Transcurrido un mes del lanzamiento del Programa Más Precios Cuidados, el cual establece el congelamiento de 1.432 artículos, la Secretaría de Comercio Interior afirma que en el 20% de las inspecciones hubo faltantes de productos. Tal como ocurrió con las anteriores medidas de este tipo, los ardides por parte de las empresas para eludir los controles estatales no se hicieron esperar, y, frente a esto, el gobierno no toma una sola reprimenda.

No solo que las patronales responsables del desabastecimiento no reciben ningún castigo por ello, sino que además, el gobierno tiene en agenda premiar a estos sectores otorgándoles una serie de beneficios a cambio de que no aumenten los precios, como la devolución del IVA a toda la cadena láctea. “También se estudia un esquema para el aceite embotellado y para productos elaborados en base a aceite como la mayonesa, ejemplificaron. En este caso, el mecanismo sería la ampliación del fideicomiso del aceite que fue creado a principios de año por el Gobierno para descomprimir la suba de esos bienes durante el alza de precios internacionales” (Infobae, 18/11).

Cabe destacar que son prerrogativas que ya fueron impulsadas durante el 2020, y, a pesar de eso, no impidieron que la leche subiera un 67,6% interanual y el aceite un 74,3%, superando la inflación del período. Por otra parte, no podemos pasar por alto que el mismo gobierno que, ni bien asumió, repuso el IVA para la compra de un producto de primera necesidad como la leche está dispuesto a eximir a los capitalistas de la cadena láctea de ese mismo impuesto; exhibiendo sin tapujos su carácter profundamente antipopular. Lo anterior ilustra la impostura por parte de los capitalistas cuando justifican la suba de los precios por la presión impositiva que deben afrontar; allí únicamente están reclamando exenciones al capital y no a los consumidores, sobre los que se descarga el grueso del peso tributario del país. Resulta prioritario eliminar impuestos al consumo como el IVA, incluyendo la apertura de los libros de las empresas para garantizar que ese alivio fiscal no sea reembolsado por las mismas manteniendo inalterables los precios.

A su vez, el programa carece de todo tipo de incidencia en los comercios de cercanía, los cuales concentran el 65% de la demanda. La confesión de este fracaso es que recién el próximo martes los dueños de las superficies comerciales más pequeñas -supermercados chinos, almacenes, etc.- tendrán una reunión con Feletti relativa al control de precios. Así las cosas, las compras cotidianas en los barrios permanecen ajenas a los congelamientos oficiales.

De todas maneras, los datos oficiales arrojan que el congelamiento de precios en los supermercados ya frenó su impacto en el precio góndola, donde actualmente no se registran descensos. Sucede que la medida solo sirvió para contener el alza de los alimentos secos, mientras que las verduras y las carnes, que están por fuera del acuerdo, escalaron a un ritmo mayor. Por lo tanto, “el rol de ancla que deberían tener los 1.400 (artículos) sobre los otros 20.000 no se estaría dando (…) puede ser que productos que están por fuera del congelamiento malogren el dato final de inflación” (Diario Ar, 19/11).

Por otro lado, en el acto gubernamental del día de ayer en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández mencionó en su alocución que “Nos resta enfrentar a los formadores de precios, y decirles basta porque no podemos vivir en un país donde pocos ganen fortunas, y millones estén en la pobreza”. En ese sentido, vale preguntase ¿Qué piensa hacer para enfrentarlos? ¿Abrir los libros de las empresas para evaluar los costos reales? La respuesta es no.

En su lugar, el secretario de Comercio Interior, Feletti, propone combatir la concentración económica implementando créditos para pymes y cooperativas, y, de este modo, descentralizar la industria alimentaria. El funcionario afirmó recientemente que “es importante que el movimiento cooperativo gane presencia en el mercado para que las y los consumidores accedan a productos de calidad y a precios justos”. A juzgar por lo que viene ocurriendo bajo los sucesivos gobiernos, los pequeños productores agrícolas pueden esperar sentados la promesa de Feletti, dado que solo las grandes alimenticias reciben préstamos importantes por parte de los bancos, tanto privados como públicos. Tal es el caso de Molino Cañuelas, que ha entrado en crisis por no poder afrontar sus deudas, las cuales tienen como principales acreedores al Banco Nación y al Banco Provincia. Ni hablar de Vicentín, donde dentro del concurso de acreedores tras la quiebra -vaciamiento mediante- figuraba el Banco Nación.

Finalmente, el gobierno busca asirse de una política inocua de control de precios y discursar contra los monopolios para ocultar su propia responsabilidad en el ascenso inflacionario. A fin de cuentas, su orientación al servicio del pago de la deuda y la fuga de capitales es la base de la brecha cambiaria actual y las sucesivas devaluaciones que echan leña al fuego de la inflación. A su vez, la gestión de Alberto Fernández tiene un rol activo en el alza inflacionaria, decretando naftazos y defendiendo el control privado del comercio exterior, causante de que se trasladen los altos precios internacionales de las commodities a las góndolas locales. En cuanto a la emisión monetaria, en sintonía con los dictámenes del FMI, el oficialismo busca reducirla ajustando en jubilaciones y partidas sociales, mientras apela a ella fundamentalmente para subsidiar a las petroleras y privatizadas -la única variable del gasto público que no para de crecer- y para cancelar intereses de la “timba financiera”.

También es preciso mencionar el rumbo de tarifazos en la luz y en el gas previstos para el 2022, que sin lugar a dudas acentuarán el espiral inflacionario. Frente a esto, resulta necesario abrir los libros de toda la cadena de valor para evaluar los costos reales y dar paso a una reorganización económica sobre nuevas bases sociales. Es decir, nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, comercio exterior e industria energética-, repudiar la deuda usuraria y romper con el FMI, en función de destinar el ahorro nacional a un plan de desarrollo productivo y satisfacción de las necesidades sociales.

Por otra parte, el oficialismo se ha empecinado en mantener a raya los salarios, convirtiéndose en el principal promotor de los topes paritarios, agravando el daño sobre el bolsillo popular. Por eso, la única forma de combatir la carestía provocada por la estampida inflacionaria y la miseria salarial es peleando por un salario mínimo igual a la canasta familiar, paritarias y jubilaciones indexadas a la inflación, la abolición de impuestos al consumo como el IVA, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Las nuevas bancas conquistadas por la izquierda serán un aporte en la lucha por este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores.

 

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