Sergio Berni y Axel Kicillof anunciaron la desafectación de 400 efectivos de la Policía Bonaerense por su participación en el motín de septiembre del año pasado para reclamar aumentos salariales, como respuesta a las nuevas convocatorias que circulaban por redes sociales. Sentenciaron que “no negocian con insurrectos”, para mostrarse firmes ante una reapertura de la crisis con la fuerza que ellos mismos “empoderaron”. Este intento del gobierno de defender la cadena de mando se desarrolla cuando la Bonaerense es el blanco al que apunta la pueblada en el distrito de Rojas, tras el femicidio de Úrsula Bahillo y la posterior represión a quienes se manifestaron para exigir justicia.

“Si me toman una comisaría, voy y los saco a los tiros”, había declarado Berni en una entrevista a Clarín los días previos al anuncio, cuando se difundía en las redes sociales que esta semana se realizarían nuevas protestas en distintos puntos de la provincia como Puente 12 en La Matanza, o los destinos veraniegos de Mar del Plata y Pinamar (donde se lleva a cabo el Operativo Sol). Las sanciones suman a este clima de amedrentamiento, en busca de recomponer la autoridad.

En el discurso que dio en un acto en Florencio Varela, el ministro acusó a los instigadores de las movilizaciones de haber sido exonerados “por ladrones”, defendió la desafectación de 400 efectivos aludiendo a que hay detrás una “disputa por una caja millonaria” en torno a la sindicalización policial, y acusó a su vez a Juntos por el Cambio como el motor de los llamados a la insubordinación.

Esta pose de rigidez contrasta, sin embargo, con la capitulación con que el gobierno provincial resolvió el conflicto en septiembre, a fuerza de un incremento salarial que le negó a los trabajadores de la salud, a los docentes y los estatales; y tras la quita de un punto de la coparticipación federal que recibía la Ciudad de Buenos Aires. Pero tanto cuando tiró la toalla el año pasado como con estas sanciones, de lo que Kicillof acusa recibo es que necesita una fuerza que le responda ante el ajuste que se viene, en un provincia con una crisis social pavorosa. Como retrató la lucha por la vivienda en Guernica, el reforzamiento represivo apunta contra los reclamos populares.

Pero el pez por la boca muere, y el ajuste deja poco margen de maniobra en una provincia que no puede salir del default. Berni y el gobernador batieron el parche acerca de una equiparación de las remuneraciones de los agentes de la Bonaerense con las fuerzas federales, pero ahora no pueden hacer frente a la actualización salarial del 25% que fijó el gobierno nacional. La recomposición de la cadena de mando en este escenario es fundamental para evitar sucesos como los que atravesó el gobierno de Daniel Scioli en 2012, cuando desdobló el pago del medio aguinaldo y se suscitaron manifestaciones de los trabajadores del Estado que despertaron la solidaridad de sectores de la policía que eran afectados por igual.

Parte de esta política de recomponer el mando policial pasa por la absorción de la Policía Local que hoy reporta en buena medida a los intendentes, y a la cual señaló Berni como responsable de las protestas pasadas debido a su “falta de conducción”. Ello le valió choques con los jefes comunales no solo opositores sino también pejotistas, y hasta cruces del propio Sergio Massa. El desplazamiento de la cúpula de la fuerza en La Plata es expresión de esta tensión por el control de los efectivos en el territorio espeso del Conurbano bonaerense.

Lo que aporta claridad en este cuadro es el repudio popular que manifiesta el pueblo de Rojas, que se sublevó a partir del crimen de Úrsula a manos del agente Matías Ezequiel Martínez, a quien había denunciado en 18 oportunidades. Para graficar la responsabilidad policial en este desenlace, bastan las palabras premonitorias de la propia víctima: “si un día no vuelvo, hagan mierda todo”. Un retrato del desamparo que obtuvo como respuesta a las reiteradas denuncias que radicó. La bestial represión que intentó dispersar a quienes reclamaban justicia azuzó la bronca y desató una pueblada.

El caso de Úrsula resume la necesidad de una intervención popular, empezando por su esclarecimiento en base a la apertura de los libros de la comisaría local y la Comisaría de la Mujer a una comisión investigadora independiente. Es una medida esencial para quebrar el autoencubrimiento de la maldita Bonaerense, una práctica sistemática, como puso de relieve el accionar de la fuerza ante la desaparición y posterior asesinato de Facundo Astudillo Castro. Son botones de muestra que grafican que no se trata de excesos o desmanejos, sino de una fuerza descompuesta desde su propia cúpula, que es necesario desmantelar.

La crisis en la Bonaerense no solo refleja las disputas de poder y de caja (en torno a los negocios asociados al crimen organizado) en una estructura represiva podrida hasta sus cimientos, sino que expresa a su vez una preocupación central del gobierno: contar con la fuerza necesaria para imponer el ajuste.