La Corte Suprema dictó una cautelar parcialmente favorable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al reclamo que venía sosteniendo sobre la baja de la alícuota destinada a CABA que dispuso Alberto Fernández en ocasión de la revuelta policial bonaerense. Los ministros de la Corte ordenaron que el Estado nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclama el 3,5%).

La suba de la coparticipación CABA había sido dispuesta por Macri en 2016 con el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad cuando pasó de 1,4% a 3,75%, y, luego, con el Consenso Fiscal de 2017 bajó a 3,5%. El decreto de Alberto Fernández de septiembre del 2020 asignó a la CABA volver al monto original de 1,4%, y una ley posterior le agregó fondos adicionales en función del traspaso de la Policía Federal que, sumando todo, terminaron significando un equivalente al 1,9% de coparticipación para el año 2023.

Larreta alega que con la baja decretada por Nación, la Ciudad dejó de percibir, en dos años y algunos meses, 250.000 millones de pesos, lo que equivale a un 12% del Presupuesto 2023. Para compensar la baja impuso un impuesto sobre las Leliqs, y un 1,2% sobre todo consumo de tarjetas de crédito emitidas en la CABA. Este último se trata de un impuesto completamente regresivo, que grava directamente el consumo, incluso para familias que no viven en CABA. Ahora, dispuso una sesión extraordinaria, en donde eliminaría el impuesto a las tarjetas y reduciría el impuesto a las Leliqs.

Con la medida cautelar, la Ciudad recibiría 182.000 millones de pesos adicionales a lo fijado en el Presupuesto. A partir de la medida de la Corte y contando lo que deja de recaudar por la reducción impositiva, el gobierno dispondrá aproximadamente de unos 60.000 millones de pesos adicionales que lo presupuestado. A esto se suma que, según datos oficiales, la ejecución presupuestaria del 2022 hasta el tercer trimestre arrojaba un superávit de 166.000 millones de pesos.

Los voceros de Juntos por el Cambio salieron a celebrar el fallo, mientras que el Frente de Todos, particularmente los gobernadores, lo repudiaron. Unos y otros pujan por intereses propios, alejados de las necesidades de los sectores populares. Unos reclaman que como la Ciudad es “opulenta” debe ser solidaria con otras provincias con menos ingresos. Los otros dicen que la Ciudad recibe menos de los ingresos que genera. Sin embargo, ni las provincias ni la Ciudad destinan fondos para satisfacer necesidades salariales, de vivienda, de la salud y la educación. La opulencia de CABA está en Puerto Madero, donde vive Alberto Fernández.

De ninguna manera es una disputa entre federales y unitarios. Los argumentos de uno u otro lado que hablan de constitucionalidad, anticonstitucionalidad, atropellos, arbitrariedades y demás dejan de lado cualquier necesidad popular. Se trata de una compulsa en defensa de sus “quintas”, pero no para favorecer el desarrollo provincial, su industrialización o los salarios estatales, sino en función de defender los privilegios impositivos de las burguesías que operan en cada territorio y los acreedores de las deudas provinciales que viven a costa de cada presupuesto. A nivel nacional, Alberto necesita los recursos para seguir cumpliendo con las metas del FMI.

En CABA, Larreta promulgó un presupuesto que contempla enormes beneficios impositivos para la burguesía que opera en la Ciudad y partidas enormes para su campaña electoral. Es decir, la plata que reclama es para profundizar esta orientación política.

El fallo se da en un contexto de puja por el control del Poder Judicial que incluyó capítulos referidos a la designación de miembros del Consejo de la Magistratura, la sentencia contra Cristina Kirchner y el escándalo de Lago Escondido. Nuevamente, se trata de una disputa que corre en un andarivel ajeno a los intereses de las masas y solo preocupa a los políticos patronales que quieren controlar la manija de la Justicia para garantizarse impunidad ante las corruptelas de uno y otro lado, y para tener un poder de arbitraje mayor contra las masas ante una situación económica y social que se va volviendo incontrolable.

La Corte Suprema asume un papel por encima de sus atribuciones ya que se debería limitar a dictar la constitucionalidad o no de determinada norma, sin embargo, en este caso, no retrotrae a una situación anterior, sino que fija una alícuota arbitraria, cuya potestad debería ser del Congreso nacional.

La unidad nacional es la de la clase obrera

Los trabajadores debemos repudiar esta puja que nos es ajena. Los recursos del país deben estar destinados para el desarrollo industrial, para la construcción de viviendas, para el aumento de salarios que arranque por cubrir una canasta familiar, para garantizar la educación y salud pública. Para ello es necesaria una reorganización general de la economía que incluya una reforma tributaria en donde se eliminen los impuestos regresivos (IVA, Ganancias de la 4ta categoría, etc.) y se grave progresivamente al capital y sus ganancias. Hay que repudiar la deuda externa y romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para que el país deje de ser desangrado por evasores y fugadores. Se tienen que ir los políticos capitalistas que nos trajeron a esta situación de hambre y pobreza.

En la Legislatura porteña reclamaremos que se destinen los nuevos fondos a satisfacer los reclamos de los concurrentes –que siguen sin cobrar- y para la urbanización de villas y construcción de viviendas. Apoyamos la eliminación al impuesto a las tarjetas de créditos y rechazaremos la baja al impuesto a las Leliqs que solo beneficia a las patronales bancarias.