Luego de que ayer les mostrasen por primera vez las fotos y videos del ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 y encontrado y registrado el pasado diciembre por el barco Seabord Constructor, los familiares de los tripulantes volcaron nuevas críticas a la actuación de la justicia, el gobierno y la Armada en la causa.

Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y abogado, que conocía los registros porque había participado como veedor de las exploraciones del Seabord, señaló a Big Bang News (24/4) que “la transmisión de los videos [dispuesta por la jueza Marta Yañez] se hizo por streaming desde Caleta Olivia. Eso generó momentos de enorme pixelado, en los que no se veía prácticamente nada”. La respuesta de los funcionarios fue que era un problema del ancho de banda y que “el familiar que quisiera verlos con buena calidad podía ir a Caleta Olivia”.

En el mismo sentido se quejaron familiares de varios puntos del país, como Mar Del Plata y Salta: desde esta última ciudad Ramiro Arjona, padre del maquinista del ARA Faustino, señaló que “es una burla lo que hicieron, una más. Escuchamos mentiras (…) Vimos agua, agua y más agua. No pudimos hacer ni una pregunta, ni una consulta porque no estaba en la agenda de la jueza (…) queremos saber la verdad de lo que sucedió” (El Tribuno, 24/4).

Tagliapietra señaló que la elección de una retrasmisión borrosa era “coherente con la política del juzgado, que a los abogados ni siquiera nos permiten sacar fotos del expediente”; que a los familiares presentes en el Consejo de la Magistratura se les impidió tomar contacto con la jueza, los peritos y el capitán de la Armada que “explicaba” allí algunos registros, y que la exposición de los registros cuatro meses después de realizados “es una farsa”.

En relación con el curso de la causa, el abogado denunció las reuniones mantenidas en secreto por la jueza Yáñez con el ministro de Defensa, Oscar Aguad; así como la ausencia de un equipo de peritos independiente que dilucide qué pasó con el submarino (los que fungen actualmente pertenecen a la Armada, que ha tenido un acceso privilegiado a los registros). Y marcó que “el submarino lo encontramos en virtud de la presión que generamos los familiares, porque ella nunca tomó una medida para impulsar la búsqueda. La búsqueda la impulsamos los familiares acampando 52 días en Plaza de Mayo y presionando al Poder Ejecutivo”

En este escenario, todavía se desconoce el motivo de la explosión y hundimiento del submarino, así como la misión que cumplía cuando se produjo el hecho. Lo que se hace claro por las denuncias de los familiares es que la causa viene siendo demorada y digitada por el gobierno y la fuerza militar. Estos poderes del Estado actúan así como juez y parte, cuando existen numerosas evidencias que los comprometen, como la sucesión de informes sobre accidentes y fallas de funcionamiento del submarino. Días atrás, la esposa del cocinero Ricardo Gabriel Alfaro reveló que el tripulante se había quejado de que el ARA estaba “cada vez peor”, con sistemáticos cortes de luz, principios de incendio y fallas en las válvulas, y que justo antes de partir le pidió: “si no vuelvo, hacelos mierda. Si algún día yo no estoy, ya sabés, no les perdones nada” (Infobae, 21/4).

La jueza Yañez que la causa está “cerca de una conclusión”, que, en vistas de este desarrollo conspirativo, parece anunciar la impunidad para los principales responsables políticos y militares de la catástrofe (un operativo que ya se hacía visible con la deposición, días después de la desaparición del submarino, del entonces jefe de la Armada Marcelo Srur).

La publicación de toda la información existente, la conformación de una comisión investigadora independiente y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas está a la orden del día.