Políticas

10/2/2021|1615

Apuntan contra los salarios

Después de mucha alharaca, finalmente el gobierno convocó para esta semana a las direcciones de los sindicatos y a las grandes patronales para avanzar en lo que denominó un “acuerdo de precios y salarios”. Para endulzar la iniciativa, el gobierno afirmó que el objetivo es lograr que los precios y los salarios se incrementen en proporciones similares. Algunos propagandistas del oficialismo fueron aún más optimistas y llegaron a afirmar que incluso por esta vía los salarios le ganarán varios puntos a la inflación durante el año 2021, lo que sería un principio de reversión de la caída de los ingresos de los trabajadores que en los últimos cuatro años promedia el 20%. Una caída que no solo alcanzó al gobierno de Macri sino también al primer año de Alberto Fernández.

Pero como sucede habitualmente, el discurso oficial está muy lejos de la realidad. Bien vista, la convocatoria a empresarios y burócratas sindicales está dictada por el salto inflacionario de los últimos meses. Al ritmo del 4% mensual, la pauta inflacionaria del 29% que figura en el Presupuesto 2021 es de cumplimiento imposible. Los pronósticos que publicó el propio Banco Central, a partir de su encuesta mensual realizada entre los analistas, hablan de una inflación muy superior, que rondará el 50%. Ya en enero, los alimentos de la canasta básica para los sectores de menores recursos se incrementó en la Ciudad de Buenos Aires en un 5,4%. Se trata de una tendencia persistente, en la que los alimentos y los productos de primera necesidad suben por encima del promedio. Esto se traduce de inmediato en mayores índices de pobreza e indigencia.

Ganancia capitalista

El gobierno no solo se muestra impotente ante el crecimiento de los precios, sino que es uno de sus responsables. Durante 2020 incrementó significativamente la emisión monetaria para asistir a las empresas y luego éstas usaron ese flujo de pesos para dolarizarse. Junto con el fuerte salto de los dólares paralelos, el Banco Central también hizo subir la cotización del dólar oficial, incluso por encima de la inflación mensual. Cedió así a la presión de los exportadores, que cobran sus ventas al exterior sobre la  base de la cotización de  la divisa oficial. Otra fuente que impulsó la inflación fue la suba persistente de los combustibles, que impacta de modo directo e indirecto sobre toda la cadena de precios. A la cabeza de esta suba estuvo y está YPF, que reclama mayores precios internos para poder hacer frente a la reestructuración de la deuda con los fondos de inversión internacionales. Según los trascendidos, el acuerdo final que estaría logrando tiene enormes concesiones al capital financiero. Incluiría un pago al contado importante y una tasa de interés muy superior a la internacional. De este modo, los pagos a los acreedores serían la fuente de financiación de este acuerdo entreguista. Por último, conviene recordar que una de las primeras medidas de Alberto Fernández fue reponer el IVA del 21% sobre los alimentos, lo cual es una fuente directa de encarecimiento de los precios que pagan los consumidores.

Pero los capitalistas no solo se beneficiaron indirectamente con la suba de precios sino que lo hacen de modo directo, logrando imponer en cada tramo de la cadena de valor beneficios extraordinarios. Esto abarca desde la elaboración de la materia prima, su industrialización monopolizada por un puñado de grandes empresas y, desde ya, la venta en las grandes cadenas de supermercados. Para poner de manifiesto esta situación y terminar con estos beneficios abusivos, corresponde abrir los libros de las empresas para conocer directamente sus costos de producción y comercialización. Sin embargo, esta medida está fuera del radar del gobierno. Así, la reunión con los empresarios no pasará de una foto circunstancial, o quizá peor, sirva para que éstos le arranquen al gobierno nuevos subsidios.

Sucede algo similar en relación con el capital agrario. El gobierno venía agitando la posibilidad de una suba de las retenciones, para evitar que el aumento de los precios internacionales de los alimentos se traduzca en el mercado interno, como ya está ocurriendo. Pero ante la sola amenaza de cortes de ruta, Alberto Fernández convocó en persona a la Mesa de Enlace a una reunión para bajar los decibeles del conflicto. Como sucedió con Vicentin y luego con los cupos de exportaciones de maíz, el gobierno viene retrocediendo en chancletas ante las presiones del capital agrario. La necesidad del gobierno de hacerse de dólares ante la caída de las reservas del BCRA lo llevará a evitar todo conflicto con los exportadores de alimentos. En vez de cuidar la “mesa de los argentinos”, priorizará los dólares para hacer frente al pago de la deuda.

