisarías, 3 en un marco intrafamiliar por razones económicas, 3 tras ser impactadas por un patrullero y una a causa de femicidio de uniforme. Los 14 casos restantes fueron registrados luego de que culminara la elaboración del informe, el cual advierte que se está produciendo un crimen estatal cada 29 horas.

Esto significa que los gobiernos provinciales aplican en sus jurisdicciones la misma política de encubrimiento sobre los casos de abusos policiales y de gatillo fácil que impulsa el Estado nacional. Si bien todavía no existe un análisis pormenorizado sobre las responsabilidades de cada fuerza en particular, los datos sobre las muertes provocadas por el Estado en 2023 sirven para tener una dimensión del problema: hubo 16 muertes en comisarías bonaerenses y otras tantas en CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

La última expresión que tuvimos de este accionar policial criminal fue el fin de semana, en Monte Grande, donde un policía de la Ciudad baleó a una docente que salía del CENS, instituto secundario para adultos, cuando esta iba a buscar su auto ubicado frente a la casa del oficial. Ante los ruidos, el policía, absolutamente fuera de su jurisdicción, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar “pensando” que le robaban su auto, estacionado al lado del de la docente. El gatillo fácil es una política de Estado y las fuerzas represivas confían en que este garantizará la impunidad necesaria para llevarla adelante.

Esto constituye una pincelada más a todo un cuadro de prerrogativas represivas entre las que se incluye reprimir con saña a  jubilados, asambleístas, piqueteros, artistas y trabajadores en general que luchan contra el hambre y el ajuste, y fijar penas de cárcel efectiva a los luchadores, como en Mendoza, donde se aplica la Ley de Reiterancia contra manifestantes, la misma que quiere traer Jorge Macri a CABA. Recordemos además que el jefe de gobierno viene de hacer toda una campaña de “limpieza” que incluía sacar de las vía pública a personas sin techo.

Todo el arco político cierra filas para reforzar a las fuerzas represivas contra los laburantes y los que menos tienen. La doctrina Chocobar, que hoy la Justicia legitima con la anulación de la condena, no va a combatir el delito ni llevar seguridad a los barrios, sino que da carta blanca a las fuerzas que son socias del narcotráfico y el crimen organizado. La enfrentaremos en la calle.

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