Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, asumió su cargo defendiendo “un programa económico que nos ubique en el equilibrio fiscal” en el marco del acuerdo con el FMI. Sin titubear, la funcionaria designada con el aval de Cristina Kirchner, en lugar de anunciar políticas orientadas a paliar la difícil situación que atraviesa la población trabajadora, se ubicó en el andarivel del ajuste para arrimarse a un inaplicable programa fondomonetarista.

No obstante, si bien la ministra ratificó que está dispuesta a cumplir lo acordado con el Fondo, no descartó que puedan surgir “algunas modificaciones” en las revisiones periódicas dado el contexto internacional, mostrando el carácter incumplible del programa firmado. Como ya hemos dicho, el organismo compensará los incumplimientos trimestrales en materia fiscal que devengan, por ejemplo, del crecimiento de los subsidios energéticos, con mayores exigencias de ajuste en otras áreas, manteniendo intactas las metas anuales.

Concretamente, cumplir con las metas fiscales del Fondo implica un recorte del déficit fiscal del 0,3% del PBI hacia el tercer trimestre y una reducción del gasto del 7,8% en términos reales hasta fin de año. En función de eso es que el presupuesto destinado a obra pública pasó del 2,2% del PBI antes de concretar el acuerdo al 1,8% del PBI en la actualidad, constituyendo un duro golpe a la actividad económica, a la generación de empleo y al derecho a la vivienda. De conjunto, el Presupuesto 2022 sancionado vía DNU reduce el gasto corriente en un 0,4% del PBI. Sin ir más lejos, las partidas asignadas para transferencias a las provincias, políticas alimentarias y programas sociales prevén aumentos por debajo de la inflación proyectada.

En ese sentido, también se evidencia una fuerte subejecución presupuestaria, del 41,54% a julio en términos generales, cayendo al 26,5% en Ciencia y Tecnología, al 30,5% en Cultura, 34,6% en Ambiente, 37,7% en Salud y 38,5% en Obras Públicas. De este modo, vemos hacia dónde apunta la austeridad fiscal del gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que mientras se restringe la emisión monetaria dirigida al gasto social, el Banco Central emitió más de $600 millones desde junio a esta parte para comprar bonos del Tesoro y amortiguar su caída frente a la ola vendedora, financiando así la corrida cambiaria protagonizada por los bancos y los fondos de inversión. Sin embargo, Batakis no se privó a de atribuirle al déficit fiscal la principal causa de la suba de precios, enfatizando que “las cuentas ordenadas van a colaborar en la lucha contra la inflación”; un latiguillo para justificar el ajuste.

A su vez, en el informe sobre la primera revisión trimestral, el FMI indicó las vías mediante las cuales profundizar el ajuste para arribar a la meta anual. Habló de “asistencia social adecuada”, léase, recorte en los programas sociales. Mencionó en ese texto también la necesidad de realizar “esfuerzos para racionalizar los gastos en bienes y servicios, subsidios al transporte y transferencias discrecionales a provincias y empresas públicas, así como priorizar mejor el gasto de capital”, lo cual derivará en aumentos en el boleto e impuestazos provinciales. También incluye un ataque a los trabajadores estatales señalando que “se procurará una gestión prudente de los salarios necesarios para mantener sin cambios la masa salarial del gobierno federal como porcentaje del PBI”. Asimismo, a los trabajadores jubilados al indicar que “se prevé que el gasto en jubilaciones disminuya como porcentaje del PBI, en consonancia con la fórmula de indexación existente, que está vinculada al crecimiento pasado de los salarios y los aportes a la Seguridad Social”, añadiendo que “las actualizaciones discrecionales de las jubilaciones (bonos) también deben evitarse”. El gobierno centrará todos sus esfuerzos en seguir esta hoja de ruta antipopular en nombre de que el Fondo continúe enviando los giros previstos y evitar el default.

Por su parte, Batakis indicó que “necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de subsidios”, mostrándose partidaria de la segmentación y la política de tarifazos permanentes. Nada nuevo viniendo de quien fuera ministra de Economía bonaerense bajo el gobierno de Scioli, trístemente célebre por haber inaugurado en 2012 el aguinaldo en cuotas para los trabajadores docentes y estatales de la provincia, lo cuales se lanzaron a la lucha contra esta ofensiva.

Para coronar su perfil antiobrero, Batakis se manifestó expresamente a favor de avanzar en tasas reales positivas en el Banco Central, soslayando los efectos recesivos de dicha orientación. La funcionaria propuesta por Cristina Kirchner no cuestionó ni una coma del programa dictado por el FMI, reafirmando que su asunción en reemplazo de Guzmán no es sinónimo de cambio de rumbo; solo busca refrescar la imagen de un gabinete desprestigiado, en función de que Alberto Fernández pueda culminar su mandato. Como señalaba Néstor Pitrola en la editorial semanal, al kirchnerismo no le interesa tirar abajo al gobierno, sino presentarse como recambio en las elecciones de 2023 con el objetivo de bloquear un reagrupamiento políticamente independiente de los trabajadores.

Finalmente, el ajuste fondomonetarista continuará su curso y las contradicciones que presenta el acuerdo seguirán descargándose sobre las mayorías. Por lo tanto, necesitamos una intervención obrera y popular para tirarlo abajo, en esa perspectiva se inscribe la movilización del 9 de julio a Plaza de Mayo convocada por la izquierda y los sectores combativos.

 

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