Pacto social

En estas condiciones solo resta esperar que la inflación en los próximos meses siga para arriba. Como ya lo señalamos, es el pronóstico unánime de todos los analistas. La pretensión del gobierno, sin embargo, es que se tome la pauta inflacionaria del 29% que figura en el Presupuesto como parámetro para las paritarias de 2021. Es lo que acaba de hacer el sindicato bancario, dirigido por la fracción más kirchnerista del movimiento obrero. Se trata de una entregada sin atenuantes, si se tiene en cuenta además que su patronal se encuentra entre los sectores que más ganaron durante la pandemia, haciendo jugosos negociosos con las Leliq, que duplicaron su stock durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Por esta vía, el gobierno estaría ensayando una suerte de pacto social, para enchalecar al movimiento obrero en un pacto corporativo con las patronales. Al igual que bajo el gobierno macrista, se repite el discurso que los salarios se fijen en función de la inflación futura, lo cual es doblemente pérfido, porque, por un lado, se renuncia a recuperar lo perdido y, por el otro, no se toma en cuenta la verdadera inflación futura sino solo el dibujo que figura en la ley de Presupuesto.

En este cuadro de conjunto debe analizarse la reciente iniciativa de Sergio Massa, para exceptuar del pago de Ganancias a los trabajadores que cobren hasta 150.000 mensuales brutos o unos 127.000 netos. Aunque inicialmente la medida beneficiará a la mayoría de los trabajadores que pagan el impuesto, al no tener un índice de actualización mensual por inflación ocurrirá que con el correr de los meses y las firmas de las nuevas paritarias muchos trabajadores volverán a ser afectados. Tampoco se exceptúa al pago del aguinaldo. A pesar de estas limitaciones, la burocracia sindical salió a respaldar incondicionalmente el proyecto oficial que, con seguridad, será usado para apuntalar los techos paritarios. El argumento será que los trabajadores que transitoriamente dejen de pagar el impuesto, tendrán indirectamente un aumento de sus salarios. Pero así el gran negocio será de las patronales, que podrán pagar menores aumentos, valiéndose de lo que el Estado dejó de recaudar.

 

 

Quién gobierna

Es un dato a tener en cuenta que el gobierno le haya dejado a Massa ser el impulsor de este proyecto. Massa es el ala derecha de la coalición oficial y viene ganando protagonismo en el último período. Por lo pronto, fue el primero en hacer suya la campaña macrista para una vuelta de clases presenciales sin las condiciones necesarias sanitarias adecuadas para ello. Su pronunciamiento anticipó el giro del gobierno y el pacto sellado entre el  ministro Nicolás Trotta con Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña esta semana para dar luz en la Ciudad de Buenos Aires a la apertura indiscriminada del macrismo. Massa acaba de bajarle el pulgar a la idea de un juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsa un sector del kirchnerismo, cerrando filas con la corporación judicial. El ex intendente de Tigre también está a la cabeza del giro de la política del gobierno para Venezuela, avalando la injerencia imperialista en la región. Así, mientras la derecha agita el fantasma de que Alberto Fernández es un títere de Cristina Fernández de Kirchner, quien determina la política oficial es su ala derecha.

 

 

 

Los pactos del gobierno con la oposición no se restringen a la apertura precaria y sin condiciones de los colegios en todos los distritos. Está en marcha también un pacto para modificar el calendario electoral, alegando la situación sanitaria. El macrismo ya habría dado su aval a una postergación de las Paso para setiembre y de las elecciones generales para noviembre, tal como pide una parte de la coalición oficial. Frente a la profundización de la crisis social y de la bancarrota económica, ningún sector capitalista se siente seguro para afrontar el proceso electoral.

Impulsemos la deliberación de los trabajadores

El pacto social, los acuerdos de precios y salarios y la apertura precaria e indiscriminada de los colegios más allá de lo que dicta la situación sanitaria integran un paquete de ofensiva capitalista sobre los trabajadores, que es impulsada por igual por todos los bloques capitalistas. En el vértice de esta política está el gobierno, que actúa en función de un acuerdo con el FMI y los acreedores internacionales. La reducción del déficit fiscal que se evidenció en enero, gracias al aumento de los impuestos que paga la población, es uno de los principales reclamos del FMI. En determinadas condiciones, el Fondo podría avalar un aumento de las retenciones, como una vía adicional para reducir el déficit fiscal y mejorar las condiciones de repago de la deuda.

La orientación de la burocracia sindical es ir a fondo en una colaboración con las patronales y el gobierno. La tarea que se le asigna es neutralizar a los trabajadores para evitar una acción independiente, en momentos donde se dispara la carestía y continúan los despidos. La paritaria bancaria del 29% en cuotas debe alertar a todo el movimiento obrero sobre hasta dónde llega el entreguismo de todos los sectores de la burocracia sindical.

En oposición a esta orientación, llamamos a los trabajadores a desarrollar una deliberación para enfrentar esta situación y superar la política traidora de la burocracia. Para impulsar esta deliberación planteamos una campaña política nacional con consignas claras: ante la carestía, aumento de emergencia al conjunto de los trabajadores estableciendo un salario mínimo de 60.000 pesos y el ajuste mensual de los salarios por la inflación; paritarios electos y con mandato, abajo los techos del gobierno; eliminación del impuesto al salario; aumento de emergencia para los jubilados, reposición de la movilidad; apertura de los libros de las empresas para determinar los costos y combatir los aumentos de precios; prohibición de los despidos y suspensiones; por un congreso de bases del movimiento obrero y un plan de lucha nacional.